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El modelo actual para construir escuelas y colegios en el Ministerio de Educación Pública fracasó. Esa fue una de las lecciones que aprendió el ministro Édgar Mora en sus primeros 100 días al frente de esa cartera.
Ese modelo descansa sobre la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) en asocio con las Juntas de Educación que tiene cada centro educativo y son integradas por los padres de familia o vecinos.
“Llegamos a la conclusión de que con el modelo actual de gestión, o el que hasta hace poco estaba vigente, nunca íbamos a lograr cumplir”, dijo el ministro.
Con ese convencimiento, Mora anunció que buscará otras vías.
La primera es aprovechar el fideicomiso educativo que ya existe y está bajo administración del Banco Nacional (BN). Ese fideicomiso (BID-MEP-BNCR) fue creado desde 2013 para el manejo de un préstamo por $167,5 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que se invierten en la construcción de 80 centros educativos y 23 canchas deportivas al MEP.
La idea es inyectarle más recursos a ese mismo aparato administrativo en manos del BN para que gestione más construcciones de las originalmente planeadas.
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La segunda forma que probará Mora es levantar centros educativos mediante fondos de inversión de desarrollo inmobiliario. Estos fondos se constituyen con el aporte de inversionistas el cual sería utilizado, en este caso, para la construcción de infraestructura educativa.
El inversionista compra una parte proporcional de todos los valores del fondo, lo cual se conoce como participación, y con ello puede obtener parte de los beneficios que genera el proyecto, que pueden originarse a partir de su arrendamiento, o bien, por medio de la venta de la obra.
En 2016, una reforma reglamentaria aprobada por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) permitió que los actuales fondos de inversión de desarrollo inmobiliario se transformarán en fondos de desarrollo de proyectos de infraestructura pública y privada.
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Actualmente, en Costa Rica hay 13 Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (SAFI) autorizadas para operar.
Tanto con el fideicomiso como en los fondos inmobiliarios, los inmuebles no pasan inmediatamente a manos del Estado.
En el primero, el MEP arrendará por 20 años, periodo durante el cual habrá de amortizarse los costo de cada estructura. Vencido el plazo, los bienes pasarán a formar parte del patrimonio del MEP.
En la segunda modalidad, el inmueble se alquila al Estado por un periodo determinado, mientras paga el crédito.
“Con estos mecanismos habrá un menor plazo de ejecución, más certeza y menos riesgos. Hoy en día las inversiones en el MEP son inciertas, prolongadas y riesgosas. (En el caso de los fondos de inversión)Ya conversamos con la Contraloría General de la República, analizaremos el fondo del del Banco Nacional. El MEP asumiría una parte del ciclo de vida del proyecto; vamos a definir que participación tendrá la DIEE, podemos plantear que sea fiscalizadora", explicó el ministro.
La Dirección de Infraestructura del MEP tiene 120 funcionarios entre ingenieros y arquitectos.
La dificultad de las Juntas de Educación de los centros educativos para echar a andar los proyectos de construcción aunado a la “mala gestión” de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento (DIEE) del MEP han impedido atender las necesidades de infraestructura y ejecutar el dinero depositado para ese fin.
Eso explica por qué, a la fecha, las Juntas de Educación de 1.470 centros educativos tienen ¢150.300 millones sin ejecutar en sus cuentas de caja única. Por ejemplo, el centro educativo con más dinero sin usar es el Liceo Napoleón Quesada Salazar, en San José, con casi ¢3.700 millones.
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Lo irónico, es que a pesar del dinero sin uso, hay 662 centros educativos con órdenes sanitarias lo cual representa un crecimiento del 50,45% (222 casos más) respecto a las 440 instituciones que había en esa condición en marzo del 2017.
En su informe de labores 2016-2017, la Defensoría de los Habitantes denunció que la infraestructura educativa "presenta un serio problema del modelo de gestión administrativa, presupuestaria y de deterioro”.
Para Rubén Salas, director del Colegio Técnico Profesional, Ricardo Castro Beer, en Orotina, es urgente cambiar la forma en que el MEP construye ya que el actual modelo“es un fracaso”.
