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La Sala IV declaró inconstitucional el rebajo de ¢10.000 millones que la Asamblea Legislativa realizó al Fondo Especial para la Educación Superior Pública (FEES) en 2019, de acuerdo con la sentencia dictada este miércoles 3 de agosto, que dio la razón a los alegatos presentados por quienes ocupaban en aquel momento la Rectoría de las cinco universidades públicas.
“Se declara con lugar la acción; y, en consecuencia, se declara la inconstitucionalidad de incluir la rebaja al FEES en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2019, sin que la Asamblea Legislativa tuviera competencia para ejercer tal conducta al no existir el diferendo previsto en el artículo 85, de la Constitución Política”, se lee en la resolución.
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La Sala previno a la Asamblea Legislativa de que no puede volver a incurrir en esa conducta.
Rodrigo Arias, actual presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare), expresó la complacencia de las autoridades universitarias por la decisión del tribunal constitucional, que advierte al Poder Legislativo que lo acordado en la Comisión de Enlace (integrada por los rectores y representantes del Estado para definir el FEES) no puede ser modificado por la Asamblea Legislativa.
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“Es importantísimo este voto porque se basa en lo que establece el artículo 85 de la Constitución Política. Ese acuerdo al que se llega en la Comisión de Enlace es un acuerdo que la Asamblea Legislativa después no puede modificar, porque el artículo 85 así lo establece”, dijo Arias.
El Congreso, agregó el jerarca universitario, puede intervenir solamente si hay diferendo entre las universidades y el Poder Ejecutivo para llegar a dicho acuerdo.
En su acción de inconstitucionalidad, los rectores se quejaron de que el recorte violentaba el artículo 85 de la Constitución Política, según el cual, el Estado financiará la educación superior estatal, cuyas rentas “no podrá ser abolidas ni disminuidas, si no se crean, simultáneamente, otras mejoras que las sustituyan”.
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La propuesta del Gobierno para el FEES del 2019 fue de ¢511.154 millones, el mismo monto del 2018, pero incluido el 3% de inflación estimada por el Banco Central. Sin embargo, los diputados de ese momento aprobaron rebajarle ¢10.000 millones para trasladar ese presupuesto a la amortización de la deuda pública.
Aquel acto legislativo fue calificado por los rectores en la acción de inconstitucionalidad como una intervención “indebida” del Congreso.
