Este martes, se concretó la tercera cita para negociar el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) del 2023, mientras miles de estudiantes y personal de las universidades públicas de Costa Rica tomaron a las calles para protestar contra un recorte de ¢128.000 millones planteado por el Gobierno.
Pero, ¿qué es el FEES y por qué se genera tanta discusión a su alrededor? En palabras sencillas, el FEES es el dinero que, por mandato constitucional, el Estado le designa a las universidades públicas del país todos los años. Dicho aporte está amparado en el artículo 85 de la Carta Magna.
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La normativa constitucional sostiene que el Estado dotará de patrimonio a la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Nacional (NA), el Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED). En tanto, la Universidad Técnica Nacional (UTN) recibe los recursos por separado.
Actualmente, la UCR percibe un 59% de esos recursos; la UNA recibe un 23,5%; el Tec, un 11,5%; y la UNED; un 6%. El artículo 85 de la Carta Magna también establece que el presupuesto no puede ser rebajado. Textualmente dice: “las rentas de ese fondo especial no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se crean, simultáneamente, otras mejoras que las sustituyan”.
El FEES es definido por una Comisión de Enlace, que cuenta con representación del Gobierno y de los rectores de las casas de enseñanza. En caso de no llegar a un acuerdo antes del 1.º de setiembre, fecha en que el Ejecutivo debe presentar el proyecto de presupuesto nacional de cada año ante la Asamblea Legislativa, el artículo 85 establece que el Congreso se encargará de aclarar las diferencias.
“Cualquier diferendo que surja, respecto a la aprobación del monto presupuestario del plan nacional de Educación Superior Estatal, será resuelto por la Asamblea Legislativa”, menciona la norma. Los legisladores pueden hacer cambios, siempre y cuando no haya un acuerdo entre las partes, ya que se encargan de aprobar el presupuesto nacional.
¿A qué obedecen los desacuerdos?
En pocas palabras, porque han surgido desacuerdos entre el Gobierno y las casas de enseñanza en la negociación del FEES para el 2023. El punto que desató la polémica fue que el Ejecutivo propuso para el año entrante un recorte de ¢128.000 millones con respecto a este año.
Para el 2022, el Ejecutivo transfirió a las casas de enseñanza ¢522.822 millones más ¢35.376 millones para la UTN; no obstante, la intención es que ahora sea un solo presupuesto para las cinco ‘U’ públicas. El ofrecimiento fue de ¢430.130 millones, es decir, un 24% menos que lo asignado en total para este año.
El Ministerio de Educación Pública (MEP) alegó que el recorte permitiría financiar a otros sectores como preescolar, primaria o secundaria. La ministra de esa cartera, Anna Katharina Müller, señaló que las escuelas y colegios tienen un deterioro físico sin precedentes, por lo que necesitan darles prioridad.
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“La negociación de un presupuesto siempre es muy compleja. Cuando el dinero no alcanza, las discusiones pueden volverse tensas, aunque no sea la intención de ninguna de las partes. Ponerse de acuerdo en una familia grande, con muchas carencias, no es fácil ni agradable”, manifestó ayer la jerarca.
Sin embargo, los rectores de las universidades públicas afirman que “desde ningún punto de vista” aceptarán el recorte de ¢128.000 millones en el FEES para el 2023. Rodrigo Arias, presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare) y jerarca de la UNED, afirmó que en todos los niveles educativos se debe respetar la Constitución.
“Debemos respetar el artículo 85 de la Constitución Política. La propuesta no se apega para nada a las expectativas ni a ningún tipo de cálculo que hemos hecho nunca, así que no podemos aceptar lo propuesto”, expresó Arias, al finalizar el segundo día de reuniones. En el encuentro que se realiza este martes, se espera que los rectores presenten una contrapropuesta al Ejecutivo.