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La familia de Roxana Segura Quesada, de Alajuela, es una de las beneficiarias del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) del Consejo Nacional de Producción (CNP) ya que con su “pequeña” empresa de carnicerías, (carnes San Rafael y Carnes Tilín) actualmente abastece a 163 centros educativos, 76 Cen-Cinai y 21 unidades de los ministerios de Seguridad y de Justicia.
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En el año 2018, le vendió a esas instituciones ¢1.100 millones; en 2019, ¢1.232 millones y, en 2020, ¢1.752 millones. Sin embargo, esta familia no cría una sola cabeza de res, se dedica a revender las carne de otros productores, funciona como intermediario y se considera “pequeña” empresa
Justamente, esto fue lo que le cuestionaron a Quesada este jueves en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, a donde ella acudió como parte del Comité Nacional del PAI que se creó con el objetivo de “defender al micro pequeño y mediano productor” de dicho Programa.
El foro legislativo investiga las irregularidades en el CNP en cuanto a sobreprecios, mala calidad y la presencia de intermediarios en la venta de alimentos que se hace a las instituciones públicas. Quesada y otros miembros del comité pidieron asistir a esta comisión para defender el sistema PAI.
Según indicó Quesada, sus padres son los dueños de Carnes Tilín y carnes San Rafael es propiedad de su hermano Óscar Segura; ella figura como representante legal de Carnes Tilín. Todos, con sus ventas de carne a entidades públicas, se dejaron, en 2020, el 2% de los ¢92.000 millones anuales de ventas del PAI.
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¿Cuántas reses producen ustedes al año? Le cuestionó el diputado liberacionista, Carlos Ricardo Benavides, a la integrante del Comité Nacional del PAI.
“No tengo por año, no lo sé. Tenemos varias opciones. Hay un principio muy importante en relación con el CNP, es que nosotros tenemos y debemos en el sentido de generar un sistema en el cual ‘microsproductores’ también se integran en toda esta cadena”, respondió Segura.
Benavides repreguntó: ¿Cuántas cabezas de ganado tiene su empresa?
“Ahorita estamos en un proceso, ahorita desarrollando eso. Ahorita, no tenemos”, declaró la alajuelense.
¿Usted lo que me está diciendo es que su empresa se dedica a revender carnes al CNP?, siguió cuestionando el liberacionista a la empresaria.
“Vamos a ver, depende del término que usted quiera utilizar en este caso, no es revender carne. Nosotros lo que utilizamos es una cadena, un encadenamiento con personas que tienen sus crías de ganado, pero que ellos no tienen el mecanismo para poder procesarlo”, manifestó Segura, quien no detalló a qué precio le compran esa carne a los productores ni a cuánto se la venden ellos a las instituciones públicas.
Entonces, el liberacionista insistió: “lo entiendo perfectamente, ¿ustedes son intermediarios de carne?”
“Pues si usted lo quiere ver así, sí. Colaboramos en esa cadena productiva”, reconoció Segura.
Mucho dinero en pocas manos
La Nación publicó el 29 de julio del año pasado que en manos de 26 de los 312 proveedores del CNP) quedó el 45% del presupuesto que esa institución destinó en el 2020 para compras de alimentos de escuelas, cárceles, policías y hospitales.
Solo el 8,3% de los contratistas obtuvo ¢41.300 millones. Cada uno recibió pagos por más de ¢1.000 millones ese año, de acuerdo con datos suministrados por el propio Consejo a solicitud de La Nación.
Lo anterior ocurre a pesar de que el artículo 3 de la Ley Orgánica del CNP dispone que debe haber una “distribución equitativa de los beneficios” que genere esa entidad entre los productores.
Igualmente, el artículo 9 estipula que la prioridad de contratación la tienen micro, pequeños y medianos productores agropecuarios, agroindustriales, pesqueros y acuícolas.
Eso es lo que las autoridades defienden cada vez que se les cuestiona por los sobreprecios a los que venden los proveedores a las instituciones, los cuales van de entre un 10% a un 70%, según dijeron diferentes funcionarios, tanto del Ministerio Educación Pública (MEP) , la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la Contraloría General de la República ante esa misma comisión.
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Justamente, la presencia de intermediarios y el margen de ganancia del CNP por la comisión es lo que encarece los precios a las instituciones públicas que sí lo compran directamente a un proveedor.
“Pequeña empresa”
La empresa familiar de Quesada no solo es proveedora del CNP, sino que también vende por aparte a clientes privados. Benavides le cuestionó por qué ellos están catalogados como “pequeña empresa” si por sus ganancias no califican como tal.
Quesada dijo desconocer cuál es la fórmula que usa el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) para definir la categoría de su empresa, que ella solo entregaba la documentación que le solicitaban.
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“Aquí se hacen argumentos ideológicos de que estamos beneficiando a los pequeños productores, sí, pero también a los pequeños, medianos y empresarios e intermediarios. Tienen razón de defenderse, si tienes un mercado cautivo de ¢92.000 millones, por supuesto yo también seguro lo defendería con dientes y garras.
“Una empresa que vende mil y pico de millones al año, todos los años, un proveedor que es el Estado solo un comprador (...). Está lejísimos de ser lo que uno supondría que quiere el sistema; lo que hace el CNP es defender una empresa que vende miles de millones al año. No es cierto que esté dedicado a defender a pequeños productores”, fustigó el diputado Benavides.
