Conocer las condiciones de vida de cada estudiante ayudarían a explicar su desempeño en las pruebas de Matemáticas, Ciencias y Español que se incluyeron en la estrategia nacional Fortalecimiento de Aprendizajes para la Renovación de Oportunidades (FARO), exámenes realizados por 77.000 estudiantes de quinto grado, la semana anterior.
Esa fue la justificación que dio el Ministerio de Educación Pública (MEP) para aplicar el último día de las pruebas el cuestionario de Factores Asociados, constituido por cuatro folletos con 93 preguntas y 621 ítems. Una parte de esas preguntas se relacionaban con “información familiar”, como el estado de su vivienda, si era propia, si se pagaba en cuotas, o era prestada.
También se les consultó si la casa tenía Internet, telefonía fija o móvil, electricidad, televisión por cable, agua potable o si tenían contratada a una empleada doméstica. Asimismo, si en la comunidad había calle pavimentada, recolección de basura y servicio de bus.
Aparte de esos temas de entorno familiar, se les preguntó a los menores sobre cómo impartía el docente la clase de cada una de las asignaturas evaluadas, qué recursos tecnológicos utilizaba, si los motivaba, si le gustaba la materia, cómo la estudiaba, entre otros.
Melania Brenes, quién hasta el domingo se desempeñó como viceministra académica del Ministerio de Educación Pública (MEP), explicó a La Nación, antes de su salida, por qué pidieron esos datos socioeconómicos a los estudiantes.
Dijo que, cuando una persona aprende, hay varios factores que se asocian a su desempeño, como la condición del hogar, la importancia que la familia le atribuye el aprendizaje o su nivel socioeconómico. Sin embargo, reconoció que fue errónea la manera en que técnicamente se preguntó a los alumnos o hacerlo si no se contaba con los permisos de los padres.
“Esos factores asociados incluyen en cómo aprende y cómo se desempeñan los alumnos ante una prueba como esta, también los factores propios del abordaje en el aula por parte del docente, como, por ejemplo, si le entiende la materia, si el profesor utiliza técnicas variadas de enseñanza que le permitan comprender mejor. Esos datos nos permitían hacer una explicación de dónde están las mejores condiciones o cuáles son las mejores condiciones para aprender, pero se analiza en estadística de manera integrada, de modo que es imposible saber si esto corresponde a uno u otro estudiante porque se analizan de manera general”, manifestó Brenes.
La exviceministra agregó que esa información les hubiera permitido definir un escenario de buenas prácticas y de mejores condiciones para el aprendizaje.
“Por ejemplo, nos habría permitido identificar que, si un alumno tiene una afinidad por las Matemáticas, el docente explica claramente, le da trabajo, prácticas y proyectos y, además, le da seguimiento con tareas y tiene una familia que apoya al aprendizaje, que está atenta en el desarrollo de los Guías de Trabajo Autónomo y tienen una condición socioeconómica de cierta naturaleza, es un escenario donde el chico puede aprender, donde hay mayor probabilidad de desempeñarse de mejor manera y lograr mejores puntajes”, añadió.
Brenes explicó que esa era la intención técnica que desde el inicio había tenido la aplicación de Factores Asociados.
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“No tenía ninguna intención de índole censal o conocer las familias, porque, además, era imposible analizar familia por familia, era una información que, estadísticamente, tenía que ser representativa para poder tener mayor poder explicativo. Lamentablemente, en la fase de medición, se identificaron las limitaciones que ya conocemos, que realmente no permiten poder avanzar como quisiéramos en este tipo de análisis”, declaró.
Luego de la aplicación del cuestionario Factores Asociados, los padres de familia y docentes denunciaron que, por lo extenso y complejo del test, los estudiantes estuvieron sentados desde las 9 a. m. hasta las 2 p. m., con mascarilla, contestando el cuestionario con algunas preguntas de temas socioeconómicos contrarias a lo establecido en la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales, vigente desde el 5 de setiembre del 2011. No comieron durante ese período y algunos terminaron con ampollas en sus manos.
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La polémica por la aplicación de dicho cuestionario hizo que Giselle Cruz renunciara a su cargo como ministra de Educación y la propia Brenes al viceministerio. Igualmente dejó su cargo Pablo Mena, director de Gestión y Evaluación de la Calidad.