Los rectores lograron manipular a los estudiantes con mensajes de terror que no resultaron ciertos, pues, al final se descubrió que las becas nunca estuvieron en peligro si a las universidades se les obligaba a destinar dineros del Fondo Especial para Educación Superior (FEES) a construcciones y equipos.

Incluso, el martes, los rectores autorizaron suspender clases y promovieron una marcha multitudinaria hacia Casa Presidencial, mientras ellos, adentro, “negociaban” con el Gobierno.

Lo que no dijeron a los universitarios es que desde antes ya todo estaba solucionado, pues desde hace un mes comenzaron a revisar presupuestos y al final descubrieron que por una mala clasificación de los gastos para el 2020, habían incluido gastos de capital (inversiones en infraestructura y equipos) como gastos corrientes.

Sabían, desde antes, que tenían ¢41.000 millones para esos rubros, pero no lo hicieron público antes de la marcha. ¿Por qué? ¿Cuál fue la intención?

“Ahhh, porque era necesario esa fuerza (estudiantil) para constituir un hecho político y decir 'no, un momentito, con las universidades no se juega, aquí hay una ilegalidad que es una inconstitucionalidad”, admitió ayer el rector de la Universidad Nacional (UNA), Alberto Salom.

Confirmó que en la UNA las becas nunca estuvieron en peligro y atribuyó la versión a “cabezas calientes”. “Sí fue un sesgo y un sesgo alevoso, que a mí, me parece, no sé si alguien lo usó para intimidar al presidente (Carlos Alvarado)”.

No obstante, Andrea Chacón, presidenta de la Federación de Estudiantes de la UCR (FEUCR) y quien representó a todas las federaciones en el diálogo del martes en la Casa Presidencial, aseguró este miércoles que ellos sí marcharon con la información que tenían en torno al riesgo sobre las becas y otros rubros.

“A raíz de las negociaciones de ayer (martes) se llega a a una opción que es la reclasificación de partidas, para que aquellas que resulten afectadas no sean las que van direccionadas a becas a sedes y recintos, investigación y demás”, dijo.

También, aseguró, defendieron la autonomía universitaria.

Todo deja ver que la intención de los rectores, entonces, era presionar al Ministerio de Hacienda para que no se inmiscuya en cómo las universidades deben invertir los fondos que les transfiere el Estado anualmente para sus operaciones.

Hacienda dio indicaciones porque pretendía dar cumplimiento a la regla fiscal, un mecanismo creado con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (reforma fiscal), aprobada por los diputados en diciembre del 2018.

Incluso, en un acuerdo firmado en julio por rectores y Gobierno, quedó plasmado que se destinarían ¢70.000 millones a gastos de capital (los diputados redujeron la cifra, el jueves 17 de octubre, a ¢35.000 millones).

Pero, el lunes 14 de octubre, cuatro meses después de firmado el FEES, el rector de la Universidad de Costa Rica (UCR) y presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare), Henning Jensen, dio el grito de protesta. Alegó que hubo una mala interpretación de Hacienda y que pasar dinero a gastos de capital ponía en peligro las becas. Dijo, becas.

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Desde entonces, circularon más informaciones distorsionadas o incompletas que motivaron a los alumnos de la UCR, UNA, Instituto Tecnológico (Tec) y Universidad Estatal a Distancia (UNED) a manifestarse, cerrar facultades, bloquear vías, rayar edificios y, finalmente, realizar la marcha multitudinaria hacia Casa Presidencial, el martes 22 de octubre.

Los rectores advirtieron la posibilidad de “un estado de emergencia” en el financiamiento, del peligro de perder recursos para becas, fondos para investigación e inversiones en sedes regionales. Incluso, el Tec mencionó un posible “cierre técnico”, en un acuerdo del 21 de octubre del Consejo Institucional.

El contundente mensaje caló en los alumnos.

Un estudiante divulgó un video el 21 de octubre donde dijo: “El desvío de ¢35.000 millones del FEES resta a la UCR ¢19.000 millones, lo que podría representar pérdidas de casi 66% de becas, afectación al 53% de estudiantes del régimen becario, además, alrededor del 41% para sedes y recintos; afectación a 792 proyectos de acción social, una pérdida considerable de recursos para proyectos de investigación y el menoscabo total de recursos destinados a partidas especiales administrativas”.