“Esa forma de trabajo es totalmente obsoleta. El MEP no tiene capacidad operativa. El nivel de necesidad a nivel nacional sobrepasa las posibilidades de la DIEE, nunca podrá dar respuesta ni a un 5% de las necesidades. La DIEE tiene que atender desde una obra pequeña a una grande. Cualquier arreglo que se quiera hacer hay que pedirle permiso a la DIEE, están saturados de necesidades, y a eso les podemos sumar la inoperancia de las juntas”, dijo el director.
El anterior director de la DIEE, Wálter Muñoz, había propuesto para acelerar la construcción de escuelas y colegios un sistema en el que las Juntas de Educación ya no serían las responsables de la labor.
Sería la Proveeduría Institucional la encargada de la publicación de los carteles de licitación, contratación de las unidades de gestión de proyectos y las empresas de manera precalificada. Las juntas solo fiscalizarían.
Según el ministro de Educación, esta opción no está descartada, pero manifestó que su gran apuesta son el fideicomiso y los fondos de inversión.
¿Será eficaz usar el fideicomiso para hacer escuelas?
En fideicomiso educativo se creó en el 2012 con el fin de construir 103 proyectos, pero la tardanza de dos años para conformar la unidad ejecutora, atrasó la entrega de las obras. En febrero del año pasado, las críticas por la falta de ejecución del préstamo llevaron a la entonces ministra de Educación, Sonia Marta Mora, a comparecer ante los diputados.
Para ese momento, solo se habían entregado dos proyectos; a la fecha se han entregado siete.
“El fideicomiso está ejecutando. A pesar de que tengo noticia de que hubo un comienzo relativamente lento e inseguro, en este momento el fideicomiso es un instrumento de ejecución eficaz. La seguridad que tengo yo de que vayan a haber obras es que ya está produciendo obras, efectivamente hay cumplimiento en plazos y en calidad de la obra”, explicó el ministro.
Lourdes Fernández, directora de Fideicomisos del Banco Nacional, manifestó que aún la propuesta del ministro no les ha llegado. No obstante, adelantó que los aportes y pagos que haga el fideicomitente (MEP) para integrar más centros al fideicomiso, son jurídicamente viables.
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La Contraloría General de la República, en un informe de noviembre del 2017, señaló que el dinero del fideicomiso no alcanzará para levantar todas las obras previstas; faltaban cerca de $50 millones para completar todas las obras.
Inicialmente se dijo que las centros que no se pudieran construir, se iban a pasar a la DIEE. Rosa Adolio, viceministra del MEP, explicó que ya no va a ser así, porque legalmente se tienen que hacer los 103 proyectos. Lo que está haciendo es buscando recursos dentro del Ministerio para inyectarlos al fideicomiso y completar todas las obras.
“Ya tenemos $6,5 millones. Estamos buscando dentro del mismo presupuesto de dónde se pueden transferir más recursos”, dijo la funcionaria.
Para Miguel Aguilar, director de escuela Finca La Caja, en La Carpio, centro que se desarrollo con el fideicomiso y que es uno de los siete que se han entregado, la figura de fideicomiso para construir escuelas, es “ágil” y se entrega el inmueble en el plazo prometido. En el caso de este centro, el tiempo de espera desde que comenzó la construcción hasta que entregó la escuela fue de 10 meses.
Sin embargo, Liliam Valleja, directora del Liceo Pacto del Jocote, en Alajuela, centro que se iba a beneficiar del fideicomiso, opina que esta figura no sirve ya que a la fecha no tienen nada avanzado para salir de sus problemas.
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Este colegio fue inaugurado en el 2006 sin planta física y así se mantiene 10 años después. Actualmente, tiene 350 alumnos, funciona en un salón comunal, propiedad de la Municipalidad de Alajuela. Allí se construyeron aulas improvisadas para combatir el hacinamiento, pero la instalación eléctrica se calienta y quema hasta los microondas. Tiene orden sanitaria del Ministerio de Salud.
El piso de este centro es de cemento, las paredes de madera y muchas están a punto de caerse. Ninguna de la 14 aulas tiene cielorraso y los funcionarios comen en una bodega.
“Ni la construcción por medio de la DIEE ni por el fideicomiso sirve. Entramos al fideicomiso en el 2012, pero no se movió nada. Estamos igual que en el 2006. Se supone que nuestro centro es prioritario porque estamos en salón comunal, hacinados, pero nadie nos soluciona nada. Nos habían sacado del fideicomiso porque la plata no alcanzó, pero aquí seguimos en la misma condición”, indicó la directora.
