Presupuesto para el MEP continuaría bajando en el 2025

Esta información se desprende de la nota enviada por el ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, a la ministra de Educación, Anna Katharina Müller Castro, en la cual le comunica el límite de gasto presupuestario máximo, tanto total como corriente, que el MEP debe considerar al formular su anteproyecto de gastos para 2025.

“Este monto toma en consideración la ejecución presupuestaria de la entidad entre 2022, 2023 y la proyección de ejecución del 2024, con el propósito de hacer un uso más eficiente del Presupuesto de la República”, indica la nota, con fecha de 4 de abril.

En el oficio MH-DM-OF-0348-2024 se advierte de que el presupuesto del gasto total para el 2025 será de ¢1.942.055 millones (1,9 billones).

Se añadirán ¢578.967 millones para las universidades públicas, contemplados como el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y el Sistema Nacional de la Acreditación de la Educación Superior (Sinaes). Es el mismo monto de 2024 y que se considera como previsión para el próximo año, cita el documento.

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La suma entre gasto total y FEES para el próximo año sería de ¢2.521.023 millones (2,5 billones), lo que representa ¢65.199 millones menos que el presupuesto de este 2024. Según la Ley de presupuesto Nacional aprobada y publicada en el sitio web del Ministerio de Hacienda, el monto para este año fue de ¢2.586.221 millones (2,5 billones).

A partir de estos números, La Nación calculó cuál sería el porcentaje para Educación con respecto al PIB en el 2025. Se tomaron los ¢2.521.023 millones (2,5 billones) que se destinarían al MEP y la proyección del PIB del 2025 del Banco Central de Costa Rica (BCCR) que es de ¢52.145.868 (52 billones). El resultado arroja 4,8%, un número menor al 5,2% del 2024 y muy lejano al 7,3% del 2020.

El recuadro adjunto muestra cuál ha sido el presupuesto destinado para Educación de los últimos seis años, además, el PIB del mismo lapso y el porcentaje para el presupuesto del MEP con respecto al PIB. Los datos, desde el 2019, hasta el 2024 y que toman en cuenta las posibles cifras del 2025, revela que el porcentaje continúa disminuyendo.

En octubre del 2023, la Contraloría General de la República (CGR) advirtió que el presupuesto asignado al Ministerio de Educación Pública (MEP) para el 2024 se convertiría en el más bajo en relación con producto interno bruto (PIB) en los últimos 10 años.

Para obtener los porcentajes que verá a continuación, se utilizaron los datos consignados por el Ministerio de Hacienda en la sección Leyes de Presupuesto Nacional, así como la información del PIB publicada por el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

El porcentaje del 2025 no cumpliría con la orden de la Constitución Política al Estado de destinar al menos el 8% del PIB a la educación costarricense; sin embargo, la normativa no está siendo cumplida desde la administración de Luis Guillermo Solís (2014-2018), informó La Nación en octubre del 2023.

Retomando la carta, en ese escrito Acosta le indica a Müller que “el crecimiento del gasto total y corriente a nivel presupuestario para el ejercicio económico del 2025, de las entidades y órganos que conforman el Sector Público No Financiero (SPNF), no podrá superar el 3,75%, el cual se aplicará en el Presupuesto Nacional de manera agregada, considerando el gasto estimado por pago de intereses del Servicio de la deuda pública para el 2025″.

La Nación consultó a Nogui Acosta, a la oficina de comunicación de Hacienda y al departamento de prensa del MEP sobre el recorte de los más de ¢65.000 millones y cómo impactaría al Ministerio de Educación en el 2025.

De esas solicitudes, solo Acosta respondió por medio de la oficina de prensa. Según dijo, la comunicación enviada al MEP en abril incluye un monto “preliminar”.

“Aún resta por agregar otros conceptos que se deben considerar y que forman parte del monto definitivo del límite presupuestario asignado para el presupuesto 2025, entre ellos, la inclusión de recursos correspondientes a Fodesaf (Fondo de Asignaciones Familiares) y al fondo concursable”, aclaró. A partir de la carta de Hacienda, el MEP debe elaborar su plan de gastos y definir a qué recortará recursos.

