EscucharDurante varios años, el monto destinado por la Universidad de Costa Rica (UCR) al pago de remuneraciones de sus 9.500 funcionarios mostraba un comportamiento creciente debido al aumento de los pluses, principalmente, la anualidad. En 2019, el gasto en salarios alcanzó los ¢204.585 millones. Sin embargo, para el 2020, el crecimiento de esa partida frenó de golpe, al llegar a ¢204.526 millones (¢59 millones menos).
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Este comportamiento ocurrió, principalmente, por la reforma fiscal aprobada por los diputados en diciembre del 2018, la cual, la universidad no aplicó en 2019 y, a regañadientes, tuvo que hacerlo a partir del 2020, aunque tiene reclamos en la Sala Constitucional y el Tribunal Contencioso Administrativo para no ajustarse a la norma que la obliga a reducir el porcentaje extra que paga a sus empleados solo por un cumplir un año más de trabajo (anualidad o antigüedad).
El Diagnóstico del Régimen Salarial de la UCR, realizado por una comisión técnica coordinada por Pedro Méndez, de la Escuela de Matemáticas de la UCR y dado a conocer el 22 de noviembre, atribuye a la reforma fiscal la contención en el crecimiento del gasto.
Hasta el 2019, la UCR pagaba a sus funcionarios una anualidad de 3,75% sobre el salario bruto, es decir, la base más pluses. Pero, en 2020, la Rectoría se vio obligada a reducirla a 1,94% sobre el salario base, como el resto del sector público, tal como lo ordena la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (número 9635).
La universidad advirtió que la reducción de 3,75% a 1,94% se aplicará mientras la Sala IV resuelve una acción de inconstitucionalidad interpuesta contra esa ley por el Consejo Nacional de Rectores (Conare), en febrero del 2020.
Los rectores exigen anular un artículo y un inciso del reglamento del Título III de la Ley los cuales ponen límite al pago de incentivos como anualidades, carrera profesional y dedicación exclusiva en todas las instituciones públicas, incluidas las universidades. En el caso de la UCR, la gestión fue firmada por el entonces rector, Henning Jensen.
Tope al crecimiento
A partir del 2020 se detuvo el aumento de los salarios en la UCR tras la aplicación de la Ley N.° 9635 que obligó a la institución a reducir la anualidad del 3,75% (salario base+pluses) al 1,94% solo sobre el sueldo base.
FUENTE: UCR || LA NACIÓN.
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Los rectores alegan que tal normativa viola disposiciones de la Constitución Política sobre el financiamiento de la educación superior pública, como la autonomía universitaria y la obligación de que cada año se dedique el equivalente a un 8% del Producto Interno Bruto (PIB) a la enseñanza estatal.
Los rectores también presentaron, en mayo del 2019, una demanda contra el Estado en la vía contencioso-administrativa por incluirlos en la reforma fiscal. Esa gestión está en trámite.
“La disminución del gasto en remuneraciones en el 2020 se origina de la implementación de la Ley n.º 9635 (reforma fiscal) y otras medidas de contención del gasto tomadas a raíz de la disminución de los ingresos de la institución. El porcentaje establecido en dicha ley podrá ser modificado solo si prosperan las acciones legales interpuestas por Conare y si, en consecuencia, la UCR vuelve a fijar su propia política de anualidad”, explica el diagnóstico solicitado por el actual rector, Gustavo Gutiérrez Espeleta.
La Universidad de Costa Rica destina entre 72,98% y un 77,79% de su presupuesto anual al pago de salarios.
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El peso de la anualidad sobre el gasto corriente de remuneraciones era 27,95% en el 2007, pero en 2019 alcanzó 36,08%. Sin embargo, para el 2020, se frenó su incremento en el peso en la partida de remuneraciones, a cerca de 35%, por la aplicación de la ley. A pesar de esto, y, según el diagnóstico de la UCR, desde el 2016 a la fecha la anualidad es el plus con el mayor peso presupuestario en remuneraciones.
Tanto para este 2021 como el 2022, el pago de la anualidad se congeló en la UCR y otras universidades públicas tras la aprobación de un transitorio a la Ley de Salarios de la Administración Pública que elimina el pago de ese plus, en el Gobierno Central y en instituciones autónomas, para ayudar a la sostenibilidad de las finanzas públicas afectadas por la pandemia.
Para el 2020, las universidades recibieron ¢512.782 millones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). De esos recursos, la UCR recibe el 59%.
Una segunda razón
Otra causa del freno en el aumento de la partida de remuneraciones en la UCR, según el diagnóstico, es la anulación, por parte de la Sala IV, en 2019, del beneficio denominado escalafón que se le otorgaba a 6.200 docentes del Régimen Académico y Servicio Docente. El escalafón valía 3% de aumento sobre el salario base de acuerdo con la cantidad de años que el educador llevara de laborar en la UCR.
Por ejemplo, los catedráticos no tenían tope de escalafones. A ellos se les aumentaba un 3% sobre el salario base por cada año laborado. O sea, si laboran 20 años en esa categoría acumulan 20 escalafones (60% de aumento sobre el salario base). Este plus significaba una erogación anual de al menos ¢4.300 millones, según el último dato publicado en el 2018.
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Otras universidades
El Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec) también paga el 1,94% de anualidad sobre la base salarial del 2019, tal lo que establece la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Esa normativa indica, además, que se debe pagar una anualidad de 2,56% para no profesionales también sobre la base salarial 2019.
Antes de esa ley, el Tec pagaba 4% de la base salarial para profesionales y entre 4% y 6% para los no profesionales.
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“Significa un ahorro a mediano y largo plazo. Para el 2021 y 2022 por ley no se paga la anualidad”, dijo Luis Paulino Méndez, rector del Tec.
En el caso de la Universidad Nacional (UNA), el rector, Francisco González, explicó que el pago de la anualidad está suspendido desde hace dos años (2020, 2021) y se ajustó a la Ley N°. 9635. Antes de la ley, la UNA reconocía el 4% sobre el salario base de anualidad.
“Igualmente están suspendidos los aumentos por costo inflación durante el 2021 y 2022. Este mes se nominalizaron todos los sobresueldos y pluses con base al salario de julio del 2018 según lo dicta la ley 9635. Esta acción redundó en un rebajo de todos esos salarios”, dijo González.
En 2020, la Contraloría General de la República regañó a la UNA por no ajustar los pluses que pagaba a sus 3.300 trabajadores a lo que establecía la reforma fiscal la cual ya llevaba dos años de aprobada.
La Universidad Técnica Nacional (UTN) también recibió, el 15 de noviembre anterior, un regaño de la Contraloría debido a que su estructura de pluses salariales no cumple, “en todos los aspectos relevantes”, con los requisitos normativos de la reforma fiscal. Lo anterior a partir de la revisión de un total de 62 expedientes del personal de esa universidad.
“En el 89% (55) de los casos se reconoce un monto por concepto de anualidad que no corresponde a los porcentajes establecidos por la Ley N° 9635. Se identificó que en promedio se reconoce un 3% por dicho concepto, no considerando la clase respectiva del funcionario”, explicó la CGR.
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Por último, Rodrigo Arias, rector de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), dijo que no se ha ajustado la anualidad, que mantienen en el 5%, a lo que indica la regla fiscal. Afirmó que están esperando que se resuelvan los recursos que se presentaron tanto en el contencioso como en la Sala IV. Agregó que, pese a esto, el pago de dicho plus está congelado actualmente.
