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El Ministerio de Hacienda realizó una variación en la forma en que transfiere los recursos a las universidades públicas lo que las obliga a usar ¢70.000 millones del FEES en infraestructura y equipamiento.
Lo medida incomodó al rector de la UCR, Henning Jensen, quien considera que la decisión “pone a la universidad estatal en un estado de emergencia general y le provoca un enorme daño al país”.
Su reclamo se da a pesar de que en el acuerdo del FEES para el próximo año, firmado el 18 de julio, quedó consignado en la cláusula cinco del capítulo primero que “las instituciones de educación superior universitaria estatal en su conjunto, realizarán en el 2020 una inversión de capital estimada en ¢70.000 millones”.
Jensen alega que esa inversión se tomaría de la totalidad de los recursos de las universidades, no del FEES, aunque en el acuerdo no se especifica
“Esta decisión del Ministerio de Hacienda define unilateralmente los destinos de una parte importante del FEES y violenta la independencia funcional de las universidades para tomar decisiones administrativas, según sus objetivos y programas. Además, pone en peligro su funcionamiento y vulnera en su totalidad la educación superior pública.
“Al estar condicionado este monto a obras de infraestructura o equipamiento solamente, las universidades públicas tendrán enormes dificultades para ejecutar sus funciones normales y cumplir sus programas de fortalecimiento de la educación superior”, denunció el rector de la Universidad de Costa Rica (UCR) y presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare).
Rodolfo Cordero, ministro de Hacienda a.i.. refutó al rector e insistió en que la medida da cumplimiento a lo acordado por los mismo jerarcas de las casas de enseñanza.
“La cifra acordada es el resultado de una revisión histórica del gasto de capital que han venido realizando las universidades. Los ¢70.000 millones a los que se hace referencia representan el 13,6% del total de los recursos del FEES, cifra relativamente baja en relación con los ¢512.781,51 millones que conforman este Fondo”, añadió.
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De acuerdo con el proyecto de Presupuesto de la República que presentó Hacienda a la Asamblea Legislativa, a finales de agosto, los ¢70.000 millones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) constituyen una “transferencia de capital”, lo que significa que estos recursos solo se pueden utilizar en infraestructura y equipamiento y no en gastos corrientes como son salarios, becas o proyectos de investigación.
El FEES se distribuye entre cuatro universidades públicas. La UCR recibe el 59%.
En febrero, la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, advirtió en una comparecencia en el Congreso, que las universidades consumirán todos sus ingresos corrientes en salarios para 2030. Actualmente, cerca del 80% del FEES se usa para pagar remuneraciones.
Reclamo
Según Henning Jensen, en el caso de la UCR, la clasificación de esta parte del FEES como “transferencia de capital” implica que no tendría a disposición ¢39.900 millones para realizar las funciones de la universidad.
“Para entender la magnitud del problema, el programa de becas de la UCR comprende ¢29.000 millones y el presupuesto de todas las sedes y recintos es de ¢47.000 millones. Es mucho dinero que de esta manera queda destinado solo a un rubro específico y no se puede utilizar en nada más”, declaró el rector.
Jensen reconoció que los rectores, al firmar el convenio del FEES, se comprometieron a realizar una inversión de capital por esos ¢70.000 millones, pero, insiste en que era a partir de la totalidad de sus recursos de la universidad, no únicamente del FEES “como lo está imponiendo ahora el Ministerio de Hacienda en el presupuesto para el 2020”.
"En el caso de la UCR, el FEES asciende al 80% de su presupuesto anual por lo que trasladar ¢39.900 millones a gastos de capital traería graves implicaciones. La decisión del Ministerio de Hacienda pone a la universidad estatal en un estado de emergencia general y le provoca un enorme daño al país”, añadió el rector.
Alberto Salom, rector de la Universidad Nacional (UNA), respaldó a Jensen. Según él, “jamás” se hubieran comprometido a usar ¢70.000 millones del FEES en infraestructura y equipamiento, porque sería “ruinoso” para todas las universidades públicas. Afirma que tendría que disminuir el presupuesto laboral y “echar gente”.
El jerarca universitario afirmó que la ministra de Hacienda no estuvo el día que se firmó el acuerdo, pues quienes estuvieron fueron los viceministros.
"Es una falsedad, nosotros no asumimos ese compromiso, es una tergiversación del acuerdo. Cómo nos vamos a clavar un cuchillo nosotros en el propio pescuezo, en nuestra propia garganta, quién podría ser tan torpe para hacer algo así, y Rocío (Aguilar) no lo puede hacer. ¿Quién le da potestad a la ministra de Hacienda para hacer algo así e interpretar a su antojo lo que acordó la Comisión de Enlace. Eso (los ¢70.000 millones) no están presupuestados.
“Nosotros acordamos que lo haríamos en el presupuesto general de las universidades, ahí sí podemos hacerlo, porque tenemos un superávit. Entre recursos suparvitarios podríamos poner hasta más, ¢95.000 millones”, dijo el rector de la UNA.
Salom añadió que la semana pasada, los rectores se reunieron con el presidente de la República, Carlos Alvarado, y le solicitaron que interponga sus diligencias para “aclarar” qué fue lo que acordó la Comisión Enlace.
“En la Administración Pública, lo que no está expresamente dicho, no está autorizado”, aclaró el Salom ante la consulta de que en el acuerdo del FEES no se especifica que iban a tomar los ¢70.000 millones para infraestructura de recursos totales de las universidades y no del Fondo.
A pesar de los lamentos de los rectores, el ministro interino de Hacienda recordó que aparte del FEES, las universidades públicas tienen varias fuentes de financiamiento, “por lo que los recursos que fueron clasificados como transferencia de capital dentro del presupuesto nacional, liberan otros que podrán utilizarse para cubrir becas, salarios e investigaciones”.
