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Las universidades públicas acumulan ¢151.648 millones en inversiones en bancos provenientes de dinero que no utilizaron de presupuestos anteriores. Mientras tanto, reclaman la necesidad de más recursos.
Ese fondo les deja en conjunto a las cinco universidades públicas ¢12.460 millones en intereses anuales. Lo tienen en instrumentos de inversión del Sistema Bancario Nacional o puestos de bolsa. Se trata, por ejemplo, de bonos de Gobierno, fondos de inversión, certificados a corto o a largo plazo; inversiones o títulos.
El monto fue dado a conocer por el diputado liberacionista, Wagner Jiménez, presidente de la Comisión que investiga el uso de los recursos del FEES. Los datos, que son del 2017, le fueron suministrados por la Contraloría General de la República (CGR).
Para Jiménez estos son “dineros ociosos” que podrían estar siendo invertidos en las sedes regionales, admisión y el programa de becas.
“Las autoridades de las universidades públicas cometieron un error grave al decirle al país que no tendrían los recursos para becas y regionalización, porque, según la propia Contraloría General de la República, las cinco casas de enseñanza tienen ¢151.648 millones colocados en inversiones, las cuales han generado ¢12.400 millones en intereses”, dijo el legislador.
A pesar de la existencia de esta reserva, los rectores de las casas de enseñanza reclaman crecimiento del Fondo Especial para la Educación Superior Pública (FEES) y cuestionaron, ante la Sala Constitucional, el recorte hecho por los diputados, en 2018, de ¢10.000 millones de la transferencia que les hace el Estado.
Además, el mes pasado, convocaron a los estudiantes a una marcha para defender su presupuesto ante la orden del Ministerio de Hacienda de usar ¢70.000 millones del FEES en infraestructura y equipos en vez de emplearlos en gastos corrientes.
La decisión de Hacienda se basó en un compromiso de los mismos rectores de destinar ese monto a inversión, el cual quedó plasmado en el convenio del Fondo para el 2020.
La medida de Hacienda, según las autoridades universitarias, ponía en riesgo el funcionamiento de las instituciones e incluso hablaron de la posibilidad de un cierre técnico, peligro en becas y en contratación de docentes.
Ante gestiones de los rectores, los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios recortaron a la mitad esa obligación (a ¢35.000 millones). Sin embargo, los rectores mantuvieron la convocatoria a la marcha, y el reclamo de supuestas necesidades, a pesar de que la solución se trabajaba desde setiembre.
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Al final, lograron un compromiso del Gobierno de no interferir más en el uso del dinero que se le entrega a las universidades.
La Universidad de Costa Rica (UCR) es la que más dinero tiene invertido: ¢91.428 millones, lo que le ha generado ¢6.219 millones en intereses anuales. Este es el centro el que más recursos recibe del FEES (57,79%) que para 2020 será de ¢512.781 millones.
La Universidad Nacional (UNA) recibe el 23,40% del Fondo; el Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec) 11,3%; y la Universidad Estatal a Distancia (UNED) un 7,41%.
La Universidad Nacional (UNA) tiene invertidos ¢33.955 millones; el Tec ¢6.296 millones; la UNED ¢5.617 millones y la Universidad Técnica Nacional (UTN) ¢5.941 millones.
Razones
Durante la comparecencia del rector de la UCR, Henning Jensen, ante la comisión de diputados que investiga el uso del FEES, el congresista Jiménez le cuestionó el hecho de tener esos recursos a pesar de las necesidades que ellos alegan tener. Jensen contestó que esas partidas no se pueden tocar para esos casos.
“Son partidas totalmente diferentes, no podemos utilizar partidas de inversión para asumir otros gastos como, por ejemplo, aquellos que están definidos en los presupuestos para becas y los de investigación”, expresó el rector.
Consultado al respecto, agregó, de forma muy escueta, que los intereses generados por esas inversiones son utilizados para gastos operativos (becas, investigación, servicios) y que, al 2019, la cifra de inversiones en la banca pública es de ¢73.000 millones.
Alberto Salom, rector de la UNA, manifestó que ese dinero que tienen invertido, en bonos de Gobierno y certificados en bancos del Estado, proviene de superávit acumulado (dinero de presupuestos anteriores no ejecutado) y que no se puede usar para gasto corriente.
“Yo no podría (con esos recursos) dar plazas, contratar profesores, ni dar becas, que serían gastos de operación, no podría hacerlo. Esos recursos solamente pueden usarse para inversión de capital. Esa masa de recursos que tienen las universidades acumuladas, no las voy a guardar debajo del colchón, lo mas prudente es ponerla a ganar intereses los cuales se utilizan para lo mismo, para abultar la masa de recursos de inversión de capital, porque no se pueden usar para otra cosa”, manifestó el rector.
Salom dijo que buena parte de esos recursos que tienen invertidos es dinero que está comprometido porque está asignado a obras en proceso. Añadió que, en el caso de la UNA, ese fondo acumulado proviene de recursos del FEES.
Manifestó que los recursos se acumulan desde hace al menos cinco años. Según él, se comenzó a nutrir más porque cuando entró a la Universidad, en 2015, le dio prioridad para que se ejecutaran los $50 millones del préstamo del Banco Mundial para construcción de edificios. Explicó que si no ejecutaba ese dinero “se lo quitaban”.
“Las obras construidas con recursos del Banco Mundial tenían prioridad, no permitimos que se construyera ningún otro edificio porque la capacidad estaba al tope. Era imposible que no se diera esa acumulación (de los ¢33.925 millones), por lo tanto, nosotros invertimos los recursos mientras no los podemos formular presupuestariamente para ejecutar. Los invertimos en los bancos del Estado y creemos que hacemos bien porque eso dinamiza la economía del país”, explicó el rector.
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Según información de la CGR, en el 2018, la UCR tenía un presupuesto total de ¢404.644 millones. De ese monto, registró un superávit de ¢79.281 millones (19,5%). En la UNA, ese año se tenía un presupuesto de ¢174.357 millones. No ejecutó el 25,4% , o sea, ¢44.342 millones.
En el caso de la UNED, del presupuesto de ¢100.993 millones que tenía el año pasado, no ejecutó ¢41.116 millones (40%). El Tec por su parte tuvo un presupuesto en 2018 de ¢76.805 millones y no ejecutó ¢8.062 millones (10,4%).
Por último, en el caso de la UTN, esta universidad tuvo un ingreso de ¢45.801 millones el año pasado y un superávit de ¢4.852 (10,5%).
El diputado Wagner Jiménez le dijo al rector Henning Jensen que emplear los recursos que ellos tienen en los bancos del Estado “debería ser la prioridad para su gestión y el Consejo Universitario”.
“¿No se puede? Bueno, busquemos porqué no se puede, pidamos autorizaciones a la Contraloría, busquemos la creación de nuevos renglones presupuestarios, para eso está la autonomía también. No es posible que la UCR tenga dinero ganando intereses en bancos públicos y haya sedes regionales con estados deplorables, eso hay que corregirlo. Si hay limitaciones del marco jurídico, hay que buscar cómo removerlas para que esos borbollones se puedan liberar”, le expresó el diputado al rector.
