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“El informe de mayoría emitido por la Comisión que estudió el FEES es subjetivo, prejuicioso y estigmatiza a las universidades estatales y al Conare; se distancia de la necesaria objetividad, del equilibrio deseable y requerido para un análisis serio y profundo de un tema trascendental como lo es el Estado actual y las perspectivas futuras de la educación universitaria pública”.
Así calificaron los rectores de las universidades públicas el informe final de la comisión legislativa que investigó, durante más de un año, el uso del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y cuyas conclusiones fueron dadas a conocer la semana antepasada por los diputados.
El foro investigador concluyó que las " universidades han dirigido mayoritariamente sus ingresos al pago de salarios millonarios". Por esa razón, pidió frenar esta tendencia, así como la modernización y calidad de su oferta educativa.
Los legisladores pidieron a las universidades públicas someterse a un régimen de empleo público que asegure la sostenibilidad financiera del Fondo y la equidad salarial en toda la Administración Pública.
Además, solicitaron a los rectores “ser consecuentes” con las metas de estabilidad fiscal del país mediante el cumplimiento de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9635), en especial lo referente a remuneraciones.
En su informe, los legisladores mostraron “gran preocupación por lo obsoleta y divorciada del sector productivo” , que está la oferta académica de la Universidad de Costa Rica (UCR), Universidad Nacional (UNA) y Universidad Estatal a Distancia (UNED).
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Aunque existe un Plan Nacional de Educación Superior (PLANES), cuya elaboración responde a un mandato constitucional, la comisión sostuvó que este está desconectado de las necesidades del país y de las regiones, por lo que debe replantearse.
Según el Consejo Nacional de Rectores (Conare), el dictamen de mayoría es superficial.
“No profundiza en el modelo de educación pública que ha construido las bases sociales, económicas y culturales de nuestro país ni tampoco hacia dónde queremos avanzar en esa materia para las próximas décadas, donde la educación responda a un modelo país y no exclusivamente a intereses económicos, empresariales o políticos”, señala.
Afirman que el PLANES se elabora utilizando como referencia el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y otros documentos del marco estratégico nacional.
“Esto significa que el FEES, expresión presupuestaria del PLANES, contribuye con el cumplimiento de los objetivos y las metas nacionales”, indicaron los rectores en un comunicado.
El Conare alegó que los hallazgos de los diferentes grupos de investigación de las universidades públicas y los aportes de esas instituciones en la lucha contra el covid-19, “demuestran que poner en entredicho la inversión en la educación superior y en la investigación aleja al país del camino del desarrollo”.
Presupuesto
Los rectores, además, aseguran que sus presupuestos se estructuraron de acuerdo con la regla fiscal.
“Sin perjuicio de su propia autonomía e independencia constitucionales, temas que han sido sometidos a valoración del Poder Judicial, las universidades públicas han adoptado voluntariamente acciones necesarias para cumplir los fines de la Ley Nº 9635”, sostuvo el Conare.
A pesar de su afirmación, las universidades públicas enfrentan problemas de sostenibilidad financiera, pues consumirán todos sus ingresos corrientes en salarios para el 2030.
Actualmente, destinan al pago de salarios cerca del 80% de ese fondo transferido por el Gobierno. Para el 2020, las universidades recibieron ¢512.782 millones del FEES.
En la UCR, que recibe el 59% del Fondo, se proyecta un déficit de ¢25.782 millones en cinco años, como consta en el acta 6298 del Consejo Universitario de la institución.
Los rectores afirmaron que trabajan en documentos que permitan a la opinión pública realizar “un análisis objetivo de las universidades estatales, apegado a la realidad, sustentado en números, datos e información veraz y comprobada”.
