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Decenas de microondas, sillas, un sofá, materiales de construcción y hasta desinfectantes fueron algunos de los bienes adquiridos mediante líneas de crédito a nombre de la Escuela Napoleón Quesada, en Zapote, pero que nunca fueron solicitados y muchos menos llegaron al centro educativo.
Por este hecho, el Ministerio de Educación Pública (MEP) denunció ante la Fiscalía a quien ocupaba la presidencia de la Junta de Educación entre 2017 y 2018, un hombre identificado como de apellidos Castro Alpízar, de 69 años.
El MEP señala a este sujeto como presunto responsable de obtener líneas de crédito a nombre de la escuela en varios comercios y de desviar fondos requeridos para el pago de servicios públicos, todo por ¢20 millones
De acuerdo con los documentos, Castro Alpízar formalizó créditos con la personería jurídica de la Junta de Educación, encargó y retiró los productos de los negocios y desapareció con ellos. Posteriormente, al no recibir pagos, los comerciantes presentaron reclamos ante la escuela.
Por ejemplo, entre mayo y junio de 2018, se registran tres compras en el Depósito Las Gravilias, en Desamparados, San José, por ¢5,3 millones. En las facturas aparecen artículos como cables, tablillas, alambre galvanizado, cornisas y diferentes tipos de tubos, entre otros.
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Entre junio y agosto de 2018, Castro Alpizar retiró de un comercio llamado Offitec, un sofá, cuatro sillas para sala de espera, 60 sillas para oficina, y 40 microondas por más de ¢7,6 millones. Además, en octubre de ese año en Sumi Mundo y Suministros Yustin sacó otros 40 microondas y otros artículos por casi ¢7,1 millones.
Por último, le atribuyen el presunto uso de dinero recolectado por los padres de familia para pagar una deuda con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA), en otros fines.
El relato indica que las autoridades educativas le entregaron los fondos para cancelar un pendiente por más de ¢1 millón y que debía depositar el sobrante en las cuentas bancarias de la Junta de Educación, pero ninguna de las dos cosas sucedió.
La Nación tiene copias de todas las facturas emitidas por los comercios y de la denuncia interpuesta por la Dirección Regional San José Centro del MEP, dependencia que supervisa casi un centenar de escuelas y colegios ubicados en San José, Alajuelita y Curridabat.
Desde el 2018, el Ministerio Público mantiene abierta una investigación bajo el expediente 18-000077-1218-PE, por delitos de estafas de mayor cuantía y peculado. En la causa figuran Castro Alpizar y otros miembros de la Junta de Educación.
Se llamó a los números registrados a nombre del expresidente de la Junta, pero no fue posible contactarlo. También se trató de consultar a los comercios involucrados, pero no se recibió respuesta.
Condenado por estafa y uso de documento falso
En enero de 2017, cuando fue nombrado como presidente de la Junta de Educación de la escuela Napoleón Quesada Salazar, Castro Alpízar enfrentaba una denuncia penal por estafa y uso de documento falso, interpuesta desde 2010, pues unos extranjeros y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) lo acusaron de engañarlos con la venta de un lote.
En agosto de 2017, el caso derivó en una condena de cinco años de prisión domiciliar con tobillera electrónica, dictada por el Tribunal Penal de San José. La pena quedó firme en marzo de 2019 (Sentencia 368-2019).
Pese a los líos legales, Castro Alpízar logró ocupar la presidencia de la Junta de Educación entre enero de 2017 y noviembre de 2018, tiempo en el que supuestamente ocurrieron los hechos denunciados por el MEP. Según los registros de las actas de la Municipalidad de San José, el hombre no fue propuesto por la directora y los docentes de la escuela para ese puesto, sino que llegó allí a través de una “terna comunal”, pero no hay detalle de quién o quiénes lo propusieron.
Además de la condena, Castro Alpízar enfrentará, en octubre próximo, un juicio por falsedad ideológica. La información fue confirmada por la oficina de prensa del Poder Judicial; las audiencias están programadas del 3 al 5 de octubre.
Una investigación publicada por este diario reveló que, contrario a lo establecido en la normativa, el Concejo Municipal de San José designó a decenas de personas en juntas de educación capitalinas sin haber sido propuestas por directores ni docentes, algunos de ellos son dirigentes de partidos políticos, lo cual va en contra del Código Electoral.
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En la actualidad, el Ministerio Público investiga presuntos nombramientos ilegales por parte de ese Concejo Municipal en juntas de educación; la denuncia fue puesta por el regidor de la Coalición Juntos San José, Diego Miranda.
Presunto desvío de ¢12 millones
En la denuncia presentada por el MEP también se menciona un intento de desvío de ¢12 millones de la escuela Napoleón Quesada depositados en la caja única del Estado a presuntas cuentas a nombre del mismo centro educativo en Coopeservidores y el Banco Popular.
La maniobra que se pretendía realizar fue detectada por un funcionario del Ministerio de Hacienda, de apellidos Ureña Morales, el 23 de febrero de 2018. Por medio de varios correos electrónicos, advirtió de los movimientos que se pretendían realizar y rechazó la petición.
El asunto fue documentado por la Dirección Regional San José Central.
