MEP sin dinero para atender 1.000 órdenes sanitarias en escuelas

La escuela acoge este año a 150 niños, pues la llegada de más trabajadores a las empresas piñeras aumentó la demanda educativa, ya que ellos se trasladan con sus familias hasta este distrito cerca de la frontera con Nicaragua, donde viven 20.000 personas.

“Anteriormente teníamos aulas completas para trabajar, pero este año se tuvo que habilitar un espacio adicional debido al incremento de estudiantes”, confirmó el docente Bayron Rojas a La Nación.

La urgencia de esta escuela es similar a la que enfrentan otros 1.026 centros educativos con órdenes sanitarias que el Ministerio de Educación Pública (MEP) debería atender por instrucciones expresas del Ministerio de Salud.

Sin embargo, la ministra Anna Katharina Müller advirtió desde junio, en su anteproyecto de presupuesto del 2024, que no fue posible contemplar el dinero para atender esas calamidades.

Para tener una idea del problema que debe atenderse, al comienzo de este año lectivo, en febrero, el MEP reportó 728 centros con orden sanitaria, 68 de los cuales debían ser cerrados, desalojados o demolidos. A la fecha, las órdenes aumentaron en 298, es decir, a esas 1.026.

Müller le comunicó a su homólogo de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, que la infraestructura educativa forma parte de los rubros “que no han sido financiados con el presupuesto remitido y que podrían impedir el cumplimiento de las metas, que se han postergado, planteadas en la Ruta de la Educación”, en referencia al plan que impulsó en febrero de este año.

“No es posible incluir la totalidad de la solicitud de incremento de infraestructura para la atención de órdenes sanitarias, terrenos y edificios, lo cual repercute en el atraso de las obras y la continuación del deterioro de los centros educativos del país”, añade en el documento al que este diario tuvo acceso.

Según palabras de Müller, la situación “se informa, con transparencia y respeto, en cumplimiento del deber del Ministerio con el país”.

La Nación consultó al MEP y al ministro de Hacienda si hubo ajustes en la asignación para infraestructura con el fin de atender órdenes sanitarias. El MEP no dio ni siquiera un recibido.

El ministro Nogui Acosta respondió, mediante mensaje de texto, que “para infraestructura por medio de Juntas de Educación y Administrativas incluye ¢16.610 millones y ¢4.000 por construcción”, sin que se clasifique el gasto por órdenes sanitarias.

Hace dos años, en julio del 2021, el MEP le informó a los diputados que para atender las 874 órdenes sanitarias que acumulaba a ese momento, necesitaba al menos de $500 millones. Se atribuyen esas órdenes a la falta de mantenimiento de los centros educativos durante años. Desde entonces, el Ministerio alertó que requiere una inversión anual de ¢61.000 millones solo para el rubro de mantenimiento de centros educativos. Ese dinero no incluye la construcción de obra nueva.

Desde goteras hasta cierres

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Las órdenes sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud apuntan a la atención de situaciones de diversa índole como goteras que impiden dar clases cada vez que llueve, problemas en techos, paredes, instalaciones eléctricas, servicios sanitarios, tuberías y hasta cierre de centros por estado deplorable.

Por ejemplo, en la Escuela Juan Rafael Mora Porras, en Buenos Aires de Puntarenas, se presentan deficiencias en las instalaciones eléctricas, paredes, pisos y cielorraso. A raíz de ello, ganó un recurso de amparo, en cuya sentencia se ordena al MEP atender la orden sanitaria dictada desde 2019. El fallo es de mayo pasado.

Mientras que en Limón, en marzo de este año, la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional (CTP) de la zona apeló a la generosidad de los padres para que contribuyeran a través de Sinpe para adquirir toldos o aulas modulares y, de esta manera, atenuar en la necesidad que enfrentan los alumnos.

Entretanto, en la Escuela Carlos J. Peralta Echeverría, de Guadalupe de Cartago, durante un aguacero muy fuerte de junio pasado, los niños tuvieron que subir a los pupitres debido a la inundación.

“Tenemos la infraestructura muy, muy deteriorada, lo que provoca hacinamiento. Hay aulas que se inundan cuando llueve. Los niños no fueron enviados a sus casas, lo que hicimos fue resguardarlos en los lugares seguros como el comedor mientras pasaba un poco el agua y nos daba tiempo de limpiar la escuela”, contó en aquel momento Teresita Cubero, directora del centro educativo.

Aparte de incomodidades, la situación de infraestructura incide negativamente en el aprendizaje, como advirtió Natalia Tieso, directora de Maple Bear en Latinoamérica y máster en Educación.

Para ella, en el país existe mucha inequidad entre un centro educativo y otro, pues hay temas de inmobiliario, equipamiento, alimentación, entre otros, que cambian drásticamente dependiendo de la zona donde se ubique la institución.

“Cuando hablas de infraestructura, la idea es que esté a favor del centro de aprendizaje. Para aprender necesitas estar sin tensiones emocionales; no es lo mismo estar en el colegio tranquilo que estar sin infraestructura. Esas son las medidas que se deben poner sobre la mesa como un contrato social para que la política pública pueda resolver ese problema”, expresó Tieso.

Para la experta, las políticas públicas deben ser coherentes y cumplir con lo que se promete, pues la inversión en la educación es lo más importante para que los menores puedan tener un aprendizaje de calidad.

La Contraloría General de la República (CGR), en uno de sus monitoreos, señaló que el presupuesto de Educación para el 2023 era el más bajo de los últimos nueve años, equivalente al 6% del producto interno bruto (PIB), es decir, ¢2.781.003 millones. Para el 2024, el presupuesto disminuiría.

Sobre ese tema, La Nación envió al MEP una lista de consultas. La solicitud se hizo desde el 21 de agosto a las 10:05 a. m., por correo electrónico y WhatsApp. Sin embargo, al cierre de esta nota no se recibió respuesta.