EscucharLa Sala Constitucional admitió para estudio un recurso de amparo interpuesto por dos estudiantes del Liceo de Costa Rica contra la decisión de trasladar un terreno de ese centro educativo para el proyecto Ciudad Gobierno.
El alto tribunal le dio curso a la gestión el 28 de agosto, cuando otorgó tres días al Ministerio de Educación Pública (MEP), al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), a la cartera de Vivienda y a la Junta Administrativa del Liceo para que presenten un informe sobre la situación.
Este amparo se tramita bajo el expediente No. 23-019814-0007-CO.
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Según Francis Tejada, representante de los estudiantes, no impedirán el progreso con Ciudad Gobierno, pero tampoco que despojen al centro educativo de un terreno de su propiedad.
“Lo que no es de recibo es que no le den al Liceo su condición de propietario y pretendan despojar una propiedad vía reglamento, la cual fue otorgada al Liceo por Ley”, manifestó Tejada.
Según indican los estudiantes en el amparo, el valor del inmueble asciende a ¢4.000 millones, dinero que sería de provecho para el colegio.
“Podría emprender muchos proyectos en beneficio de estudiantes, en su mayoría población marginal, que podrían ver ensanchados sus sueños y proyectos con las mejoras tecnológicas e infraestructurales que se le podrían dar al Liceo”, indicaron entre sus alegatos.
Este caso también se conoce en la vía contencioso administrativa, desde junio pasado.
El inmueble
Los recurrentes piden a los magistrados anular la cláusula quinta del “Convenio de Cooperación Interinstitucional”, donde se acuerda realizar acciones útiles y necesarias para el traspaso del inmueble.
El terreno se daba en alquiler al MOPT para albergar sus talleres. Por ese arrendamiento, el Liceo de Costa Rica obtenía unos ¢16 millones mensuales que le permitían pagar servicios.
Según informó el Poder Ejecutivo el 9 de junio, ese día firmó un convenio con el Liceo para usar el lote de 10.000 metros cuadrados en el proyecto para levantar un complejo de edificios estatales.
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No obstante, la firma del acuerdo estuvo rodeada de cuestionamientos. Rodrigo Soto, integrante de la Junta Administrativa del Liceo, denunció presiones del Gobierno para que el centro educativo renunciara al terreno, ubicado entre las avenidas 20 y 22, en Plaza González Víquez, San José.
Soto afirmó que el MEP les propuso firmar el convenio a cambio de continuar pagando los servicios públicos, conserjes, cocineras y otros que, en la actualidad, son cubiertos con el pago de alquiler del MOPT.
