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Junto con la defensa del salario o los pluses que reciben los maestros, las organizaciones sindicales en educación también se han convertido en el principal respaldo de docentes denunciados por acoso o abuso sexual, en su gran mayoría, en perjuicio de alumnas.
En 2017 y 2018, los abogados sindicales han tramitado los casos y defendido a 113 educadores, todos hombres, que fueron señalados por estudiantes, de escuela y colegio, por tocamientos, insinuaciones y proposiciones de tipo sexual a cambio de notas. En su gran mayoría, las denunciantes son mujeres: niñas de escuela o adolescentes de colegio.
El objetivo principal de la defensa que ejercen es evitar el despido del denunciado al que se le abre un procedimiento administrativo. El despido es el castigo más grave en esta vía si se comprueban los hechos.
Para defender a los docentes de las acusaciones de las alumnas, los abogados alegan, entre otras razones, mentiras y montajes de las denunciantes.
Según información suministrada por la Unidad de Procedimientos Especiales del Ministerio de Educación Pública (MEP), encargada de hacer las investigaciones, el principal sindicato que defiende a los denunciados es la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) el cual, en 2017 y 2018, representó a 86 denunciados.
La razón es que es en los colegios donde más se presentan las denuncias por faltas de connotación sexual.
El Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC) defendió a 12 personas en esos años, la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) a 14 y la Unión de Conserjes de Educación Pública y Afines (Ucepa) a uno.
Entre 2012 y 2018, el Ministerio de Educación Pública (MEP) recibió 943 denuncias, principalmente de alumnas contra sus profesores (hombres) por faltas de índole sexual, especialmente en colegios.
El año pasado se recibieron 199 denuncias: 128 por hostigamiento, 37 por abuso sexual, 14 por relaciones impropias y 20 por faltas de connotación sexual, como pornografía infantil.
De los 199 denunciados, 195 son hombres y 167 son educadores. Las denunciantes son casi todas mujeres (189).
El año pasado, de los 225 casos que se tramitaban (algunos del 2017), 52 terminaron en despido y 57 en suspensión sin goce de salario.
Hay 116 casos que terminaron en absolutoria, archivo o procedimiento suspendido, no necesariamente porque el acusado no cometiera la falta, si no porque la víctima desistió del caso por lo engorroso que era el proceso.
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Las denuncias que se reciben en un año, no necesariamente se tramitan y resuelven en ese mismo periodo. De ahí que no coincidan el número de quejas con la cifra de casos que asumen los abogados sindicales.
De acuerdo con las mismas organizaciones sindicales, su misión se enfoca en la defensa de los derechos laborales de los afiliados, sin que se haga mención de la defensa en este tipo de procesos donde las presuntas víctimas son los menores de edad.
“Principio de inocencia”
Lo sindicatos defienden a los denunciados al tiempo de que en el artículo 54 de la convención colectiva se comprometen a prevenir y enfrentar el acoso sexual.
Ese artículo indica: “El MEP reafirma el compromiso de enfrentar decididamente toda manifestación de acoso sexual. Para tales efectos, en coordinación con la coalición sindical (SEC-SITRACOME- ANDE), programará campañas de educación y sensibilización para prevenir el acoso sexual, en todas las dependencias del nivel central, regional y centros educativos”.
APSE y Ucepa no forman parte de la convención colectiva.
El “principio de inocencia" es una de las razones que dan los sindicatos para defender a los señalados por estas conductas.
“En el caso de ANDE, dentro de sus políticas, tiene claro que es una práctica de violencia que no debe ser permitida. Eso no implica que casos particulares se puedan defender dentro de los límites del principio de inocencia. Toda persona trabajadora tiene derecho a su defensa. ANDE realiza un análisis jurídico profundo y valora la viabilidad de una defensa técnica, en cada caso en particular”, respondió Gilberto Cascante, presidente de la ANDE.
La APSE indicó que cada persona afiliada tiene derecho a solicitar ante el departamento legal asistencia en procesos laborales.
“Como ocurre en todo trámite legal, hay derecho a la presunción de inocencia de cada persona acusada, por lo que el servicio de asesoría legal se les brinda con el mismo profesionalismo que a cualquier otra persona afiliada”, dijo Mélida Cedeño, presidenta de la APSE, quien recalcó que ellos no forman parte de la convención colectiva, “pero sí mantienen un compromiso total contra las prácticas de acoso y el hostigamiento sexual”.
El SEC no respondió las consultas enviadas por este medio.
Argumentos como: ‘el teléfono les fue robado’
Dahiana Chacón, jefa de la Unidad de Procedimientos Especiales del MEP, dijo que los argumentos de defensa que utilizan los docentes, por medio de sus abogados, para salir librados del proceso en su contra, incluyen alegar mentiras y montajes de las denunciantes.
“Los argumentos son muy variados, esto es muy casuístico, pues va a obedecer a la falta particular que se investigue, De ahí que es difícil precisar. Sin embargo, a modo de ejemplo, muchos tratan de defenderse indicando que tienen muchos años de servicio, que son ejemplares en la comunidad, que las estudiantes mienten, que se trata de un ardid para perjudicarlo, y en caso de que la falta se haya cometido por medio de mensajes vía red social, alegan que el teléfono les fue robado, o que fue un tercero que se hizo pasar por ellos”, explicó Chacón.
El MEP solo tiene datos de cuántos procesos han llevado los abogados de sindicatos en 2018 y 2017 ya que, antes de esa fecha, las estadísticas no eran tan precisas.
Chacón dijo que, dependiendo de la gravedad, las denuncias se trasladan a la vía judicial, en el caso de abuso sexual, todos se llevan a esta vía pues eso está tipificado como delito.
Mientras se realiza la investigación administrativa o judicial, los denunciados eran reubicados en oficinas regionales del MEP, según lo establecía el artículo 24 del Estatuto del Servicio Civil.
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Sin embargo, a partir de este 2019, el ministro de Educación, Édgar Mora, dio la instrucción de apartar “de inmediato” del sistema educativo a los docentes que sean denunciados por violación, abuso o acoso sexual, relaciones impropias, distribución de pornografía o cualquier otra falta de connotación sexual.
Ya no se les va a reubicar, si no que se les suspende para evitar el riesgo de que surja una nueva víctima dentro del MEP.
