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Un audífono fue motivo suficiente para que Jeremy Chacón, de 24 años, quedara descalificado en la entrevista de trabajo.
Cumplía con los requisitos académicos y tenía la motivación de cumplir un horario, pero es sordo. “No nos llame; lo llamaremos luego”, le dijo el empleador.
Según datos extraídos por La Nación del Censo del 2011, en Costa Rica hay 297.050 personas entre 15 y 65 años con algún tipo de discapacidad. De ellas, el 54% (162.022) carece de empleo, aun cuando tiene aptitudes.
El 7% de esa población trabaja en el sector público y el 19% en la empresa privada. Mientras, el 18% restante trabaja por cuenta propia, es empleado de casas particulares o es ayudante sin recibir pago.
El porcentaje de desempleo de las personas con discapacidad es siete veces mayor al promedio nacional: en el 2011, el 7,7% de la población estaba sin trabajo.
El bastón, la silla de ruedas o la dificultad para hablar crean una barrera de mitos y prejuicios.
“No pedimos que nos traten diferente, sino que haya acceso. No se trata de tener lástima ni ver el empleo como un favor, sino que somos capaces de hacer lo mismo”, dijo Chacón, quien estudia Seguridad Informática en una universidad.
El Plan Nacional de Inserción Laboral para la Población con Discapacidad en Costa Rica (2012) reconoce que el miedo, la ignorancia, la falta de adaptación de la infraestructura y capacitación en las empresas, limita el acceso de esta minoría al empleo.
“Hay un modelo educativo que no cumple con las necesidades del mercado laboral de estas personas. Hay miedo e ignorancia tanto en los empleadores como en las familias, que temen que su hijo salga a enfrentarse al mundo de trabajo y siguen cargando la etiqueta del pobrecito”, dijo Marisabel González, de la fundación Yo puedo y ¿vos?
Ellos generan intermediación de empleo entre personas con discapacidad y patronos.
El escenario de desempleo empeora conforme aumenta el número de discapacidades. Por ejemplo, en la población con dos discapacidades llega a un 65% de desempleo y con cuatro sube a un 85%.
Cuando la persona logra ingresar a una empresa, corre con el riesgo de topar con patronos que burlan toda garantía laboral.
“Trabajé cuatro meses para una empresa privada en Alajuela. No me pagaban a tiempo, no tenía seguro social y no querían que siguiera estudiando, así que tuve que renunciar”, relató Jeremy Chacón, quien es vecino de Guadalupe y lleva un año buscando trabajo.
Sin fórmulas. Pese a que no hay una receta perfecta sobre cómo abrir las puertas del empleo a esta población, profesionales en Educación Especial afirman que es necesario adaptar el puesto a la persona, capacitar al personal y dar el seguimiento necesario.
“La barrera más importante está en la mente. Hay que derribar los mitos de que son personas inferiores o que no pueden”, dijo Johanna Castro, quien es docente en el Centro Nacional de Educación Especial Fernando Centeno Güell, en Guadalupe, San José.
La profesora María Fe Díez, de la Escuela Neuropsiquiátrica Infantil, enfatizó en la necesidad de hacer un vínculo entre educación y empleo para evitar que la situación de pobreza que viven muchas de estas familias agrave la situación.
“Hay que hacer un cambio en los programas educativos y darle énfasis a que el objetivo sea la inclusión laboral; que no es un tema de lástima ni de romper papelitos y llevarlos a la basura. Es una adecuación de acceso”, dijo Díez.
En Costa Rica, la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (N.° 7600) dice que “el Estado garantizará a las personas con discapacidad, tanto en zonas rurales como urbanas, el derecho de un empleo adecuado a sus condiciones”.
Del total de personas con discapacidad en edad productiva, el 71% (210.647) habita en la zona urbana. Otros 86.403 (29%) residen en la zona rural del país.
Existe también un decreto ejecutivo, promulgado en el 2007, que reserva el 5% de plazas de cada institución pública para ser ocupadas por personas con discapacidad que sean idóneas al puesto.
El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Olman Segura, dijo que hacen falta mecanismos que promuevan el cumplimiento real de ese decreto.
“Se hacen campañas y buscamos que se cumplan esos espacios, pero hay barreras de entrada muy rígidas. Hay patronos que prefieren dejar en propiedad a un funcionario que trabaja a medias antes que abrir espacio a una persona con discapacidad”, dijo Segura.
