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Sin dejar de defender el presupuesto constitucional para las universidades públicas, los estudiantes comenzaron a cuestionar sobre uso que se le da y exigen a las autoridades de las casas de enseñanza frenar los abusos salariales y volcar su mirada a los alumnos.
Esta es el mensaje de Noel Cruz, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (FEUNA), y Andrea Chacón, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR).
Ellos, en alianza con la Federación de Estudiantes del Instituto Tecnológico (FEITEC), presentaron ante rectores, diputados, y Poder Ejecutivo un pliego de demandas para fortalecer la educación pública.
Entre sus peticiones están la rendición activa de cuentas por resultados, garantizar la sosteniblidad financiera sin detrimento de la calidad de la educación ni de los servicios estudiantiles, el crecimiento del presupuesto de becas de acuerdo a la inflación y la representación estudiantil dentro de la toma de decisiones y discusiones del Consejo Nacional de Rectores (Conare).
“No se trata solo de defender el presupuesto de la educación pública sino de una revisión autocrítica de la gestión interna de la universidad”, dijo Cruz.
“Parte de lo que planteamos es la necesidad de que la gestión universitaria esté alrededor de los estudiantes porque es algo que se ha perdido y es nuestra responsabilidad como representantes estudiantiles posicionar ese tema. Se ha perdido que el centro de la universidad sea el estudiantado. El centro de la 'U' en este momento yo no podría decirle cuál es, es el prestigio internacional, es la investigación, pero los estudiantes estamos pasando a un segundo plano”, aseveró Chacón.
Según el documento, su lucha es por el presupuesto de las universidades, pero consideran que a nivel interno se debe ejercer criticidad en la forma en que se invierten los recursos, denunciar los abusos y visibilizar la situación de las universidades en relación con la sostenibilidad financiera , la calidad académica y la gestión administrativa de la educación superior.
Más becas
Como presidente de la federación de los estudiantes de la UNA, Cruz solicitó a las autoridades universitarias renegociar la convención colectiva con el fin de que los recursos se dirijan “prioritariamente” al fortalecimiento de las becas.
Actualmente, el 85% del presupuesto de la UNA se usa para pagar salarios y, según Cruz, un 6,7% para becas.
Considera abusivas cláusulas como una anualidad de un 4% sin tope de crecimiento ni ligada a una evaluación del desempeño (en el Gobierno Central, la anualidad ronda entre el 1,94% y el 2,54%), y el hecho de que la convención no pueda ser denunciada por una sola de las partes.
Para el 2020, el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) será de ¢512.781 millones; de ese monto, la Universidad Nacional recibirá el 23,4% (¢119.000 millones). La matrícula de alumnos en la UNA, ronda los 19.000.
“La preocupación es que para el 2028, el 100% del FEES se va invertir en salarios (según el Estudio Técnico de Sostenibilidad de la Universidad Nacional). Lo estratégico es invertir en los estudiantes porque permite la movilidad social.
"La beca socioeconómica que le dan a los estudiantes (la más alta de ¢139.800, según la FEUNA) es muy poca para pagar alimentación, transporte, algunos pagan alquiler, útiles. Si alguien viene de lejos, no alcanza”, manifestó el estudiante de Relaciones Internacionales, quien reconoce que al menos hay buena cobertura.
Este estudio de sostenibilidad identificó una “desenfrenada” tendencia de contratación de personal administrativo, por lo que los alumnos pidieron que evalúe la idoneidad y justificación de todos esos puestos, así como la fijación de parámetros técnicos para el otorgamiento de incentivos como dedicación exclusiva, prohibición y disponibilidad. También pidieron regular las horas extra.
Otra de las demandas es la adhesión de la UNA al Sistema de Compras Públicas (Sicop) para racionalizar el uso de los recursos públicos al garantizar que el costo de los bienes y servicios no excedan injustificadamente los precios del mercado. Para ellos, esta solicit
ud es “impostergable”.
En sus demandas, también incluyen aumentar “horas contacto” del cuerpo docente con el estudiantado.
Ante todas estas peticiones, Alberto Salom, rector de la UNA, advirtió que no tiene sentido la comparación entre salarios y becas. Aclaró, que estas últimas representan el 10% del presupuesto.
“En primer lugar, somos una institución que da servicio y como tal el recurso humano es clave, fundamental. No tiene sentido decir que en salarios se paga tanto, puesto que en lo medular eso es lo que hacemos. Claro que hay investigación, becas, pero no se puede hacer esa comparación, no se toma en cuenta otros recursos que nosotros damos a los alumnos”, dijo el funcionario.
Para Salom, la inversión en los estudiantes no solo se resume en becas, sino también hay que contar las residencias y el hecho de que el costo de la matrícula y créditos es muy “muy moderado”, cerca de ¢150.000 por semestre.
