EscucharLa ola de violencia desafía no solo a las autoridades policiales, también a las educativas, pues a pocas semanas del inicio del curso lectivo 2024 se han enfrentado a hechos que en otros tiempos eran inimaginables.
El 19 de febrero, niños, trabajadores y padres de la Escuela Silvestre Grant, en El Cairo de Siquirres, en Limón, fueron testigos y hasta víctimas de una balacera justo a la hora de la salida de clases. Frente al centro educativo, el padrastro de una alumna del centro educativo quedó sin vida, mientras que las madres de dos alumnas y tres menores resultaron heridos.
El ataque, aunque no estaba dirigido contra la escuela, afectó profundamente a la comunidad educativa. Hubo suspensión de clases y padres que comenzaron a dudar si volver a enviar a sus hijos a esa institución.
Dos días después de aquella balacera, un estudiante del Colegio de Rincón Grande de Pavas, San José, resultó herido de bala, al parecer un proyectil le rozó la cara.
Según las autoridades, el hecho ocurrió porque un estudiante llevó al centro educativo un arma y por una mala manipulación la accionó de manera accidental dentro de uno de los baños.
Ante los hechos, el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el de Seguridad trabajan para tratar de reforzar el papel de los centros educativos como espacios seguros. Con ese fin, la ministra, Anna Katharina Müller, se reunió este lunes con el viceministro de Seguridad, Erick Lacayo, y personal técnico.
Las reuniones continuarán en las próximas semanas hasta tener una estrategia definida. Según Müller, solo con un trabajo conjunto se pueden generar líneas de acción para enfrentar futuras situaciones.
De acuerdo con datos proporcionados este martes a La Nación por el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), en las primeras dos semanas del curso lectivo se decomisaron al menos dos armas dentro de centros educativos; una de fuego en Pavas y otra “menos letal” en Desamparados.
Esta última funciona con aire comprimido, como balines. Aunque no pueden causar lesiones tan graves como las armas de fuego, dependiendo de la distancia a la que accione, pueden tener un impacto significativo en la persona afectada.
Informarlos
Enid Castro, jefa de la Contraloría de Derechos Estudiantiles, aseguró en un video enviado a la prensa, que el MEP cuenta con protocolos para atender situaciones de violencia, los cuales establecen pautas para abordar situaciones que afecten a la población estudiantil.
Recientemente el Colegio de Profesionales en Orientación insistió en la necesidad de hablarle con claridad a los menores de edad, pues en muchas ocasiones los padres ocultan información a sus hijos con la intención de protegerlos, pero esto puede exponerlos aún más al no enseñarles cómo reaccionar en caso de ocurrir un hecho de violencia.
Para los orientadores, la comunidad debe trabajar en conjunto con las escuelas para mantenerlas como una zona segura y no caer en el pensamiento de que el único responsable es el MEP.
