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La Universidad de Costa Rica (UCR) calificó de ‘inadmisible’ la propuesta del Gobierno de recortar en ₡65.000 millones el FEES del 2020 ante el golpe que la pandemia produjo sobre las finanzas del país.
Carlos Araya Leandro, rector de esa casa de enseñanza fundamentó su rechazo al planteamiento en el hecho de que Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) es creado por norma constitucional.
“La propuesta del Ejecutivo es inadmisible por tanto va en contra del artículo 85 de la Constitución Política, que señala que los fondos del FEES no se pueden disminuir si no hay rentas adicionales que compensen esa disminución. Yo en mi condición de rector del gobierno de transición de la Universidad de Costa Rica, juré respetar y defender la Constitución Política y las leyes de la República y por supuesto nuestro Estatuto Orgánico”, expresó Araya.
A pesar de las manifestaciones, reconoció que es “evidente” la crítica situación económica del país.
“Ya lo era, y con la emergencia sanitaria y la disminución de los ingresos actuales, hace que la situación se convierta en asunto de verdadera emergencia”, admitió.
La propuesta de recorte la hicieron los ministros de la Presidencia, Educación y Hacienda, Marcelo Prieto, Guiselle Cruz y Elián Villegas, respectivamente.
Fue presentada a los rectores de las cinco casas de enseñanza en una reunión que sostuvieron este miércoles en Casa Presidencial. El Ejecutivo justificó la solicitud en el impacto de la emergencia sanitaria en la recaudación de impuestos.
El gobierno les pidió a las universidades públicas bajar tanto los gastos corrientes (salarios, suministros y servicios, principalmente) como los de capital.
Según Araya, el gobierno planteó entre sus argumentos que “la Contraloría General de la República emitió un estudio en el cual detalla el faltante de recursos que el Gobierno Central tendrá al finalizar el presente año (2020), producto de la disminución de ingresos como parte de la emergencia sanitaria y la crisis económica”.
Además, añadió el rector, alegaron que el faltante adicional de recursos estimado para el año equivale al 3% del producto interno bruto (PIB).
Para reponer ese monto, les explicó el gobierno, tienen que recurrir a la reducción del gasto.
Se buscará reducir gasto en 1% del PIB, lo que equivale a unos ₡355.000 millones.
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“Siempre hemos sido defensores de la institucionalidad de Costa Rica y por ende de la Constitución Política, así que nuestra posición es seguir defendiendo lo establecido por la Constitución, pero estamos en la mejor disposición de llegar a un entendimiento siempre dentro de ese marco”, manifestó el rector.
Insistió en “que se buscarán vías para que el fondo no se reduzca y no se lesione el cumplimiento constitucional”.
Representantes universitarios y del Ejecutivo se reunirían nuevamente a las 3 p. m. de este viernes, pues el tema es prioritario para que el gobierno envíe su propuesta de presupuesto extraordinario al Congreso.
“Posiblemente trabajaremos hasta la hora que sea necesaria para llegar a un entendimiento”, adelantó.
