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El presupuesto para la educación se aleja cada vez más del 8% del producto interno bruto (PIB) establecido en la Constitución Política. Incluso, para el 2023, la Contraloría General de la República (CGR) informó de que el monto asignado fue el más bajo en nueve años, representando un 6% del PIB.
Este no es un tema que desvele a la jerarca del Ministerio de Educación Pública (MEP), Anna Katharina Müller, quien este martes cuestionó la necesidad de invertir tanto dinero en esta materia.
“¿Quién inventó el 8%? ¿De dónde surgió el 8%? ¿Dónde está la base científica que respalda el 8%?”, planteó durante su exposición en el foro El futuro de la educación, organizado por la Ulacit.
La jerarca argumentó que Costa Rica es el país de América Latina que más invierte en educación, pero a pesar de eso, no se están obteniendo los resultados esperados por la población.
“Estoy más preocupada por lograr una planificación y una presupuestación basada en resultados que estar peleando por más presupuesto, porque me he dado cuenta de muchas cosas”, mencionó.
Para Müller, los presupuestos deben estar vinculados a los resultados y no ser solicitados simplemente “por si acaso”.
“Les digo, miren señores, ustedes tienen dinero para cierta cosa, quiero que me certifiquen con certeza que van a llegar al final del año y se gastará cada centavo, y me dicen ‘oiga ministra, resulta que descubrimos que esto no lo vamos a utilizar’, aquí les devolvemos 20 o 30 millones. Entonces, ¿por qué lo solicitan?”, dijo.
Según la funcionaria, este cambio en la mentalidad y en la gestión presupuestaria es un objetivo fundamental de su gestión.
El MEP redujo en ¢32.677 millones su presupuesto del 2023, lo que implicó recortar becas del programa Avancemos, subsidios para transporte escolar y ayudas para personas con discapacidad.
El plan de gastos del sector educación pasó de ¢2.785.000 millones (¢2,78 billones) en el 2022, a ¢2.753.000 millones (¢2,75 billones) este año.
Otra visión
Por el contrario, el Estado de la Educación indicó en su noveno informe que fijarse la meta de llegar al 8% del PIB, como lo establece la Constitución, y aumentar la inversión en escuelas y colegios, debe ser una prioridad.
“Por ejemplo, en los próximos años, en el marco de la reforma fiscal, vamos a ir aumentando de nuevo la inversión en educación con metas evaluables, porque tampoco es un cheque en blanco”, declaró Isabel Román, coordinadora del informe, en entrevista con La Nación.
Para ella, es “simplista” afirmar que como llegan menos niños a las aulas se necesita menos dinero.
“Es el análisis más básico, insuficiente y falto de miras. Se lo hemos dicho a la Contraloría (General de la República); se equivocan en eso porque no están tomando en cuenta la complejidad de los desafíos que tenemos. Hacer eso es como si tuviéramos un sistema educativo perfecto, como si estuviéramos en Finlandia”, aseveró.
Román recordó el costo que tuvo para el país dejar de invertir en educación durante la crisis de los 80.
El 8% del PIB para educación se aprobó mediante reforma al artículo 78 de la Constitución en 2011, durante la administración de Laura Chinchilla. La intención era asegurarlo a partir del 2014, pero no ha sido posible y ha visto un fuerte retroceso desde 2020.