‘No podemos permitir que el Gobierno dinamite la educación’

Sonia Rojas Méndez, legisladora liberacionista integrante de la Comisión de Educación del Congreso, dijo estar “consternada” por la posibilidad de este recorte de presupuesto al MEP. Incluso, solicitó a sus compañeros del foro legislativo que se pronuncien en contra para que “dejen de socavarse las bases de la educación costarricense”.

“En este momento, el sistema educativo costarricense requiere suficientes recursos para sostener la educación nacional. No solamente la educación, sino la infraestructura educativa que permite generarle el ambiente propicio a miles de estudiantes a nivel país que hoy se encuentran en condiciones precarias. (...) Hablamos de que la educación es el motor de desarrollo, la única arma que tiene Costa Rica para sacar a los costarricenses de la pobreza”, afirmó Rojas.

Para la docente de profesión, reducir la inversión en el ámbito educativo es cortarle las alas al país que enfrenta crisis educativas, de currículum y de infraestructura que considera se arrastran desde antes de la pandemia y de que los estudiantes enfrentaran el llamado apagón educativo.

“No podemos permitir que, a través de este recorte presupuestario, el Gobierno de la República esté dinamitando la educación para desequilibrar nuestro país”, aseveró la diputada.

La inquietud con respecto a la posible disminución también fue expresada por Yorgina Alvarado Díaz, secretaria general del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC). Ella alertó sobre los problemas estructurales que puede sufrir la operatividad de los centros educativos debido a los recortes. “Preocupa la posibilidad de poder mantener una infraestructura de calidad cuando claramente se dejan de percibir ¢65.000 millones menos que el año anterior”, dijo.

Según la secretaria del SEC, extraoficialmente se enteró este lunes 10 de junio de que el MEP envió a Hacienda el anteproyecto presupuestario.

“Tenemos que ver lo que se envió (...). Mantenemos la preocupación: el año pasado, aparte de las dificultades que se presentaron para poder atender los gastos operativos de los sistemas educativos, tuvimos un recorte importante en los programas de equidad”, añadió la integrante del sindicato, quien señaló que el sistema educativo sufre una de sus peores crisis.

Para Alvarado, la educación pública es el único motor de transformación social, por ello, asegura que desde el SEC iniciarán una estrategia de defensa de la educación pública y su calidad.

Alvarado mencionó que podría haber desde movilizaciones hasta procesos de demanda. Señaló su inquietud con respecto a que las autoridades ministeriales “no tengan claridad sobre la responsabilidad que tienen ellos en el cumplimiento de sus funciones”.

En 2024, un análisis de la Contraloría General de la República había llamado la atención porque el presupuesto asignado del MEP sería el más bajo de la década con respecto al producto interno bruto (PIB), con un 5,2%. El porcentaje se alejó del 7,3% del 2015; el 7,5% del 2017 o el 7,3% del 2020.

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El recorte presupuestario al MEP en el 2025

La carta de Hacienda al MEP advierte, que cuando el FEES defina su monto y se firme, en caso de que supere la suma indicada (¢578.967,44 millones), el ministerio deberá realizar “el ajuste para darle financiamiento a la diferencia dentro del monto máximo comunicado”. Justamente, este 11 de junio se acordó que los recursos destinados a las universidades públicas se negociarían entre el gobierno y los rectores en cinco sesiones.

Asimismo, en el documento se hace hincapié en que aquellos cambios que se produzcan debido a la aplicación de escalas salariales, también deben ser asumidos por el Ministerio de Educación.

“Con los montos máximos de gasto total y corriente comunicados, deberán financiarse los gastos de carácter ineludible que cubran la totalidad de las operaciones institucionales, tales como remuneraciones y contribuciones sociales asociadas, servicios públicos, así como contratos vigentes por servicios de limpieza, seguridad, alquileres, incluyendo el monto correspondiente al impuesto sobre el valor agregado que corresponda en cada caso, entre otros”, se agrega en la nota.

Acosta también le hizo saber a Müller que debido a la situación fiscal y sin excepción, no se incrementarán los montos de gasto presupuestario máximo comunicados, ni se autorizará la creación de plazas: adelantó que estas opciones estarán deshabilitadas en el Sistema de Formulación Presupuestaria (SFP).

La carta señala que los límites presupuestarios comunicados son máximos, aunque se reservaron hasta ¢100.000 millones que se distribuirán en diferentes ministerios y otros poderes de la República. La repartición se haría partiendo de las prioridades determinadas en el Consejo de Gobierno.