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En la Universidad de Costa Rica (UCR), los profesores con mayor salario no son, necesariamente, los de mejor productividad académica, sino más bien los de mayor antigüedad en esa casa de estudios.
Esta fue una de las conclusiones de la Comisión para el Análisis del Sistema de Administración de Salarios que se formó en la UCR, en 2013, con el fin de revisar el sistema de remuneraciones de la institución y hacer propuestas encaminadas al equilibrio financiero.
Pese a la propuesta para hacer cambios y llegar a un sistema de remuneración que privilegie el reconocimiento de la producción académica antes que los años de servicio, en estos casi siete años todo sigue igual.
De acuerdo con el primer informe de la Comisión, entregado en 2015, se estudiaron los efectos del incentivo de la anualidad a partir de 2010, luego del incremento de 3% a 5,5%, por decisión del Consejo Universitario y pese a las advertencias de la Contraloría institucional de las consecuencias financieras en el futuro.
La medida se tomó durante la gestión de Yamileth González García, como rectora, en setiembre de 2009.
También en ese año se rompió el tope de 30 anualidades, otra decisión que tuvo consecuencias en el desequilibrio financiero.
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Según las conclusiones de esa comisión interna, el sistema de incentivos de la UCR premia los incrementos “vegetativos”, como lo es la anualidad o el escalafón, “en detrimento del mérito académico”, cuyo porcentaje, como parte del salario, se ha mantenido estable o con una tendencia leve hacia la baja.
“Esto provoca el efecto indeseado de que no necesariamente son los docentes con mayor productividad académica quienes tienen una mejor retribución salarial, sino más bien aquellos con mayor antigüedad de laborar en la Universidad. Esta situación llama a la reflexión y hace ver la necesidad de identificar un sistema de remuneración que privilegie el reconocimiento de la producción académica frente a los años de servicio”, explicó la Comisión.
Ese grupo de estudio comparó cómo han variado con los años los porcentajes que representan los distintos componentes del salario total (salario base + escalafón + anualidad + régimen académico + otros rubros).
El “escalafón” se pagaba en 2018 a cerca de 5.000 profesores que forman parte del Régimen Académico y Servicio Docente. Se otorgan escalafones al pasar de una a otra categoría docente con base en méritos académicos y experiencia. Un “escalafón” equivale a 3% más del salario base.
Las categorías son interinos, instructores, adjunto, asociado y catedrático.
El régimen académico, entretanto, es un sobresueldo que se otorga en forma escalonada por los méritos académicos acumulados por el profesor en la categoría en que esté ubicado.
En 2008, antes del incremento de la anualidad, el salario base conformaba el 41,7% del salario total; el escalafón un 11,1%; la anualidad, un 29,2%, el régimen académico un 9% y otros rubros el 9%.
Los efectos de ese aumento eran claros en el 2014: el salario base conformaba el 37,5% del sueldo total; el escalafón un 10,5%; la anualidad, un 34,6%, el régimen académico un 8,4% y otros rubros el 9%.
El informe final de la Comisión, alertó de que el incremento del porcentaje de anualidad del 2009 atentó “contra la sostenibilidad financiera de la institución en el corto plazo” , lo cual constituía una “amenaza” a la ejecución de la actividad sustantiva de la Universidad.
Por este motivo, la UCR derogó, en 2017, el acuerdo del 2009. La anualidad, a partir de ese año, fue de 3% sobre salario base más pluses. No obstante, en febrero del 2019, la Administración de la UCR y el Sindicato acordaron aumentar la anualidad al 3,75% (salario base+pluses).
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Unos meses después, el entonces rector, Henning Jensen, admitió que pagar un 3,75% de la anualidad sobre el salario bruto (base más pluses) a los docentes era “insostenible” para la universidad.
En 2020, se presupuestaron cerca de ¢65.600 millones para ese incentivo, con ese porcentaje.
Un año después, en la gestión de Carlos Araya, se resolvió reducir ese incentivo al 1,94% sobre el salario base, como lo establece para todo el sector público la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (número 9635), aprobada en diciembre del 2018. Eso sí, esa decisión se aplica mientras el Poder Judicial resuelve si las universidades públicas deben apegarse a la reforma fiscal.
En el caso del incentivo del escalafón, el mismo se congeló en 2019 para docentes y en 2020 para administrativos. Eso significa que si un docente en 2019 había logrado recibir ₡100.000 de escalafón, ese es el monto que va a recibir todos los años, ya no aumenta, como antes.
La Comisión que hizo el análisis e informe en 2015 la conformaron nueve personas: Carlos Araya Leandro, Carolina Calderón Morales, Juan Diego Rojas Jiménez, Pablo Marín Salazar, Luis Baudrit Carrillo, Miguel Guzmán Stein, Antonio Leoni de León, Adolfo Rodríguez Herrera y Max Alberto Soto Jiménez.
Brechas entre empleados
La Comisión añadió una circunstancia adicional que “agravará la situación en el corto plazo”.
“Como resultado de los cambios en los regímenes de pensión, se puede prever que el promedio de edad de jubilación de los funcionarios universitarios aumentará en los próximos años.
“Con el sistema de pago actual de anualidad, esto provocaría un incremento considerable en la razón régimen de mérito, lo que aceleraría y profundizaría la amenaza sobre la sostenibilidad financiera de la institución, además de que incrementaría las brechas salariales entre personas que realizan una misma labor, por el simple hecho de que algunas de ellas cuentan con un mayor número años laborando para la institución”, dijo.
Según el informe, el gran peso en el rubro de remuneraciones que provocó la anualidad, combinado con los cambios en los regímenes de pensiones, tiene otro efecto negativo, que es el retardo de la jubilación.
“Se incentiva a los docentes y administrativos a postergar su retiro, pues la brecha entre lo que recibirían como pensión y lo que reciben como salario se va incrementando con los años, lo cual dificulta la renovación del cuerpo docente y amarra al personal a la Universidad cuando en otro caso hubieran preferido jubilarse”, explicó.
La Nación solicitó a la UCR los datos de la edad que actualmente tienen los 9.962 funcionarios.
Hay 12 que tienen más de 75 años; 122 están entre los 66 y 75 años; 1.661 entre 56 y 65 años; 2.365 entre los 46 y y 55 años y 3.398 entre 36 y 45 años.
Finamente, hay 2.298 (23%) que tienen de 18 a 35 años.
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Las consecuencias de las decisiones del pasado todavía le pasan factura a la UCR en sus finanzas. El pasado de 21 de marzo, el rector de la institución, Gustavo Gutiérrez Espeleta, anunció la creación de una nueva comisión para analizar el régimen salarial.
Esta comisión se creó, según la institución, con el fin de reformar la estructura salarial de ese centro de estudios que recibe el 57% del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
Este 2020, a la UCR le correspondieron ¢260.285 millones del FEES, de los cuales ¢211.962 millones fue para pago de salarios y pluses.
La creación de un nuevo foro fue parte de los compromisos que los rectores de todas las universidades públicas adquirieron en febrero para revisar las políticas salariales, con tal de ser excluidos del proyecto de Ley Marco de Empleo Público que pondría fin al sistema de pluses e incentivos en el sector público y que se discute actualmente en la Asamblea Legislativa.
En 2 de marzo, los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración excluyeron a las universidades públicas del proyecto, gracias a una moción que les entregaron las mismas cúpulas universitarias. Otra moción intenta regresarlas al plan.
