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Todavía le impacta rebobinar el cassette y recordar todo lo que aconteció hace 17 años, en marzo del 2000, cuando el proyecto de modernización y transformación del ICE tomó un rumbo que jamás imaginó. La palabra ‘combo’ se lo devoró, admite, aun cuando le molesta que haya sido así.
Hoy, Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002) confiesa que cometió errores. Hace una analogía con el partido de fútbol que se perdió el domingo, y al día siguiente es inevitable pensar en qué hubiera ocurrido si utiliza otra alineación y una estrategia de juego distinta.
Es una cuestión de forma, pues en el fondo el expresidente insiste en que "el tiempo dio la razón", cuando unos años después se firmó el TLC y se abrió el monopolio de las telecomunicaciones.
“No tuvimos la capacidad de hacerle ver a la gente la diferencia entre permitir que hubiera competencia o privatizar las funciones que estaban llevando a cabo los entes estatales”, afirma Rodríguez, más de tres lustros después de un proceso que, confiesa, le quitó años de vida.
‘El ICE no se vende, el ICE se defiende’, cantaban enardecidos millares de personas, entre estudiantes universitarios, sindicalistas, empleados del Instituto y creyentes en la causa.
Los cascos amarillos prevalecían, las banderas ondeaban; miles caminaron desde el Instituto Costarricense de Electricidad en Sabana Norte hasta el Congreso; al mismo tiempo, otros cientos protestaron en San José, Siquirres, Moín, San Isidro de El General, Alajuela y Heredia.
“Hubo marchas, paros laborales y bloqueos de carreteras” en todo el país, reseña el periódico La Nación del 21 de marzo del 2000, al narrar lo acontecido unas horas antes de que se aprobara el proyecto energético en primer debate, a eso de las 9:47 p. m. del día anterior.
Aquella noche, 45 diputados votaron a favor y 10 en contra. Afuera del edificio, los policías amenazaban con recurrir a los gases lacrimógenos para controlar a la muchedumbre alborotada; adentro, los políticos a favor del proyecto se abrazaban entre sí.
Se le apodó ‘Combo’ porque unía tres propuestas: modernización del ICE, la apertura en energía y en telecomunicaciones. El politólogo y exdiputado liberacionista de la época, Alex Sibaja, reconoce que el término caló tan profundo en la sociedad que luego fue imposible borrarlo.
“Fue una etiqueta que se adoptó de los combos de McDonald, las organizaciones del ICE supieron trasladar el concepto de que estábamos vendiendo barato al ICE, y contra esa desconfianza nunca logramos tener una respuesta clara”, recalcó Sibaja.
Mientras Miguel Ángel y su gobierno esgrimían un discurso de eliminar trabas legales que frenaban el desarrollo del ente y abrir el monopolio de electricidad y telecomunicaciones con una serie de ventajas para el ICE; la oposición se presentó con un argumento mucho más contundente, que se podía entender en una sola palabra: privatización.
Al final, una gran parte del país asoció este término con el posible beneficio de los partidos políticos tradicionales si se firmaba el acuerdo, en detrimento de una serie de consecuencias para el pueblo en el mediano plazo, como el desmantelamiento del ICE y la privatización de los servicios eléctricos y en telecomunicaciones, lo que traería consigo un alza en las tarifas.
El hoy diputado Ottón Solís, ferviente opositor del proyecto, recuerda como en una ocasión un empresario generaleño, adinerado y de derecha, regaló dos toros para que los manifestantes que bloqueaban las calles pudieran comer carne.
“Él me dijo que estaba de acuerdo con la privatización, pero no con el negocio que los partidos políticos estaban haciendo con ese proyecto”, cuenta Solís, quien admite que aquel evento masivo terminó dando un impulso grande al quiebre del bipartidismo y a la vez afianzó al PAC.
“Era un discurso lleno de engaños, en que se negaba lo que se iba a hacer”, agregó Solís.
Miguel Ángel lo percibe diferente. Asegura que si en aquel momento hubiera pasado el proyecto, hoy los niveles de desempleo y pobreza serían más bajos, ante el crecimiento de la producción.
Por su cabeza ha pasado muchas veces el “qué habría hecho distinto”. De entrada, señala que fue una equivocación unir los tres proyectos en uno solo, ya que se juntaron los intereses personales de distintos grupos de personas, que al final crearon una oposición muy fuerte.
También afirma que se le presentó el proyecto a líderes sindicales, que en un principio creyeron haber convencido de la propuesta, pero no tomaron en cuenta que cuando las bases conocieron del tema, obligaron a sus representantes a quitar el apoyo. Otro fallo.
Nueve días después de aquel 20 de marzo, el ambiente era insostenible.
Un grupo de organizaciones sindicales, comunales, estudiantiles, ambientalistas y comités cívicos anunciaron más medidas de presión, relata un artículo de La Nación del 29 de marzo del 2000. Hasta jóvenes de secundaria se tiraron a la calle para protestar.
Esta realidad se convirtió en una constante, cuando hubo alumnos arrestados y policías heridos en distintas marchas a lo largo del territorio nacional.
Un día más tarde, el partido de oposición Liberación Nacional empezó a dar el brazo a torcer, cuando amenazó con echar para atrás y no ratificar el plan si el gobierno no controlaba el caos predominante en el país. Casi una semana después, la administración de Miguel Ángel aplazó el trámite legislativo. Más tarde, la Sala IV lo declaró inconstitucional y la calma regresó al país.
“Nosotros nunca usamos el término combo, pero así se quedó para la historia”, concluyó Miguel Ángel.
