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Pasados cinco meses desde que se aplicó el polémico cuestionario de Factores Asociados como parte de las pruebas FARO y a pocos días de que se acabe este gobierno, el Ministerio de Educación Pública (MEP) sigue sin determinar si abrirá un procedimiento administrativo a los eventuales responsables.
Con ese cuestionario se sometió por varias horas a estudiantes de quinto grado a responder 600 preguntas, algunas de las cuales requerían información socioeconómica de sus hogares, pese a tratarse de datos sensibles para los cuales no se tenía la autorización de los padres.
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A pesar de estas circunstancias, que generaron críticas de múltiples sectores y motivaron la apertura de una causa judicial y una investigación en una comisión legislativa, el caso permanece en investigación preliminar en el MEP y bajo absoluta confidencialidad.
Los formularios costaron al MEP ¢255 millones.
Según explicó el Departamento de Prensa del MEP, se encuentran todavía en la etapa de “recopilación de información y pruebas” y es hasta después de concluida esa fase que se estaría determinando si se inician un proceso disciplinario contra algún o algunos funcionarios.
“Se está manejando con confidencialidad para no entorpecer la investigación, por lo cual no se puede decir la cantidad de investigados por un asunto de confidencialidad”, manifestó Mauricio Azofeifa, vocero del Ministerio.
Ahora, todo dependerá de las nuevas autoridades.
Fue el 16 de noviembre del año anterior que el ministro de Educación, Steven González, ordenó a la Dirección de Recursos Humanos, a la Dirección Jurídica y al Departamento de Gestión Disciplinaria, establecer responsabilidades por la planificación, análisis, estudio, asesoramiento, investigación, evaluación, administración y ejecución del cuestionario.
Luego, el 20 de enero, el mismo González envió a los miembros del Consejo Superior de Educación el informe sobre la aplicación de los cuestionarios, aunque sin señalar a ningún responsable por las decisiones.
“No existe evidencia de quién o quiénes sugirieron o autorizaron la metodología de aplicación de los cuestionarios y en lugar de aplicarlos el mismo día de la prueba (Ciencias, Español y Matemáticas) y otro día tronco común (como se hizo en el pilotaje); se acumularon los cuatro cuestionarios para aplicarlos en un solo día. No hay evidencias sobre cuánto tiempo en promedio tardaron los estudiantes en terminar cada uno de los cuestionarios (cuatro en total), por cuanto no se midieron los tiempos”, dijo González en su informe.
En el documento se hizo referencia al plan piloto de 2019, donde se aplicaba el cuestionario de factores asociados por cada materia, el mismo día del examen de la asignatura. Es decir, el día del examen de Matemáticas, también se aplicaba el cuestionario de Matemáticas, pues ahí se hacen consultas sobre el desempeño del docente.
Según ese informe, alguna o algunas personas decidieron aplicar en un solo día todos los cuestionarios de las materias evaluadas en las pruebas Fortalecimiento de Aprendizajes para la Renovación de Oportunidades (FARO).
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Críticas por todas las vías
La polémica por la aplicación del cuestionario motivó las renuncias de la entonces ministra, Giselle Cruz; la viceministra Melania Brenes y Pablo Mena, quien era cabeza de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad. No obstante, a la fecha siguen sin señalarse a los restantes responsables de haber elaborado el test con los problemas señalados.
Cruz, Brenes y Mena, así como el actual ministro comparecieron ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público del Congreso, que abrió una investigación del hecho. Igualmente, acudieron otros funcionarios de mandos medios que tuvieron relación con la prueba, así como los miembros del Consejo Superior de Educación (CSE).
No obstante, tampoco en la Asamblea Legislativa se han alcanzado conclusiones. Yorlenny León, presidenta del foro investigador, explicó que el informe está en un 60% y falta todavía compartir el texto final, hacerle mejoras, votarlo en la Comisión y pasarlo a plenario, lo que difícilmente ocurriría esta semana.
En relación con el ritmo del caso en el MEP, León dijo desconocer los plazos que rigen en la entidad para estas investigaciones, no obstante, fue crítica.
“Puedo indicar que se pierde la oportunidad que sea esta misma administración la que emita las resoluciones respectivas de acuerdo a las faltas en la que hayan incurrido las y los funcionarios involucrados en el tema”, declaró.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) también investiga la aplicación de dicho test; el caso se tramita bajo en el expediente 21-000285-1218-PE.
