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Tres meses es el plazo que tiene el Ministerio de Educación Pública (MEP) para reparar la Escuela Cartago, ubicada en Buenos Aires de Puntarenas, como debió haberlo hecho desde hace siete años, cuando el Ministerio de Salud giró la orden sanitaria que ha sido ignorada.
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Así quedó establecido en una sentencia de la Sala Constitucional, emitida el 29 de abril anterior, mediante la cual declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto por un ciudadano contra el MEP.
La orden sanitaria data del 9 de junio del 2015, pero no solo no fue atendida, sino que ni siquiera aparece en los registros de la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE), como afirmó la jefa de esa dependencia del Ministerio, Catalina Salas Hernández.
La escuela unidocente, que actualmente tiene solo dos alumnos, se encuentra en un estado total de deterioro.
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En el 2015, el Área de Salud de Buenos Aires ordenó al MEP presentar un propuesta formal, con cronograma incluido, con fecha probable de inicio y final de nuevas obras. Debía realizar mejoras en el aula de la escuela, que incluían dotarla de ventilación, reparar la cocina y el comedor, pintura general, cielorraso e instalar un lavamanos con sus accesorios.
También solicitó instalar pilas para el lavado de equipo, utensilios y accesorios; dotar al comedor de equipo para elaborar o recalentar los alimentos e instalar un sistema propio de suministro de agua apta para uso y consumo humano.
“No obstante, siete años después, no se ha dispuesto nada a esos efectos. De ahí que las condiciones actuales del centro educativo son deplorables. Ese proceder coloca a la comunidad estudiantil –por más pequeña que sea– y al docente en una situación en la que no se pueden desarrollar en un lugar seguro, tanto para recibir lecciones (derecho a la educación) como para laborar (derecho al trabajo en condiciones adecuadas)”, dijeron los magistrados.
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Cientos de escuelas
Datos a junio del 2021 suministrados por el MEP, revelan que 874 centros (19%) tienen una orden sanitaria por malas condiciones del inmueble. No obstante, la cifra podría ser mayor pues podría haber otras órdenes no registradas por la DIE, como ocurrió con el caso de la Escuela Cartago.
Según una radiografía de los 4.535 centros educativos públicos del país, realizada por Leonardo Sánchez, economista e investigador de la Universidad de Costa Rica (UCR), 4 de cada 10 centros (1.745) necesitan una intervención inmediata, al estar en categoría “muy deficiente” y “deficiente” de acuerdo al estado de su infraestructura.
Los restantes requieren mantenimientos continuos para evitar sus cierres en los próximos años, con la dificultad de que el MEP no destina recursos de manera generalizada y constante para ese fin.
Para evitar el cierre de escuelas en el futuro cercano, se debe invertir en mantenimiento hasta el 2026, cinco o seis veces más de los recursos destinados en este momento.
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Para el 2022, por ejemplo, el presupuesto de la DIE es de ¢11.000 millones, es decir, que se necesitarían ¢66.000 millones anuales para evitar su colapso.
Sánchez ocupa desde el 8 de mayo el cargo de viceministro de Planificación en el MEP.
