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El 16 de julio en la Asamblea Legislativa, la contralora general de la República, Marta Acosta, les advirtió a los diputados de que el déficit de las finanzas públicas llegó a un nivel nunca visto.
”El lobo ya llegó y el tema aquí no es cada quien escóndase en el cuarto porque el lobo va llegar al cuarto. El tema es cómo nos juntamos y vemos cómo enfrentamos esta situación todos en conjunto”, dijo la contralora.
La alusión de Acosta al cuento de “Pedrito y el lobo” se refiere a las devastadoras consecuencias que el déficit puede tener para el país y a las reiteradas advertencias que la Contraloría y otras instituciones les han hecho al Gobierno y a los diputados sobre el enorme y desordenado gasto público, así como la ausencia de ingresos para pagarlo.
La Contraloría ha hecho énfasis, una y otra vez, en la necesidad de reformas estructurales que pongan orden y sensatez, pero no hay reacción, pareciera que algunos creen que es cuento.
Se han dado algunos pasos, como la reforma fiscal, pero Acosta les recordó a los diputados que, desde el 2018, se les dijo que ese paso era insuficiente.
Hoy, la crisis económica de la pandemia descubrió a Costa Rica desnuda, se llevó al menos ¢1,2 billones de ingresos en impuestos y dejó al Gobierno Central con un déficit de casi ¢4 billones.
Eso significa que el país deberá conseguir prestada casi la mitad del dinero que destinará a cubrir el gasto público.
Cuando hablamos de Gobierno Central, no nos referimos solo a ministerios, sino a algo mucho más amplio, pues el Presupuesto del Gobierno Central cubre a los poderes Legislativo y Judicial, así como al TSE y a las transferencias que financian a numerosas instituciones públicas, como la CCSS, las universidades públicas, las municipalidades, el Banhvi, el PANI y el IMAS, entre muchas otras. Además, financia las pensiones del sector público que consumen casi ¢1 billón al año.
Las numerosas y variadas exigencias de gasto de cada institución presionan el Presupuesto Nacional.
Los gastos crecieron de la mano de diversos sistemas de empleo público que otorgaron numerosos beneficios salariales, así como de leyes que ordenaron al Gobierno entregar altas sumas de dinero a instituciones sin crear fuentes de financiamiento, sin saber si el país contaría con recursos para ello o, peor aún, sin saber si era necesaria tal rigidez.
Llegó la pandemia y se cayeron los ingresos que genera el sector privado, de los cuales depende el sector público.
Contradicciones políticas
Los diputados de oposición tienen el mérito de que, en junio pasado, obligaron al Gobierno a recortar el gasto público, mediante el rechazo del segundo presupuesto extraordinario, por considerar que el ajuste de gastos planteado en esa ocasión daba risa frente a la magnitud de la crisis.
El Gobierno entonces, presionado por la caída de ¢1,2 billones en la recolección de impuestos, presentó otro presupuesto extraordinario en julio con un recorte de gastos por ¢328.000 millones y un aumento de deuda por más de ¢800.000 millones.
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En adelante, la actuación de los diputados generó demasiadas contradicciones.
Primero, dedicaron buena parte del tiempo a desmentir que el recorte fuese de ¢328.000 millones, al alegar que la reducción neta era de ¢196.000 millones. Esto era así, pero esa discusión no tenía mayor relevancia. La reducción neta era menor porque, al tiempo que se proponía recortar gastos, era necesario destinar recursos a atender la pandemia, en especial a financiar los bonos Proteger y a compensar las finanzas de la CCSS.
La comparecencia de la contralora general, el 16 de julio en la Comisión de Asuntos Hacendarios, fue esclarecedora para todas las partes. Ella les dijo que el tema no se soluciona cortando “una partida por aquí y otra por allá”, que luego aparecerá de nuevo en el 2021, sino tomando medidas estructurales.
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”Hemos ido permitiendo esto y, por lo tanto, ahora que necesitamos recortar, reducir, reubicar, priorizar; es bastante difícil (...). Pero además, este es un tema estructural. Usted puede decir que un recorte de ¢195.000 millones, con relación a una caída de ¢1,165 billones, es una suma modesta. Sin embargo, hay que estar en sus zapatos para ver dónde se corta. Yo como jerarca de la Contraloría, cuando me dicen, ¿dónde se recorta?, es bien difícil, porque hay instituciones que tienen remuneraciones muy altas”, explicó.
Acosta les señaló a los diputados que la deuda pública creció en ¢1,4 billones solo en los primeros cinco meses del 2020 y que el ritmo de crecimiento se aceleró notablemente.
Asimismo, la contralora les advirtió a los legisladores que, si pensaban aprobar exoneraciones de impuestos para diversos sectores, debían aportar recursos alternos al Gobierno Central porque, de otra forma, empeorarían el problema fiscal.
El presupuesto extraordinario fue dictaminado positivamente en la Comisión de Asuntos Hacendarios, sin disminuir el monto del recorte, el 20 de julio.
Sin embargo, el mismo día, los diputados aprobaron en primer debate exoneraciones del IVA para los sectores turístico y construcción, sin compensarle recursos al Gobierno Central, pese a que la Contraloría advirtió de que la caída en los ingresos públicos podría acentuarse en lo que resta del año.
Por otra parte, el Gobierno estuvo de acuerdo con postergar la entrada del IVA para la canasta básica, si se elimina la exoneración del impuesto de renta al salario escolar, pero los diputados no han atendido esa o alguna otra alternativa.
