Los hechos denunciados en redes sociales por exalumnas del Colegio Calasanz dieron origen a la apertura de una causa judicial.

La oficina de prensa del Ministerio Público confirmó a La Nación, este miércoles, que la Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José y la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil dirigen la investigación.

“Dicha causa se trabaja de manera coordinada entre ambos despachos y, debido a que está en una etapa inicial, no es posible brindar detalles adicionales, puesto que estos tienen carácter privado dentro de la investigación, según establece el artículo 295 del Código Procesal Penal”, agregó.

Fue el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) la institución que llevó el caso a la vía judicial, para que se indagaran los supuestos hechos expuestos en redes sociales por las jóvenes, relacionados con exposición a pornografía y bullying, así como las críticas por el manejo dado en aquel momento por las autoridades del centro educativo.

El PANI activó el protocolo el 10 de marzo, cuando trascendieron las narraciones. Ese mismo día, el Centro de Orientación e Información (COI) de la entidad presentó la denuncia ante la Fiscalía de Atención de Hechos de Violencia en Perjuicio de Niños, Niñas y Adolescentes, informó la oficina de prensa.

La gestión se realizó también ante la Fiscalía Adjunta de Asuntos de Género del Ministerio Público, así como en el Departamento de Centros Privados y la Contraloría de Derechos Estudiantiles del Ministerio de Educación Pública (MEP).

Al mediodía de este miércoles, la encargada de comunicación designada por el Colegio informó de que no han sido notificados de la causa judicial.

“Reiteramos que el Colegio continúa con sus puertas abiertas y se pone a la disposición de las familias y de las autoridades para seguirles acompañando en las acciones que decidan ejercer”, manifestó.

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Los casos

Dos exalumnas de apellidos Cruz Carrillo y Campos Rojas, así como otra joven identificada como Amanda relataron a La Nación haber sido víctimas de situaciones como exposición a pornografía y bullying, por parte de otros alumnos de la institución.

Según dijeron, los casos fueron expuestos antes las autoridades del Colegio. No obstante, aseguraron que hubo supuestas presiones y manipulaciones para que no acudieran a la vía judicial.

Incluso, según Campos Rojas, ella y su familia fueron invitados a salir de la institución, cuando estaba en quinto grado de la escuela, luego de que presentara una denuncia contra su supuesto agresor.

Asimismo, cuestionaron la actuación del equipo de psicología del centro educativo.

El Colegio Calasanz, por su parte, negó el supuesto encubrimiento en el caso de la joven Cruz Carrillo, pues aseguró que fue su familia la que desistió de denunciar los hechos.

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Además, la administración lamentó “profundamente” supuestas informaciones sesgadas e incorrectas con relación a la denuncia.

“Se está utilizando terminología errónea que lesiona sensiblemente la buena imagen de la institución, que hace 60 años se ha dedicado a la formación integral y protección de sus alumnos”, señaló la institución.

Sobre las denuncias de Campos Rojas y Amanda, el centro educativo aseguró que su intervención fue “coyuntural” puesto que, según señaló, los hechos se dieron “fuera del ámbito académico”.

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“Lamentamos profundamente las situaciones presentadas con ambos casos, pues se trata de menores que fueron expuestos a un material y circunstancias no apta para ellos y ajenos a esta institución, sin la supervisión de sus responsables, lo cual se sale del control de esta entidad, que los recibe con el fin de educarles y enseñarles procurándoles el mejor ambiente”, añadió.

Informes y acompañamiento de víctimas

Como seguimiento a las denuncias compartidas en redes sociales, el Patronato también solicitó el 15 de marzo un informe al MEP, sobre las acciones adoptadas ante las denuncias presentadas por adolescentes y mujeres exalumnas del Calasanz “sobre temas de acoso sexual, bullying e inaplicación de protocolos por parte de docentes y funcionarios de ese centro privado”.

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Del mismo modo, se les consultó a esas partes si habían hecho acompañamiento a las presuntas víctimas, para conocer los siguientes pasos a seguir. La entidad encargada de velar por la Niñez y la Adolescencia en Costa Rica, también coordinó con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) para atender los hechos.

Estas jóvenes comenzaron a contar sus relatos de supuestos maltratos luego de que una cuenta de red social, en apariencia administrada por actuales alumnas de ese centro educativo, publicaran una fotografía con un cartel, aparentemente colgado en el baño de mujeres, con el mensaje “El Colegio Calasanz apoya y encubre a abusadores”.

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Esa publicó motivó a que se compartieran otras narraciones en redes sociales sobre presuntos hechos de violencia de género bajo la etiqueta #MePasóEnElCalasanz.

Este no es el primer movimiento social creado para denunciar hechos similares en centros educativos.

Exalumnas del Colegio Claretiano, en Mercedes Norte de Heredia, también dieron a conocer aparentes hechos de violencia sexual a través de redes sociales en 2020. Lo mismo ha ocurrido con estudiantes de universidades públicas.

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