“Hay salud por la cual los alumnos no tiene que pagar, odontología, psicología, hay servicios de medicina general. No estamos contentos con esa proporción (85% en salarios y 15% para todo lo demás) queremos volver a ponernos en la relación 80/20 porque es lo más aconsejable”, dijo el jerarca.
Infraestructura en función de las necesidades
En el caso de la Universidad de Costa Rica (UCR) los alumnos solicitaron a las autoridades mayor planificación de los proyectos para evitar resultados como lo ocurrido con la carrera de Marina Civil, que abrió sin que se completaran los trámites internacionales necesarios para graduar estudiantes.
La carrera no recibirá nuevos alumnos mientras no se resuelvan esos problemas, y hay 140 que no saben si la podrán terminar.
“El año pasado se compró un simulador para Marina Civil que costó casi $1 millón para una carrera no viable”, lamentó Andrea Chacón.
Chacón aseguró que la UCR invierte en infraestructura pero no en los sectores que lo necesitan si no en los que le generan “más prestigio”. Puso el ejemplo de que se realizaron trabajos de mejora en el edificio de la Facultad de Derecho para obtener una reacreditación, pero los inmuebles de Artes Dramáticas y Artes Plásticas tienen años de haber sido declarados inhabitables.
La polémica Plaza de la Autonomía que costó ¢5.470 millones con aula magna, butacas de lujo y piano de cola, también recibió críticas.
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"Es un nuevo pretil, que dará un auge renovado a la vida universitaria”, comentó el arquitecto William Cordero, de la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones (OEPI-UCR), al momento de la inauguración.
Sin embargo, según Andrea Chacón, los alumnos “no pueden tocar" ni hacer uso de esa aula magna ya que está siempre cerrada y es solo para uso de las actividades de la Administración.
“Se presentan estudiantes, pero solo para actividades administrativas. Solo administrativos pueden solicitar usarlo. Hemos hablado con Henning (Henning Jensen, rector de la UCR) para usarlo, pero no hubo respuesta. Uno de los fines del aula magna es el desarrollo de las habilidades de los estudiantes, pero los alumnos de Artes Dramáticas no han puesto un pie”, contó la estudiante de Derecho.
Henning Jensen, rector de la UCR, defiende la inversión en infraestructura al argumentar que la UCR tenía instalaciones físicas que correspondían a los años 60 cuando había unos 10.000 alumnos.
“Ahora, la UCR tiene 42.000 alumnos regulares y bastantes miles en programas especiales. Prácticamente, toda la infraestructura debe ser ampliada y remodelada; es un proceso costoso en dinero y tiempo. Tanto la Facultad de Artes como la de Ingeniería requieren nuevos edificios. Por razones de planificación y oportunidad, así como de accesibilidad de recursos, se ha construido primero el edificio de la Facultad de Ingeniería,pero eso no significa que se renuncie a construir también un edificio para las artes”, explicó el rector.
El 72% del presupuesto de la UCR se usa en salarios. Del FEES, la UCR recibe el 57,79%.
Funciones duplicadas
Entre las demandas de la Federación de Estudiantes del Instituto Tecnológico (FEITEC), destacan la necesidad de que desde la Administración se realicen estudios correspondientes que indiquen cuáles departamentos realizan funciones similares o iguales y tomen las medidas necesarias en búsqueda de una optimización de los recursos de la institución.
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“Como movimiento estudiantil costarricense, nos unimos y rechazamos acciones que impliquen un recorte o estancamiento de los presupuestos destinados a becas, servicios estudiantiles y regionalización o vayan en detrimento de la calidad de la educación universitaria”, se indica en las demandas de los alumnos del Tecnológico.
Esta universidad recibe un 11,3% del FEES para una población de cerca de 11.000 alumnos. El 84% del presupuesto se destina a salarios.
Luis Paulino Méndez, rector del Tec manifestó que ya la Administración ha impulsado cambios, tendientes a optimizar los procesos de gestión institucional.
“Para salir de esta situación crítica en el marco del presupuesto institucional, se debe optimizar el uso de los recursos, y eso se logrará optimizando los procesos institucionales”, expreso Méndez.
El estudio presentado en 2017 por la Academia de Centroamérica llamado ¿Qué produce y cuánto cuesta la educación universitaria estatal en Costa Rica?, indicó que a lo largo de 15 años, el monto asignado al FEES se multiplicó por nueve, pasó de ¢46.426 millones, en 2001, a ¢440.773 millones, en 2016.
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Sin embargo, ese crecimiento contrasta con los diplomas otorgados por las universidades, en el 2000 se entregaron un total de 9.590 títulos, en el 2015, fueron 15.471. Crecieron un 61,3% a lo largo de los 15 años.
La matrícula tuvo un repunte de 18% en seis años. En 2010, las universidades tenían una población de 92.127 alumnos, en 2016 fueron 108.888.