Más bien, presentaron casi 30 proyectos de exoneraciones de impuestos de todo tipo: alquileres, electricidad, agua, insumos de limpieza, propiedad de vehículos. Algunos de estos planes, ya han dado pasos políticos importantes, como el de exoneración del IVA al sector agropecuario por 18 meses, el cual ya fue dictaminado positivamente en comisión y está listo para pasar a plenario.
Luego, cediendo a los grupos de presión, los diputados le metieron mordiscos al recorte al gasto público planteado por el Gobierno y, después de que alegaron que el ajuste no era de ¢328.000 millones, ellos terminaron por convertir esa idea en realidad y lo disminuyeron de ¢328.000 millones a ¢310.000 millones.
Sorprendentemente, para hacerlo, le ordenaron al Gobierno aumentar el endeudamiento público en ¢17.000 millones. De verdad que estamos en tiempos de cosas “nunca vistas”, como dijo la Contralora. Así quedó aprobado el segundo presupuesto extraordinario el 23 de julio.
Las diputadas liberacionistas Silvia Hernández y Ana Lucía Delgado, integrantes de la Comisión de Hacendarios que estudió el presupuesto, se mantuvieron firmes y rechazaron la disminución del recorte en el plenario, contrario a la posición del resto del PLN que cedió a los grupos de presión.
Los diputados exigieron correctamente al Gobierno recortar el gasto, pero luego cedieron en los recortes porque no les gustó que se cortaran transferencias a diversos sectores, pero ese es precisamente el problema señalado por la contralora: el gasto es sumamente rígido por ley y no deja muchos espacios para cortar.
El otro espacio son los salarios públicos, que consumen casi una tercera parte del gasto público sin amortizaciones, pero a los diputados tampoco les gusta la idea de reducir en un 15% las jornadas de los funcionarios con salarios superiores a ¢1,5 millones.
Ahora, muchos sectores y el presidente Carlos Alvarado vuelven los ojos a la idea de cobrar un mayor impuesto sobre los altos salarios públicos y privados, así como sobre las rentas en general, justamente la idea por la que los diputados y el propio Gobierno reprendieron al exministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, cuando planteó esa propuesta al principio de la pandemia.
En resumen, los políticos primero se negaron a subir impuestos y exigieron recortes, pero luego no les gustaron los recortes y los disminuyeron, al tiempo que reducen los ingresos mediante exoneraciones. Al mismo tiempo, se muestran reacios a reducir el gasto en salarios estatales en momentos extraordinarios en que el sector privado, que sostiene al público con la producción, está sufriendo.
Justo cuando el desempleo alcanzó a un 24% de la población laboral, datos de la CCSS muestran una caída en los ingresos salariales del sector privado y, contradictoriamente, un aumento en los públicos durante la pandemia.
Por otra parte, al menos el Gobierno y los diputados concordaron en congelar plazas en el sector público y se desacelera el gasto en salarios públicos gracias a reformas anteriores, pero aún crece por encima de la inflación incluso en tiempos de crisis.
¿Cambios estructurales?
Seamos sinceros. Costa Rica va en la ruta de un default, de un impago de sus obligaciones, de una crisis como la desatada en 1981, a menos de que exista un acuerdo político para ponernos en orden, como lo mencionó el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero.
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Pareciera que el acuerdo político tendrá que tomarse en el marco de la negociación de un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual exigirá mucha disciplina y racionalidad a la política costarricense.
El FMI ayudará financieramente, con tasas blandas, solo si ve señales claras de compromiso y acuerdo para reducir el déficit, controlar el endeudamiento público y buscar la estabilidad económica.
Es necesario reconstruir las cosas. El presidente legislativo, el restauracionista Eduardo Cruickshank, le preguntó a la contralora si había una reforma estructural a la vista, y ella le mencionó claramente la reforma al empleo público para los futuros funcionarios. Contradictoriamente, se trata de un tema que el actual gobierno impulsa pero que el anterior, también del PAC, se encargó de boicotear.
El Ejecutivo y la CCSS también urgen una reforma para cerrar la puerta a nuevas pensiones de lujo pero, cuando grupos de funcionarios llegan a hacer lobby con los diputados, nuestros representantes populares se echan para atrás.
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En este momento, la situación política exige la capacidad de quedar mal con ciertos sectores, hasta que no haya soluciones claras.
Sin embargo, el Gobierno accedió a convocar en agosto el proyecto de exoneración del IVA al sector agropecuario, aunque sabe que carece de una fuente alterna de recursos.
Y la noche del 6 de agosto, el mismo día en que el presidente Carlos Alvarado advirtió de que existía un riesgo de no poder pagar salarios públicos, el Ejecutivo les dijo a los alcaldes que evaluaría tomar dinero de los préstamos internacionales para reponerles a las municipalidades el dinero que se les recortó en el presupuesto de vías cantonales.
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Se suponía que los créditos internacionales eran para reducir la deuda más cara. Así, la deuda nunca bajará como se requiere. Esto es como una persona con serios problemas de deudas que consigue un préstamo para saldar sus obligaciones más costosas y liberarse un poco, pero, en el camino a pagar a sus acreedores, cae en la tentación de tomar una parte del dinero para gastar más.
Obviamente todos quisiéramos tener vías de primer mundo, pero debemos tener la capacidad de pagarlas y los sectores políticos dan muestras, una y otra vez, de no querer sacrificios. Los grupos de presión y los representantes que todos escogimos caen recurrentemente en lo mismo.
¿Quién es el lobo? Pareciera que el lobo somos nosotros mismos.
