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La manifestaciones de la ministra de Educación Pública, Giselle Cruz, este lunes ante el Congreso, contradicen la versión del Ministerio de Hacienda sobre el acuerdo alcanzado con los rectores, según la cual ¢70.000 millones del FEES pasarían de gastos corrientes a gastos de capital.
Así quedó en la cláusula 5 del convenio del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) que ministros y rectores de cinco 'U' públicas suscribieron en julio.
Según esa cláusula, se trasladarían del gasto corriente, que incluye salarios, becas y otros para el funcionamiento normal de las instituciones, a gastos de capital, que implica inversión en infraestructura y equipamiento.
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Esa modificación se dio por un cambio en la metodología de las transferencias del Estado, según explicó la entonces ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, el 31 de agosto y el 9 de setiembre, el cual permitía cumplir con holgura la regla fiscal, que pone tope al crecimiento presupuestario de las instituciones públicas.
Cruz, sin embargo, dijo este lunes que hubo falta de precisión en la cláusula.
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"Lo que se determinó fue trasladar ¢70.000 millones a inversión de capital, pero no decía que era del monto del FEES, era del presupuesto de toda la universidad, ahí fue dónde se dio la discusión.
“Cuando se le pone esa coletilla (de que tenían que ser del FEES), es cuando las universidades alertan al Gobierno y dicen que no podían cumplir. El otro aspecto es que ponerle esa distinción también limitaría su autonomía universitaria”, dijo Cruz.
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La jerarca del Ministerio de Educación Pública brindó esas declaraciones ante los diputados de la comisión que revisa el uso que las universidades le dan a los fondos públicos.
Pese a esas aseveraciones, similares a las que brindaron los rectores, la jerarca evitó responsabilizar al Ministerio de Hacienda o a las autoridades universitarias por no precisar de dónde se iba a tomar recursos para inversión de capital, si de las transferencias que hace el Estado o del presupuesto total de las instituciones que incluye montos subejecutados e ingresos propios.
“Esto no se trata de buscar culpables (…), no es un tema de equivocarse o no, sino de interpretación que se hace. Yo creo que llegamos a un buen término”, expresó Cruz en referencia al acuerdo alcanzado entre rectores y Gobienro el 22 de octubre para poner fin a esta diferencia.
En ese acuerdo se estableció que el Ejecutivo no intervendría en el uso del FEES. Por su parte, los rectores informaron de que ya había reclasificado gastos y no tendrían problema en hacer la transferencia, ya no de ¢70.000 millones sino de ¢35.000 millones por una moción aprobada por los legisladores de la Comisión de Asuntos Hacendarios.
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La jerarca de Educación se negó a calificar el accionar de los rectores universitarios, quienes convocaron a los estudiantes a manifestarse contra la medida, aduciendo que la asignación del dinero para inversión en infraestructura ponía en riesgo la entrega de becas o la apertura de cursos.
Los jerarcas de la Universidad de Costa Rica (UCR) y Universidad Nacional (UNA), Henning Jensen y Alberto Salom, respectivamente, reconocieron un día después del acuerdo con el Ejecutivo, que ese monto no afectaba esos rubros.
“En ese sentido, las intenciones o la forma en cómo actuaron los rectores, yo me reservo el comentario. Yo considero que los estudiantes, por lo menos en la reunión, fueron muy claros y responsables no solo con el tema de la autonomía universitaria, sino también con la distribución del presupuesto”, señaló Cruz.
En consonancia con el acuerdo firmado por el Poder Ejecutivo, la titular del MEP señaló que las universidades públicas deben discutir el incremento del gasto salarial a lo interno, pues gozan de autonomía.
Esa fue la respuesta de la ministra, ante las demandas de los diputados para que ella, como rectora de la educación costarricense, tome acciones para limitar el crecimiento salarial en las instituciones de educación superior.
Para el año entrante, el FEES aumentará en ¢11.600 millones, mientras que el gasto en remuneraciones crecerá ¢16.000 millones.
La Contraloría General de la República y el Ministerio de Hacienda han señalado que, la tendencia de gasto de las universidades públicas, comprometen su estabilidad financiera al mediano plazo.
