El Ministerio de Educación Pública (MEP) tendrá pérdidas económicas por la apertura de las plazas que pactó con los sindicatos de la institución en la nueva convención colectiva.

En el nuevo acuerdo laboral, el MEP se comprometió a abrir 4.000 puestos para cocineras de los comedores escolares.

Estas plazas sustituirían el modelo actual de trabajo, el cual consiste en que el ministerio le pasa recursos a las juntas de educación de los centros educativos para estos contraten a las cocineras por la vía privada.

El MEP firmó la convención sin haber hecho un estudio sobre el costo total de la misma a pesar de que las autoridades afirman que fue negociada a la baja y que no representa un costo adicional para la institución.

Tampoco se hizo un análisis del costo que tendría abrir estas plazas en comparación con el modelo actual.

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Más bien, incluyó las primeras 2.000 plazas en el Presupuesto Nacional del 2021 y, cuando los diputados le pidieron un estudio sobre el costo, corrieron a elaborar una proyección a diez años del costo de esas 2.000 plazas, en el que estimaban ahorros anuales de cerca de ¢2.000 millones, sin ningún tipo de pérdida.

Sin embargo, en el análisis, el Ministerio omitió incluir datos esenciales como el salario escolar, además, subestimó el costo de la anualidad, entre otros. La Nación informó sobre esos errores semanas atrás.

Tras la publicación de este medio, el MEP hizo un nuevo estudio con la incorporación de esos datos que habían sido omitidos en las proyecciones de la contratación de las primeras 2.000 plazas, en el que concluye que tendrá ahorros por casi ¢6.780 millones entre el 2021 y el 2030.

El análisis del mismo ministerio muestra que el ahorro anual es decreciente e, incluso, llega a tornarse en pérdidas. Por ejemplo, para el 2021, se estima un ahorro de ¢2.159 millones y, para el 2030, una pérdida de ¢189 millones.

No obstante, el análisis comprende un periodo de solo diez años, aunque una de las premisas de la apertura de estas plazas es, precisamente, la estabilidad laboral. Tan es así que el mismo análisis del MEP indica que solo dos cocineras por año suelen dejar estos puestos, por lo que las trabajadoras contratadas dudarían muchos años en la institución.

Análisis

Una estimación elaborada por La Nación a 20 años, para el periodo 2021-2041, con las mismas premisas que utilizó el Ministerio de Educación, demuestra que la institución pública perderá cada vez más dinero conforme pasa el tiempo.

Para el año 2041, el MEP habrá acumulado una pérdida de al menos ¢2.900 millones por haber abierto estas plazas en vez de haber continuado con el modelo de contratación mediante las juntas de educación.

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En el primer año, el ministerio sí percibiría un ahorro de unos ¢2.000 millones. Sin embargo, ese ahorro irá disminuyendo y, para el 2030, tendrá pérdidas por ¢179 millones anuales.

Luego, para el 2041, las pérdidas anuales aumentarán a poco más de ¢1.300 millones.

La disminución y extinción del ahorro se debe al sistema de pluses del sector público.

En el caso de la contratación de las cocineras por medio de las juntas, el cálculo es muy sencillo, pues solo incluye salario base, aguinaldo, cargas patronales, póliza de riesgos del trabajo y una liquidación anual, pues estas personas son recontratadas cada año, según el análisis del MEP.

En cuanto a las plazas en el Ministerio, se parte de un salario base más bajo que el que percibían con las juntas, pero se debe incluir el pago de anualidades, salario escolar, incentivo por zonaje que no recibían antes a ser contratadas por estas organizaciones.

Además, las cargas patronales aumentan pues se deben calcular sobre el salario base más los pluses. El salario escolar también conlleva cargas sociales y, a su vez, el aguinaldo se calcula sobre el total de salario base junto a pluses y salario escolar.

El MEP estimó que los salarios de las cocineras por la vía privada crecerían un 2,5% por año, mientras que, en el sector público, calculó un ajuste de ¢7.500 fijo, por año.

En el 2021, el salario base en las juntas sería de ¢361.815 y, en el MEP, de ¢308.400.

Aun con esa gran diferencia, los salarios públicos alcanzarán a los del privado y lo superarán en poco tiempo.

¿Por qué ese incremento?

Las anualidades explican mucho, pues tienen un efecto multiplicador: Por cada año que pasa se suma un monto adicional al salario. En este ejercicio, el MEP estimó una anualidad de ¢7.643 por año laborado. No se incluyeron anualidades de los años 2021 y 2022 porque fueron eliminadas por ley, de manera que se empezaron a contar a partir del año 2023.

Así, por ejemplo, para el año 2040, el salario base en las juntas de educación sería de ¢578.500, pero en el MEP sería de ¢581.000 porque incluye casi ¢138.000 de anualidades.

A ello debe sumarse el salario escolar, que equivale a un salario adicional a partir del segundo año y que también conlleva pago de cargas patronales.

El aguinaldo en el sector público tampoco es simplemente un salario adicional (como en las juntas o en el resto del sector privado), sino que se calcula sobre salario base, pluses y salario escolar.

En el caso del incentivo conocido como zonaje, que se paga por laborar en escuelas ubicadas en zonas de bajo desarrollo desarrollo socioeconómico, el MEP estimó que aproximadamente el 37% de las cocineras recibiría ese plus, para lo cual presupuestó ¢158,8 millones anuales.

No obstante, no aclaró si calculó el efecto que el zonaje tendría sobre otros factores, como el salario escolar, el aguinaldo, las cargas patronales y la liquidación.

Este medio hizo el cálculo con base en el zonaje como lo planteó el MEP, así como el costo de liquidación que planteó la institución: Estimando que solo dos personas renuncian por año y se les debe pagar cesantía de acuerdo a lo estipulado en el Código de Trabajo.

Sin embargo, si se incluye el monto eventual que tendría la liquidación de todas estas personas, el monto de pérdidas podría ser mucho más alto.

Descontando a las dos personas que según el MEP dejan el sistema por año, liquidar al resto al cabo de 20 años podría costar ¢5.480 millones, estimando el pago como dice el Código de Trabajo.

En ese caso, las pérdidas en el periodo 2021-2041 serían de ¢8.385 millones.

Si se incluyen las otras 2.000 plazas que el MEP pactó abrir con los sindicatos, a partir del 2022, es decir, un cálculo con 4.000 plazas, las pérdidas serían de ¢5.800 millones en el periodo 2021-2041 y de ¢16.770 millones si se incluye el costo final de liquidación.

Conforme aumenten los años, las pérdidas serán mayores.

Si se calculan los efectos en 20 años, para el periodo 2021-2040, con 2.000 plazas, las pérdidas serían de ¢1.300 millones sin liquidación y ¢6.780 millones con liquidación.