Los rectores dejaron que se dispersara ese discurso pese a que estaban avanzados con la reclasificación de gastos y que ya había una decisión de no afectar las ayudas a estudiantes.

Incluso, antes de que llevara a cabo la gran manifestación del martes, los jerarcas de la 'U' públicas sabían que con la revisión y la reclasificación habían alcanzado ¢41.000 millones en gastos de capital, es decir, más de los ¢35.000 millones establecidos por los diputados.

Un ‘hecho político’

Los jerarcas no mostraron sus cartas hasta conseguir del Gobierno un compromiso de no intervenir en el uso del FEES, que para el 2020 será de ¢512.781 millones. Los recursos los reciben la UCR (57,7%), la Nacional (23,4%), Tec (11,3%) y UNED (7,51%)

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Solo entonces, por separado, los rectores admitieron por qué dejaron que todo avanzara hasta la marcha, aunque las becas no estaban en peligro y, prácticamente, tenían solucionado el tema de gastos de capital.

“Ahora bien, usted me puede decir que esto lo podíamos hacer nosotros sin la marcha, pero creo que no es tanto así, o más bien, lo digo de otra manera, la marcha, que tiene una naturaleza política, viene a reforzar la voluntad compartida de hacer una reclasificación de lo ya presupuestado, porque hay aspectos técnicos que dependen de la voluntad política”, manifestó Henning Jensen, este miércoles, en el programa Hablando Claro, de radio Columbia.

También lo confirmó su homólogo de la Universidad Nacional, Alberto Salom, en entrevista con La Nación al indicar: "Nosotros queríamos que la reunión de ayer (martes) saliera bien”, afirmó el rector en referencia al diálogo con Gobierno que se prolongó siete horas.

La rebaja en el Congreso

Los rectores, aparentemente, tampoco informaron de la reclasificación de gastos en la que trabajan desde setiembre, a los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios.

Así lo manifestó el legislador Enrique Sánchez, del Partido Acción Ciudadana (PAC), autor de la moción de revisión que permitió rebajar a la mitad los gastos corrientes que debían transferirse a gastos de capital.

Sánchez relató que ese 17 de octubre presentó dos enmiendas al presupuesto del FEES. La primera eliminaba del todo la obligación de transferir ¢70.000 millones y otra por la mitad.

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Aunque ambas fueron rechazadas por la mañana, algunos legisladores decidieron buscar más información para someter la segunda revisión, horas después. La pretensión era asegurar que se cumpliera la regla fiscal, según la cual, el presupuesto no puede crecer más allá de un determinado porcentaje, que para el 2020 es de 4,67% con relación al plan de gastos actual.

Ese porcentaje se establece de acuerdo con la deuda pública y el crecimiento de la economía.

“En la sesión de la tarde, en la revisión, les demostré que estábamos en un margen de ¢57.000 millones por debajo de la regla fiscal, que aprobar ¢35.000 millones todavía nos dejaba por debajo, que cumpliríamos con ese compromiso y que las universidades tendrían que hacer lo propio a lo interno para garantizar que cumplían con los ¢70.000 millones, siendo ¢35.000 millones del FEES y ¢35.000 millones de sus presupuestos”, narró.

Sánchez explicó que, aunque no le informaron que ya tenían gastos reclasificados, él consideraba que iba a ser la única salida para cumplir la regla fiscal.

Aparte, dijo el diputado, los rectores aseguraron que en sus presupuestos tenían ¢104.000 millones para infraestructura y equipo, es decir, gastos de capital.

La duda que surge ahora es si ante el compromiso del Gobierno de no interferir en el uso del FEES, a futuro tendrá que estrujar otros componentes del Ministerio de Educación para asegurar el cumplimiento de la regla fiscal en el sector.

Ante la consulta, la ministra de Comunicación, Nancy Marín, manifestó ayer que la regla fiscal hay que cumplirla y que, en cuanto a las universidades públicas, será necesario esperar a que la Sala Constitucional resuelva una gestión de las casas de enseñanza que, por autonomía, pretenden quedar excluidas de esa regla.

Colaboraron con esta información los periodistas Juan Diego Córdoba, Daniela Cerdas y Patricia Recio

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