Miles de docentes del MEP presentaron este viernes reclamos por incumplimientos en pago de sobresueldos.
El Ministerio de Educación Publica (MEP) confirmó que hay cerca de a 36.000 funcionarios (de una planilla de cerca de 80.000 empleados) que sí recibieron el salario, pero no los pluses correspondientes a esta quincena.
Ese trastorno en los pagos se debió a los ajustes en el sistema de pagos Integra2 en cumplimiento de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9635) o reforma fiscal, aprobada en diciembre de 2018.
“En el proceso de cumplimiento de la ley 9635 y criterios emitidos por el Ministerio de Planificación y la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Hacienda debió hacer ajustes al sistema de pagos Integra2, situación que nos obligó a retrasar la gestión de pago de sobresueldos”, explicó Yaxinia Díaz, jefa de Recursos Humanos del MEP.
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Díaz explicó que actualmente tienen las respectivas configuraciones y se realizan los esfuerzos para honrar el respectivo pago a quienes corresponda, a más tardar en la primera quincena de marzo.
Los sobresueldos que reciben los docentes incluyen las anualidades e incentivos por laborar en instituciones ubicadas en los distritos de bajo y muy bajo nivel dedesarrollo socioeconómico o en zonas calificadas como “incómodas o insalubres”.
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También reciben un pago adicional por “recargos” que incluyen tareas como dirigir la huerta de la escuela, atender a alumnos con problemas de aprendizaje, labores en biblioteca o coordinar las cooperativas estudiantiles. En total son 50 tipos de recargos y la mayoría otorga un 50% adicional del salario base.
De acuerdo con la ley fiscal, cualquier plus que estuviera vigente a diciembre de 2018, tendría que convertirse a valores nominales y no porcentuales, para lo que se utilizaría la escala salarial de julio de 2018. El objetivo es detener el crecimiento exponencial que pesa en el gasto público.
Se convirtieron en montos nominales, por ejemplo, el pago extra por zonaje y doble jornada del Ministerio de Educación (MEP).
La reforma también estableció pagar, como montos fijos, las anualidades: el equivalente a un 1,94% del salario base para profesionales y un 2,54% para no profesionales.
Además, el monto nominal permanecerá invariable en adelante. Por ejemplo, si un funcionario tiene un salario de ¢1 millón, la nueva anualidad equivaldrá a ¢19.400. Entonces, por cada nuevo año laborado, se sumarán otros ¢19.400.