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Es temprano para prever el futuro del nuevo plan fiscal del gobierno, uno con un 70% menos de ingresos que el anterior. Sin embargo, la última apuesta del PAC para aprobar su propuesta light está en las curules del frente, donde se sientan los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN).
Con los 18 legisladores verdiblancos, aún existe la posibilidad de que los partidos Acción Ciudadana (PAC) y el Frente Amplio logren los 38 votos necesarios para aplicarle la vía rápida a las reformas al impuesto al valor agregado (IVA) y al tributo sobre la renta.
Maureen Clarke, jefa de la fracción del PLN, aseguró que están estudiando la propuesta de la administración de Luis Guillermo Solís y que responderán con responsabilidad. Antes, quieren hacer consultas internas que los guíen hacia una posición, la cual pasará necesariamente por sus intenciones electorales.
"El PLN está en un proceso electoral interno que no podemos ignorar. Vamos a hacer las consultas", dijo la legisladora, quien añadió que aún falta tener en sus manos los textos sustitutivos que el gobierno anunció este jueves.
La nueva propuesta fiscal de Luis Guillermo Solís solo llevaría a las arcas del Estado ¢ 169.000 millones (0,6% del PIB) y no los ¢560.000 millones (2% del PIB) que calcularon originalmente.
La famélica propuesta tendría un impacto mínimo sobre el déficit fiscal del 5,2% ( ¢1.460.000 millones) del Producto Interno Bruto (PIB) y, entonces, la papa caliente le quedará al partido político que asuma la próxima administración del Estado en mayo del 2018.
En la órbita liberacionista, Clarke considera que deben analizar qué le falta a la propuesta fiscal de Zapote, "tal vez en cuanto a reactivación económica y generación de empleo".
Este jueves, hubo señales sobre la cercanía que el oficialismo necesita con Liberación, en recesos conjuntos que pidieron las dos fracciones, PLN y PAC, recién anunciada la renuncia del Gobierno a cobrar un IVA del 15%. Se conforma con el 13%, siempre que el impuesto de ventas se transforma en impuesto sobre el valor agregado, para gravar servicios hoy exentos como el agua, la luz o los alquileres.
La estrategia, según el diputado Víctor Morales Zapata, va más allá del grupo de 22 diputados que firmaron una carta para rechazar cualquier vía rápida al plan para limitar los pluses salariales de los empleados públicos, condición que la oposición exigía para discutir impuestos.
"Ahí está la clave", dijo Morales, en una estrategia que va más allá de esos 22 votos: diez legisladores del PAC, ocho del Frente Amplio, dos de la Unidad Social Cristiana, una de Renovación y una independiente.
Es más, de la mano del anuncio gubernamental sobre el IVA, el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, informó de la desconvocatoria del plan de Sandra Piszk sobre empleo público, precisamente luego de que Víctor Morales Zapata y Henry Mora, diputados oficialistas ambos, dieron a conocer la carta en que le pidieron a Luis Guillermo Solís retirar el plan sobre empleo público.
Con los 18 votos del PLN, el gobierno podría superar los 38 necesarios para aprobar una vía rápida.
Alianzas cercanas. La propuesta del Gobierno atrae bastante al Frente Amplio, donde consideran que gravar con un 12% de impuesto sobre la renta a las ganancias de capital es una buena idea.
Así lo dice Edgardo Araya, el jefe de la fracción del FA, quien también alaba la decisión del Ejecutivo de mantener la tasa del IVA en un 13%, pero rechaza la opción de cobrarles a los servicios privados de salud y educación.
"En principio vemos la propuesta con buenos ojos. (...) Ya hemos hecho cosas para la contención del gasto, sobre todo con los cuatro proyectos sobre pensiones de lujo. Ya toca hablar de los ingresos, pero no cobrándoles a las clases media y baja", aseguró el frenteamplista.
Gonzalo Ramírez, de Renovación Costarricense, afirmó que el plan para limitar los pluses salariales perdió peso también, luego de las audiencias de la Contraloría General de la República y del ministro de la Presidencia, la semana pasada.
"Personalmente, me desmotivó de entrarle fuerte a ese proyecto (de empleo público) que no vamos a ganar mucho en reducción de deuda, que era una de las premisas fundamentales del 1.º de mayo. En cuanto a IVA, el bloque cristiano tendría que valorar dónde se está ampliando la aplicación de impuestos y si valoramos que sea prudente,
pero creemos que tenemos que ser responsables con el tema fiscal, aunque estemos en año electoral", dijo Ramírez.
Añadió que, a su criterio, el Gobierno va a enterrar el proyecto sobre los pluses salariales, para quedar bien con los sindicatos.
Propuesta "incompleta".
Donde peor cayó la noticia del Gobierno es entre el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), el Movimiento Libertario y Alianza Demócrata Cristiana (ADC).
Gerardo Vargas Rojas, jefe de la Unidad, y Mario Redondo, de la ADC, mantienen la lejanía con el Gobierno y critican que se quede por fuera de las cartas de Helio Fallas toda referencia al plan de empleo público.
Precisamente por eso, ambos partidos consideran incompleta la solicitud para modificar las iniciativas originales sobre IVA y renta.
También inmersos en las disputas electorales, no parece factible que el PUSC se acerque al Gobierno. Redondo también posee claras intenciones electorales que no son compatibles con las propuestas del oficialismo.
"Hay una incapacidad del Poder Ejecutivo para negociar con su misma fracción y, además, recae solo en el tema de los ingresos, pero ignora los disparadores del gasto y la reactivación económica, que pueden ser aspectos importantes en la reforma fiscal", dijo Redondo.
En medio de ese babel legislativo, el libertario Otto Guevara se levanta para decir, con soltura gracias a los choques y alianzas en juego, que los tres miembros de su fracción se mantendrán directamente en contra de los impuestos y que no ve posible que la Presidencia logre los 38 votos para pasarle por encima a él.
Aunque los números podrían desmentir a Guevara -según las verdaderas intenciones del PLN en un año preelectoral-, durante las siguientes nueve semanas él tiene a uno de sus diputados en la presidencia del Directorio legislativo (José Alberto Alfaro) y, en consecuencia, con las manos puestas encima de toda discusión sobre los avances posibles de la reforma fiscal.
