El viceministro de Planificación del Ministerio de Educación Pública (MEP), Leonardo Sánchez, afirmó ante los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios que hay alumnos que van al centro educativo a traficar drogas.
Estas declaraciones fueron parte de los argumentos del MEP para respaldar el traslado de ¢3.200 millones de su presupuesto al Ministerio de Seguridad Pública, con el objetivo de incrementar la vigilancia policial.
“Estamos viviendo una realidad y es la exclusión pasiva, que son estudiantes que van al sistema educativo, pero no van a clases, van a traficar con drogas”, aseveró Sánchez.
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El funcionario mostró a los legisladores fotografías que llegan a los directores de las instituciones cuando hacen las denuncias de los jóvenes. En las imágenes se observan muchachos con armas, los cuales, según Sánchez, se dedican a la venta de sustancias ilícitas.
De acuerdo con el viceministro, solo en el 2022 recibieron más de 1.900 denuncias por violencia física, armas blancas y venta de drogas. Además, explicó que en cuatro años se realizaron 22.000 decomisos de droga a menores de edad, que ya no solo usan marihuana pues al menos en el 20% de los casos se les encontró crack, cocaína y drogas sintéticas.
“Estamos ante un tráfico de drogas organizado en los centros educativos”, expresó.
Sánchez explicó que la situación no es en todo el país, sino que tienen identificados 33 distritos donde el fenómeno es más grave, zonas donde también hay alto desempleo y pobreza.
“Estos distritos tienen un perfil muy claro. Hay 810 centros educativos ubicados en estas zonas críticas, más de 190.000 estudiantes que conviven diariamente con homicidios y tráfico de drogas”, alegó.
En el 2022, añadió, más de 35.000 estudiantes abandonaron el sistema educativo debido a una correlación directa entre la violencia y las drogas.
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Transporte estudiantil
Con estas cifras, Sánchez justificó la urgencia de reforzar la labor de Seguridad Pública.
El mayor impacto de la toma de recursos al MEP será en la partida de transporte estudiantil, a la que le rebajarían ¢1.900 millones que, según se indica en la modificación presupuestaria, iban dirigidos a atender a 6.562 estudiantes bajo la modalidad de subsidio de transporte.
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No obstante, las autoridades educativas insisten en que el traslado de esos recursos no afectarían la continuidad de los servicios educativos.