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El ministro de Educación, Edgar Mora, pidió a los diputados la aprobación del proyecto de ley destinado a frenar abusos con las huelgas, presentado por el jefe de fracción del PLN, Carlos Ricardo Benavides.
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“Esta Asamblea está revisando la legislación sobre el derecho a huelga en servicios de educación pública. Nosotros creemos que es importante que esta decisión de la Asamblea esté bien conducida hacia resultados que mitiguen situaciones como esta (huelga de 89 días contra la reforma fiscal del año pasado) en el futuro. La huelga siempre fue denominada por quienes la organizaron como una huelga política, es un indicio importante”, afirmó el jerarca.
“Incluso, bajo los términos de las mejores prácticas sugeridas por la OIT (Organización Internacional del Trabajo), las huelgas políticas no suelen ser declaradas a través de políticas indefinidas; es relevante que ustedes tomen en cuenta que los portillos que se encontraron para convertir la huelga política en indefinida están en la legislación que, en algún momento, promulgó la Asamblea Legislativa y el remedio a esta legislación lo tiene ustedes en sus manos. Nos parece que esta discusión debe darse rápido y orientarse a resultados”, continuó.
A su vez, en una presentación suministrada por el encargado de prensa de Mora, el despacho del ministro dice: “Estamos insistiendo en la urgencia de que se apruebe el expediente 21.049, para que se puedan cobrar los salarios, o dejar de pagarlos, ante huelga ilegal desde el primer día de la misma y no a partir de la declaratoria de ilegalidad como ocurre ahora y para que se prohíba expresamente la huelga política”.
Una huelga política es la que no se deriva de un conflicto entre el patrono y los empleados, sino que surge a raíz de una decisión política del Congreso o de la Presidencia, por ejemplo.
Actualmente, la huelga política no existe en la legislación nacional, pero algunos jueces la reconocieron en el movimiento contra la reforma fiscal que comenzó el 10 de setiembre y finalizó, oficialmente, el 7 de diciembre.
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¿Qué otras razones dio el jerarca para pedir apruebe este proyecto de ley?
Según dijo Mora en su presentación, también es necesario que los jueces decidan si las huelgas son legales o ilegales en 24 horas y no como ocurrió en el caso del Ministerio de Educación Pública (MEP), cuya calificación sigue pendiente cuatro meses después de solicitada la declaratoria.
Además, el ministro aboga por que se establezcan mecanismos previos de negociación y agotamiento de la vía eficaces y obligatorios antes de la declaratoria de huelga
“Estas medidas están en sede legislativa. Hasta tanto no se aprueben, el MEP solo puede coadyuvar por medio del Poder Ejecutivo, pero sigue atento a este proceso, porque son medidas necesarias para blindar los servicios educativos de cualquier arbitrariedad o desproporción ene el ejercicio del derecho a la huelga”, dijo.
Los impactos
El cese de labores de los maestros, producto de la huelga, provocó que la mayoría de alumnos se quedaran sin recibir la materia necesaria para continuar con su ciclo educativo. Además, más de 79.000 alumnos se quedaron sin recibir alimentación, porque más del 50% de los centros educativos estaban cerrados.
Además, hubo atrasos en la entrega de notas y los estudiantes de último año de colegio no tuvieron preparación para las pruebas de bachillerato, lo cual impactó en los resultados negativamente.
También se complicó la tramitación de nuevas becas para 22.000 estudiantes pobres.
Actualmente, el MEP investiga a directores que no se presentaron a entregar las notas de trimestres pendientes y 232 docentes que salieron del país durante la huelga, sin tener permiso, por lo cual se les abrieron expedientes disciplinarios.
A ocho docentes interinas ya las despidieron por esa causa.
