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Las presuntas irregularidades en el nombramiento de decenas de miembros de juntas de educación en jardines de niños, escuelas y colegios del cantón motivó una fuerte discusión protagonizada por los regidores del Concejo Municipal de San José, en la sesión del martes 24 de mayo.
Por casi una hora, los ediles se lanzaron críticas entre sí, sobre la forma de elegir a los integrantes de las juntas, así como los reglamentos definidos por el Ministerio de Educación Pública (MEP) para la selección. El intercambio se dio justo el día en que regresó a sus labores el alcalde Johnny Araya Monge, luego de estar suspendido seis meses por una causa judicial.
Una investigación de La Nación reveló que el Concejo Municipal se apartó de las ternas recomendadas por los centros educativos y nombró a dedo a personas en esos órganos, los cuales se encargan de administrar el dinero para servicios públicos, alimentación, mantenimiento y otros.
De acuerdo con las actas del Concejo, desde octubre de 2020, los regidores realizaron 61 nombramientos ajenos a las recomendaciones de los directores y docentes de las instituciones educativas, lo cual infringe la Ley Fundamental de Educación y el Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas.
Ante la situación, en abril pasado, el regidor por la Coalición Juntos San José, Diego Miranda Méndez, denunció ante el Ministerio Público a sus compañeros concejales por presuntos nombramientos ilegales. En su denuncia, Miranda expuso que fueron asignados a juntas de educación en todo el cantón personas que tienen vínculos familiares, dirigentes del Partido Liberación Nacional e individuos que ni siquiera viven en la comunidad donde se ubica la escuela o colegio.
“No entiendo por qué brincan tanto si el suelo está parejo y creo que se están sulfurando más de la cuenta. Doña Patricia (Marín, regidora por el Partido Liberación Nacional), usted dice que no había ninguna advertencia respecto al procedimiento de nombramiento de las juntas hasta que llegó el pronunciamiento sobre la Municipalidad de Coronado, mentira. Nosotros hicimos un documento en diciembre de 2020 (...) Yo ese documento lo envié al correo del Concejo Municipal, estaba en la correspondencia del Concejo Municipal, le llegó a todos los regidores y regidoras, tengo prueba de ello, si quiere se lo puedo volver a dar si es que lo necesita, pero sí existían advertencias con respecto al mecanismo”, dijo Miranda durante la sesión.
En respuesta, el regidor Fernando Jiménez salió a defender su trabajo como presidente de la Comisión de Gobierno y Administración, que es la encargada de revisar las ternas enviadas por los centros educativos y velar porque los postulantes cumplan con los requisitos, como no contar con antecedentes penales.
“Quería decirle a los compañeros Miranda, a la compañera Tatiana (Bonilla, de Nueva República) y a la compañera Andrea (Rudín, del PAC) que, ahora que yo soy el presidente de esta Comisión, estoy basado exclusivamente en el Reglamento de Juntas de Educación. Quiero informarles y quiero decirles que no me estoy saliendo del Reglamento, aquí están las juntas que mandó el MEP y eso es lo que estamos votando”, expresó Jiménez.
En total, el Concejo Municipal designó a 15 personas de seis familias en cuatro colegios, seis jardines de niños y seis escuelas. Algunas de esas instituciones, de acuerdo con el Ministerio de Educación Pública (MEP), disponen de presupuestos hasta por ¢193 millones para el año 2022.
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Pese a lo que indica la normativa y a que existe un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República que ratifica que los concejos municipales solo pueden seleccionar miembros de juntas entre los nombres enviados en ternas por las escuelas y colegios, Reina Acevedo Acevedo, regidora por el Partido Liberación Nacional, insistió que ellos, en su condición de regidores, pueden proponer “dirigentes comunales”.
Uno de los casos más cuestionados es el de la Junta de Educación del Liceo de Costa Rica. Allí el Concejo Municipal nombró, en junio de 2021, personas ajenas a las ternas remitidas por el centro educativo, entre ellas Alejandra Madrigal Fernández. Luego del nombramiento, la Junta ordenó compras por ¢6,8 millones a favor de empresas de su pareja y su suegro, Juan José Mora Jiménez y Juan Guillermo Mora Ulloa.
El vínculo entre Madrigal Fernández, Mora Jiménez y Mora Ulloa fue denunciado por Jorge Trejos Montalbán, excontador público del Liceo de Costa Rica, el 6 de octubre de 2021, en el oficio TC-JALCR-1721 dirigido a Lenin Alvarado Porras, director del colegio.
En el escrito, Trejos Montalbán señala un aparente favorecimiento e incumplimiento de deberes pues, según expuso, Madrigal Fernández, asumió la recepción de cotizaciones y la ejecución de compras y, desde entonces, se realizaron varias contrataciones a favor de las personas mencionadas.
También encargaron desayunos para actividad a una tía de Madrigal Fernández por casi ¢1 millón.
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Cambio de modelo
Andrea Rudín, regidora municipal por el Partido Acción Ciudadana (PAC), fue más allá de la polémica por los nombramientos en las juntas escolares. Para ella, se necesita reformar el modelo de administración de centros escolares que le deja a las juntas el manejo de los recursos financieros. Solo en la Dirección Regional de San José Central, las juntas de jardines de niños, escuelas y colegios administran ¢14.000 millones.
“En mi opinión, lo que el país necesita es algo muy diferente al modelo actual, el país necesita que el manejo del dinero salga de esas juntas de educación y que las juntas tengan un propósito diferente, sería ideal que a nivel de Asamblea Legislativa eso se cambie, porque lo que ha sucedido es lo que está pasando en estos momentos, que hay que irse por la argolla de los directores (escuelas y colegios) o de los concejos municipales, no me refiero solo al Concejo Municipal de San José, sino en general”, comentó Rudín.
