La Sala Constitucional acogió para estudio una acción contra la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9635) que presentaron las cinco universidades estatales.

Esas casas de enseñanza superior persiguen que se declaren inconstitucionales los artículos 5, 6, 11, 14, 17, 19 y 26 del Título IV de la Ley No. 9635 que establece la aplicación de la llamada regla fiscal, que pone límites de crecimiento al presupuesto de las instituciones pública.

Para los rectores de las 'U' públicas tales disposiciones son contrarias a los artículos 78, 84 y 85 de la Constitución Política. El primero de estos numerales establece la obligación de otorgarle el 8% del producto interno bruto (PIB) anual a la educación, los otros se refieren a la independencia universitaria y crea el fondo para estas instituciones, denominado Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

El argumento del Consejo Nacional de Rectores (Conare), integrado por los jerarcas de las cinco universidades públicas, es que las normas cuestionadas de la reforma fiscal violarían la Carta Magna en lo referente al FEES.

Este señalan "es un presupuesto que tiene un origen y un régimen de fijación y determinación constitucional propios, que la ley ordinaria no puede abolir ni derogar ".

Para 2020, se aprobaron ¢512.781 millones, con un crecimiento del 2,3% con respecto al 2019. La distribución de los fondos es la siguiente: la UCR recibe un 57,79%; la UNA, 23,40%; el Instituto Tecnológico de Costa Rica, 11,3% y la Universidad Estatal a Distancia (UNED), un 7,51%.

Aunque la UTN es una universidad pública e integrada al Consejo Nacional de Rectores (Conare), no recibe recursos del FEES, sino que el Ministerio de Educación Pública (MEP) le hace un giro por separado Estos serán ¢35.677,88 millones.

Al admitirse la acción, se confiere audiencia por quince días al Procurador General de la República, a la Contralora General de la República y a la Ministra de Hacienda, para su correspondiente descargo en este tema.

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Demanda contra el Estado

En mayo anterior, los rectores de las universidades públicas ya habían entablado una demanda contra el Estado por incluirlos en la normativa ligada a la reforma fiscal.

La gestión fue presentada ante el Juzgado Contencioso Administrativo contra los ministerios de la Presidencia, Hacienda, Planificación y Política Pública (Mideplán) y el Estado.

Se trata de una acción de nulidad contra el artículo 1.° inciso h) y el artículo 3.° Reglamento del Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, emitido el 18 de febrero por Mideplán. Ese título se refiere al empleo público.

Estas normas, específicamente, definen el ámbito de aplicación del reglamento que pone límites a incentivos como anualidades, dedicación exclusiva, prohibición, carrera profesional y cesantía.

Asimismo, plantearon una solicitud de medidas cautelares para evitar la aplicación de la normativa, mientras se resuelve la demanda de fondo.

En el trámite participaron los jerarcas de la UCR, Henning Jensen; de la Universidad Nacional (UNA), Alberto Salom; del Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec), Julio Calvo; de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), Rodrigo Arias Camacho, de la Universidad Técnica Nacional (UTN), Marcelo Prieto.

De ellos, solo Calvo ya concluyó funciones. En su lugar fue nombrado Luis Paulino Méndez.