EscucharEl presupuesto asignado al Ministerio de Educación Pública (MEP) para el 2024 se convertirá en el más bajo en relación con producto interno bruto (PIB) en los últimos 10 años, de acuerdo con un monitoreo realizado por la Contraloría General de la República (CGR).
Serán en total ¢2.601.664,0 millones (¢2,6 billones) con lo que deberá atender a 896.820 estudiantes, según las proyecciones de la cartera educativa.
Según el órgano contralor, en el periodo 2015-2024, el presupuesto del MEP representó en promedio el 25% del Presupuesto de la República; sin embargo, para 2024 representará el 20,6%.
La baja no es nueva. La misma situación ocurrió para 2023, cuando el presupuesto pasó de ¢2.785.000 millones (¢2,78 billones) en el 2022, a ¢2.753.000 millones (¢2,75 billones) este año.
“El monto asignado a este ministerio se caracteriza por ser el segundo en importancia después del Servicio de la Deuda”, recordó la CGR.
De lo que se gire al MEP para el próximo año, al programa de implementación de la política educativa se le asigna un monto de ¢1.597.478,5 millones (¢1,5 billones), con los cuales se pagan salarios del personal docente de los diferentes niveles educativos, que son cerca de 80.000 funcionarios, la planilla más grande del país.
El segundo programa en importancia es Definición y Planificación de la Política Educativa, cuyos recursos se orientan principalmente a las universidades .
En ese sentido, la CGR mencionó que el presupuesto asignado a la educación superior muestra un crecimiento de 30,7% entre el 2015- 2024 lo que equivale a ¢137.363,2 millones. Para el 2024, la educación superior recibirá ¢584.435,6 millones.
Su representatividad dentro del presupuesto del MEP en ese mismo periodo, pasó de 20,3% a 22,5%.
Infraestructura y órdenes sanitarias
Entretanto, el presupuesto para infraestructura y equipamiento para 2024 es menor a lo presupuestado en los años 2015-2021, pese a que crece en ¢12.065,6 millones.
“Cabe indicar, que el MEP propone transferir ¢11.728,9 millones más respecto a 2023 a las Juntas de Educación y Administrativas, pese a que al 30 de junio de 2023 mantenían saldos para la construcción de obras sin ejecutar por ¢72.641,7 millones. Aunado a que el MEP carece de información sobre la ejecución presupuestaria anual de cada junta”, alegan en el documento.
Se advierte además, que el presupuesto para el 2024 no incorpora recursos para la atención de órdenes sanitarias en la comunidad educativa.
El 31 de agosto, La Nación publicó las explicaciones que la ministra de Educación Anna Katharina Müller le daba a su homólogo de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, sobre el tema.
“No es posible incluir la totalidad de la solicitud de incremento de infraestructura para la atención de órdenes sanitarias, terrenos y edificios, lo cual repercute en el atraso de las obras y la continuación del deterioro de los centros educativos del país”, dijo en el documento al que este diario tuvo acceso.
La Constitución Política ordena al Estado a destinar al menos el 8% del PIB a la educación costarricense; pero, la normativa no está siendo cumplida desde la administración de Luis Guillermo Solís.
El 5 de setiembre, durante un foro universitario Müller cuestionó la necesidad de invertir tanto dinero en esta materia.
“¿Quién inventó el 8%? ¿De dónde surgió el 8%? ¿Dónde está la base científica que respalda el 8%?”, planteó en ese momento. Posteriormente, en el Congreso, afirmó que no se oponía al porcentaje.
