La violencia también asiste a clases este año. A mediados de junio, trascendió una investigación en el Colegio de Castella, en Heredia, porque un grupo de colegialas habría agredido a escolares del mismo centro educativo. Aparentemente, las adolescentes habrían grabado a las niñas mientras se cambiaban en un baño y pateado las puertas de ese recinto.
Un mes antes, se dio a conocer que una alumna del Liceo Mata de Plátano, en Goicoechea, habría sido agredida por dos compañeras dentro del centro educativo.
Los hechos figuran entre decenas de casos reportados en este primer semestre del ciclo lectivo 2024, periodo durante el cual la Contraloría de Derechos Estudiantiles del Ministerio de Educación Pública (MEP) contabilizó 180 registros de actos violentos de “estudiante a estudiante”. Además se recibieron 133 denuncias por bullying o matonismo.
Aparte de agresiones entre alumnos, se recibieron denuncias por supuesta violencia de funcionario a estudiante, las cuales suman 291 entre 2023 y el 15 de junio 2024, informó Enid Castro Monge, jefa de la Contraloría de Derechos Estudiantiles del MEP.
Según la funcionaria, estas situaciones se atienden conforme al “Protocolo de actuación en situaciones de violencia física, psicológica, sexual, acoso y hostigamiento sexual”.
Ante la consulta de La Nación sobre las medidas que se toman cuando se presentan actos de violencia en los centros educativos, Castro señaló que muchos de los casos tanto de bullying, como violencia entre estudiantes o actos violentos de adultos a estudiantes “se resuelven y son atendidos en primera instancia en el centro educativo, Supervisión o Dirección Regional, de acuerdo con los protocolos establecidos para ello y lo que indique el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes (REA)”.
No obstante, aclaró, las denuncias contra un funcionario que supuestamente agredió a un estudiante se llevan en el Departamento de Asuntos Disciplinarios.
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“La Contraloría de Derechos Estudiantiles únicamente atiende la situación y traslada el caso a la instancia correspondiente. Por esta razón, si hubo alguna medida tomada, no se encuentra dentro de la información que consigna en la Contraloría de Derechos Estudiantiles”, indicó Castro.
Otros datos de violencia en centros educativos
Algunos de los hechos de violencia en escuelas y colegios no solo se quedan en el MEP, sino que escalan a la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil que solo entre enero y abril de este año registra 749 causas,
Si bien la cifra es relevante, representa una disminución con respecto al 2023. En los primeros cinco meses del año pasado, la Fiscalía Penal Juvenil abrió 1.346 expedientes por conflictos registrados dentro de centros educativos.
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Además del caso del Castella y el Liceo de Mata de Plátano, también trascendió en este primer semestre la investigación que inició en abril el Colegio Técnico Profesional de Jacó, en Garabito, sobre la presunta agresión de un estudiante contra una compañera.
En esa ocasión, Fernando Pusey Hall, el director del CTP, recibió una llamada de la madre de la adolescente informando que la menor estaba internada en un centro médico.
Datos de la Contraloría de Derechos Estudiantiles del Ministerio señalaron que el ciclo lectivo 2023 cerró con 496 reportes de casos de violencia física entre estudiantes.
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