EscucharEl exministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla Otárola, anunció su retiro de la vida política este miércoles 26 de marzo, pasadas las 4 de la tarde. El exjerarca comunicó la decisión en sus redes sociales, afirmando que dejaría la escena política “por el tiempo que Dios considere necesario”.
Batalla no abundó en los motivos. Solo dijo que, en las últimas horas, se había enterado sobre la filtración de un expediente judicial a la “prensa canalla”, aunque no realizó mayores descripciones sobre el documento ni sobre su contenido.
Poco después, se dieron a conocer los detalles del caso.
El expediente en cuestión era el 22-000681-0994-PE, y la filtración se relacionaba con una acusación en su contra por tres presuntos delitos de abuso sexual en perjuicio de una persona mayor de edad, una exempleada de los restaurantes de su familia.
La Fiscalía Adjunta de Género había acusado formalmente a Batalla en julio del 2023; sin embargo, la denunciante finalmente decidió no proseguir con el caso en noviembre del 2024. Aceptó un trato confidencial con el entonces ministro, quien le pagó ¢3 millones a cambio.
Salida ministerial
Mauricio Batalla fue director del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT) durante la actual administración.
Renunció como ministro del MOPT el 31 de enero pasado, justo al margen de los 12 meses previos a las próximas elecciones. Ese es el plazo mínimo que establece la Constitución Política para que los ministros de gobierno dejen sus cargos y puedan aspirar por la Presidencia o la Vicepresidencia de la República.
En su carta de renuncia, el exministro no hizo alusión directa a motivos electorales. Sin embargo, indicó que dejaba su puesto considerando su deseo de “abrir espacio a nuevas oportunidades”, que le permitieran “continuar contribuyendo al desarrollo de nuestra nación”.
Su salida se interpretó como un paso al costado para participar en la campaña electoral con el oficialismo, lo cual se reforzó en semanas recientes. En ellas, no solo participó de una marcha progobierno convocada en contra del fiscal general Carlo Díaz, sino que también apareció en una valla publicitaria del Partido Pueblo Soberano (PPSO) junto con otras figuras afines al oficialismo, como la exministra de la Presidencia, Laura Fernández, o la diputada Pilar Cisneros.
Las palabras de Batalla sobre su retiro de la vida política fueron inesperadas por llegar justo en medio de ese contexto.
El exministro dijo haber decidido “apartarse de la vida política por el tiempo que Dios considere necesario”, “contribuyendo desde otra trinchera con esta patria”.
Detalles del expediente
Luego de esa publicación por parte de Batalla se dieron a conocer múltiples detalles sobre el expediente en cuestión.
En primera instancia, el Ministerio Público confirmó a La Nación que Batalla había afrontado una acusación de la Fiscalía Adjunta de Género por tres delitos de abuso sexual; pero que la ofendida pidió archivar el expediente antes de que se tomara una decisión sobre la eventual apertura de juicio. Eso ocurrió hace solo cinco meses, en noviembre del 2024, cuando Batalla todavía ejercía como ministro de gobierno.
Los hechos denunciados se remontaban al año 2019 y habían sido denunciados por una mujer mayor de edad que trabajaba en un restaurante de la familia de Batalla en el cantón de Montes de Oca.
Ante la decisión de la demandante de retirarse del proceso, el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José dictó sobreseimiento definitivo.
Los detalles de la denunciante
De forma posterior a esas primeras revelaciones, salieron a la luz los detalles sobre la acusación de la Fiscalía y el expediente en cuestión. La Nación tuvo acceso a ese documento, al igual que otros medios de comunicación.
La denunciante declaró a las autoridades que los hechos habrían ocurrido durante los primeros siete meses del 2019 en un restaurante de comida mexicana que la familia del exministro tenía en San Pedro de Montes de Oca con dos sedes: una en las cercanías de El Higuerón y otra en el Mall San Pedro.
Ella describió que había conocido a Batalla como su jefe a inicios de 2019, y que éste le había solicitado su número de teléfono con fines laborales. Solo dos días después, dijo haber recibido mensajes de Batalla en los que le decía que era “muy bonita” y, una semana después, la habría “metido” en una bodega para abusar de ella.
“Me tomó de la cara con una mano y me empezó a pasar la lengua por toda la cara y con la otra mano me tocaba las nalgas, las piernas y la espalda. Esto lo hacía con la mano abierta como acariciándome; yo lo empujé y salí de la bodega, yo salí asustada”, se lee en su declaración.
En el documento de la acusación por parte de la Fiscalía, también se hacía mención de otras dos ocasiones en las que Batalla, supuestamente, habría realizado tocamientos no consentidos en contra de la denunciante.
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El detalle de los testimonios
Además de las palabras de la denunciante, el expediente recogía el testimonio de otras tres personas como testigos. Ellas relataron desde supuestas actitudes de acoso sexual por medio de mensajes de texto y de fotografías no solicitadas, hasta tocamientos no consensuados e insinuaciones sexuales.
“La arrinconaba contra las cámaras de refrigeración del restaurante, la besó frente a la esposa; en otra oportunidad, iba con unas cajas ya que Mauricio Batalla la llamó para que las recogiera, él aprovechó que llevaba las manos ocupadas y le tocó los glúteos, también le mandó fotos del pene”, indicó una de las personas consultadas por las autoridades judiciales.
“Le tiraba plata (a la denunciante) como dándole a entender cuánto necesitaba pagarle para que tuvieran relaciones sexuales, le pasaba enviando mensajes de texto con insinuaciones sexuales y fotos de su miembro y estos mensajes sí los vio puesto que (la víctima) se los enseñó”, agregó una segunda testigo.
Defensa electoral
En su descargo sobre el asunto en redes sociales, Batalla aseguró considerar la filtración del expediente como una “distracción” que salió del Poder Judicial, con fines electorales. También acusó a la “prensa canalla” de atacarle para "proteger a una casta política, recuperar su pauta y destruir de la manera más ruin, a cualquiera que desee un cambio por una mejor Costa Rica“.
Por eso, dijo, decidió apartarse de la esfera política.
“No voy a permitir que el estado oscuro y profundo que capturó nuestras instituciones para mantener sus privilegios me utilice en un intento fallido para desprestigiar un movimiento que desea limpiar nuestra patria bendita”, indicó.
Batalla escribió en su posteo de redes sociales, en dos de sus 10 párrafos, que fue declarado “inocente” en el proceso que había enfrentado. No obstante, el caso nunca llegó a una etapa en la que se pudiera demostrar su culpabilidad o su inocencia.
La denunciante pidió el archivo luego de llegar a un acuerdo de confidencialidad con Batalla por ¢3 millones, además del pago de su defensa civil, para que ella solicitara la revocatoria de la apertura de juicio, según publicó Telenoticias. El documento se habría firmado cinco días antes de la audiencia preliminar.
