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Las quejas de estudiantes sobre irregularidades, por ejemplo en el cobro de cursos, serán usadas por la diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Paola Vega, para impulsar en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que busca reforzar controles sobre las universidades privadas.
Entre los cambios que introduciría el plan (19.549), que hace fila para su discusión en el plenario, destaca la exigencia de altos estándares de calidad, especialmente en las carreras de educación, salud e ingenierías, así como establecería derechos y deberes de los estudiantes para protegerlos de eventuales abusos.
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Vega publicó hace dos semanas un formulario en línea para la atención de denuncias realizadas por estudiantes de universidades privadas. Hasta el día de hoy había recibido 82 denuncias sobre cobros irregulares, cambios no autorizados en los planes de estudio, publicidad engañosa, entre otras.
“Cobran ¢50.000 por prestar un aula sencilla para la defensa de la tesis. Piden requisitos adicionales para graduarse no contemplados en la matrícula. Cobran demasiado por certificaciones, y por cualquier trámite hay que dirigirse al menos a tres personas para tener aprobación. Demasiado caro el seminario de tesis y tutorías para el servicio tan pobre que dan. Hay materias que son por tutorías y la cobran igual que una regular", dijo una de las estudiantes.
Vega explicó que las quejas además le han permitido ayudar a los estudiantes con información sobre dónde denunciar, aparte del objetivo principal, que es que sirvan de insumo para promover el proyecto de reforma a la Ley de Creación del Consejo Superior de Educación Privada (Conesup).
El Consejo es un órgano adscrito al Ministerio de Educación Pública (MEP), con la función de regular y fiscalizar las universidades privadas. Fue creado el 21 de diciembre de 1981.
“Hay buen ambiente de las fracciones sobre el proyecto pero ha estado detenido por el tema fiscal; me imagino que saliendo de ese tema, por ahí de octubre ya podría moverse”, comentó la legisladora.
Según Mario Sanabria, director del Conesup, por año reciben unas 30 denuncias contra universidades privadas, la mayoría relacionadas a tarifas irregulares, menos horas de clases de las contempladas en el plan de estudios y problemas de evaluación.
Como entidad, el Conesup tiene tres tipos de sanciones: la llamada de atención, el cierre temporal y el cierre definitivo.
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“Hay universidades que, aunque la ley establece que no se debe cobrar por el TCU (Trabajo Comunal Universitario), lo hacen; ellos dicen que están cobrando por trámites y la ausencia de ley permite esto y que haya algunas cuestiones difíciles de sancionar. Hasta una llamada de atención requiere un debido proceso y esto es más oneroso para el Conesup; hay que hacer un órgano director, eso hace más tedioso y más complicado sancionar”, explicó Sanabria.
Entre los principales cambios del proyecto resalta la obligatoriedad de todas las universidades de demostrar la calidad de sus carreras relacionadas con educación, medicina e ingenierías de la construcción ante el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (Sinaes).
Según el plan, las instituciones tendrán siete años, a partir de que entre en vigencia la reforma, para cumplir con todos los requisitos que pide el Sinaes.
La iniciativa plantea que los centros tendrían cumplir con 171 criterios de calidad para que el Estado certifique su oferta de estudios; entre esos destaca el desarrollar investigaciones en los respectivos campos.
En Costa Rica operan 53 universidades privadas, las cuales imparten al menos 1.200 carreras
