EscucharEl Gobierno tiene hasta el martes 27 de junio para contestar y ofrecer pruebas en relación con el terreno, propiedad del Liceo de Costa Rica, que se pretende utilizar como parte del proyecto Ciudad Gobierno.
La orden fue emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo, el cual analiza una gestión presentada por el presidente del Gobierno Estudiantil de ese centro educativo, Fernando Orozco, y un egresado, quienes solicitan la detención de las obras.
De acuerdo con los demandantes, el Ministerio de Educación Pública (MEP), “basándose en un reglamento, y presionando a la Junta de Educación, se adueñó de una propiedad de ese Liceo”.
El terreno era alquilado al Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) para albergar sus talleres. Por ese alquiler, el Liceo de Costa Rica obtenía unos ¢16 millones mensuales que le permitía pagar servicios.
“Esa propiedad fue donada a este colegio mediante una ley, para ampliar sus instalaciones, por lo que a su entender no se puede traspasar mediante un reglamento que tiene un rango inferior, según la ley”, indica la demanda.
La gestión judicial fue presentada el miércoles 21 de junio y un día después, el juez José Solano conoció el caso y resolvió darle tres días al Estado para que presenten un descargo. Sin embargo, no aprobó la medida solicitada de frenar el proyecto de construcción en uno de los terrenos del liceo.
Denuncia de ‘chantaje’
Según informó el Poder Ejecutivo el 9 de junio, ese día firmó un convenio con el Liceo para usar el lote de 10.000 metros cuadrados en el proyecto para levantar un complejo de edificios estatales.
No obstante, la firma del acuerdo estuvo rodeada de cuestionamientos. Rodrigo Soto, integrante de la Junta Administrativa del Liceo de Costa Rica, denunció presiones del Gobierno para que el centro educativo renunciara al terreno, ubicado entre las avenida 20 y 22, en Plaza González Víquez, San José.
Soto afirmó que el Ministerio de Educación Pública (MEP) les propuso firmar el convenio y a cambio continuaría pagando los servicios públicos, conserjes, cocineras y otros que, en la actualidad, son cubiertos por el alquiler desembolsado por el MOPT.
“Es un chantaje, es un chantaje. Nos torcieron el brazo, sencillamente eso es como decir: acepta o cierra. Es así de sencillo”, comentó.
La jerarca de Educación, Anna Katharina Müller Castro, negó las presiones por el terreno.
