Escuchar
Un proyecto de ley para regular las tarifas que cobran las universidades privadas ingresó este lunes a la corriente legislativa.
La propuesta se fundamenta en el artículo 80 de la Constitución Política, según el cual, el Estado tiene la facultad de inspeccionar todo centro privado y de regular mediante la ley los diferentes aspectos de la educación privada garantizando la libertad de enseñanza.
El proyecto de ley impulsado por el legislador del Frente Amplio, Ariel Robles, afirma que en este momento “no hay un balance justo en los precios” que exigen estos centros de enseñanza.
Según su argumento, al no existir regulación de las tarifas, las personas se ven obligadas a solicitar préstamos a la Comisión Nacional de Préstamos para Educación (Conape) u otras entidades financieras para hacerle frente a los costos de matrícula, créditos y otros trámites en las universidades privadas.
LEA MÁS: Educar a un hijo en colegio privado cuesta de ¢2 millones a ¢8 millones al año
Asimismo, en la justificación del plan, se asevera que existen serias desigualdades en el acceso a este servicio público, pues en los quintiles más bajos de la población la participación en educación privada es inferior al 2%, de acuerdo con datos del Estado de la Educación, 2021.
“En general, se encuentra que los hogares costarricenses dedican el 8% de sus ingresos a cubrir gastos en educación, lo cual equivale al 2,3% del PIB. Estas son grandes inversiones de dinero que imposibilitan la participación en la educación privada de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad”, reza la iniciativa que se tramita bajo el expediente 23784.
En el proyecto se establecen reformas a la ley constitutiva del Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (Conesup) para que tenga potestad de aprobar, improbar o modificar las tarifas de matrícula y de costo de los cursos con base en estudios técnicos.
“Esto de manera que se contemplen únicamente los costos necesarios para prestar y mejorar la calidad de los servicios de educación, que permitan una retribución competitiva y garanticen el funcionamiento adecuado de las diversas universidades privadas”, se indica en el texto presentado
Advierte además, que en la ley actual del Conesup no se incluye la regulación de los precios en otros servicios que deben brindar las universidades privadas, como los derechos de graduación, certificaciones de notas, convalidación de cursos, talleres, laboratorios, internados rotatorios, prácticas profesionales y campos clínicos.
“Esto implica que dentro de las universidades se generan una serie de cobros por servicios derivados de la vinculación que tienen los estudiantes con sus centros de estudio, que por lo tanto forman parte del servicio público de la educación al que se encuentran inscritos”, dice el texto.
Robles insiste en que se debe impedir los aumentos que se dan sin ningún criterio técnico.
“Por ejemplo, hay un aumento de un semestre a otro de hasta un 20%. Hay cobros de matrícula por cuatrimestre cuando uno pensaría que es un proceso que ya quedó regularizado y se conocen sus datos, ¿entonces por qué se les pide que paguen cosas que no deberían? Laboratorios donde las personas reciben clases de forma virtual y aún así se les cobra. El parqueo también lo cobran y las clases son virtuales”, dice el diputado.
La iniciativa también plantea reformar el artículo 9 de la ley actual del Conesup para incentivar a las universidades privadas a invertir en programas de trabajo comunal o servicio social obligatorio, equivalentes o similares a los que ya existen en las universidades públicas.
La Nación solicitó a la Unión de Rectores de las Universidades Privadas (Unire) una posición sobre el tema; sin embargo, su presidenta Rosa Monge, argumentó que “se encuentran en una fase de revisión detallada por el fondo para conocer las implicaciones”, por lo que no pueden emitir un criterio todavía.
‘Una exageración’
Tras la propuesta, usuarios de redes sociales contaronsus experiencias en universidades privadas con críticas a aumentos en la matrícula y cobro por trámites.
Adriana López aseguró que a la universidad que asiste “una exageración lo que cobran por cada documento que se solicita”.
LEA MÁS: 9.500 alumnos pasaron de educación pública a privada en la pandemia
Entretanto Ana Jenkis, estudiante de Medicina, alegó que la matrícula en la universidad en la que estudia, sin mencionar el nombre, pasó de estar en ¢90.000 a ¢135.000; para reponer un examen, el precio es de ¢28.000.
Otro usuario, identificado como Abel, mencionó que durante la pandemia, la Universidad le cobró la ceremonia de graduación de la maestría y que dicho evento fue solo firmar el acta.
Jimena Mata, argumentó que en el centro donde estudia le cobran ¢144.000 por una constancia de materias aprobadas y ¢30.000 de infraestructura pese a que las clases son virtuales.
