EscucharUn conjunto de cinco medidas para enfrentar el impacto que traería la renuncia masiva de médicos especialistas le costaría a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) más de ¢8.185 millones solo en los primeros seis meses de atención de la emergencia; es decir, alrededor de $16 millones al tipo de cambio actual.
La Junta Directiva de la CCSS conoció este jueves un informe de cuatro gerencias (Médica, Financiera, Logística y Administrativa) con un costo preliminar de la implementación del plan para garantizar la continuidad de los servicios críticos ante la renuncia de los médicos especialistas.
El gerente financiero, Gustavo Picado Chacón, reveló la cifra global para los seis meses, plazo que coincide con el periodo de la declaratoria de emergencia institucional, acordada el 3 de diciembre por la Junta Directiva.
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Hasta el 6 de diciembre, 71 médicos especialistas habían materializado su renuncia a la Caja, informó el gerente médico Alexánder Sánchez Cabo. Un grupo de 17 profesionales solicitaron retirar su carta de renuncia para volver a laborar a los hospitales públicos.
Durante la sesión de Junta Directiva, el gerente financiero de la CCSS reveló que en la institución hay 2.571 médicos especialistas que ganan menos del salario global (¢2,8 millones al mes).
Picado también dio a conocer a los seis miembros actuales de la Junta Directiva el costo anual para la CCSS de pagarle a todos esos profesionales el salario global y cerrar las brechas: ¢43.000 millones.
Las cinco medidas o acciones estratégicas para enfrentar el impacto de la salida de especialistas son las siguientes:
- Fortalecimiento de la gestión local de los centros: consumiría el 58% de los recursos proyectados.
- Modalidades no convencionales de atención: 33% del monto.
- Ampliación de la cobertura del Centro de Traslados Institucionales: costaría preliminarmente un 3% del monto proyectado.
- Redistribución de la atención: un 4% del costo.
- Aumento de recurso humano especializado: 2% del costo.
Solo el pago del personal para la gestión de camas implicaría una erogación preliminar, por los primeros seis meses, de ¢1.748 millones. Además, el pago de disponibilidades y guardias médicas para afrontar la salida de especialistas sería de alrededor de ¢2.000 millones.
La atención de pacientes accidentados en el Hospital del Trauma, administrado por el Instituto Nacional de Seguros (INS), costaría alrededor de ¢2.500 millones a la CCSS durante esos seis meses.
Las fuentes de donde saldrían esos recursos serían el fondo de contingencia de la CCSS, por ¢45.000 millones, y el llamado fondo PRAME (Política de Retención y Atracción para Médicos Especialistas), de ¢20.000 millones, creado como parte de los acuerdos para poner fin a la protesta de especialistas de abril.
Según lo anunciado por los sindicatos, principalmente, el Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (Siname), se espera que a partir del 15 de diciembre se incremente la salida de estos profesionales como estrategia para regresar a la Caja un mes después, para ser recontratados con salario global.
El Siname habla de cifras de hasta 600 médicos que podrían estar considerando dejar la CCSS.
El impacto de esta “renuncia masiva” fue objeto de una declaratoria de emergencia institucional, hace una semana. Este miércoles, además, el Ministerio de Salud emitió una declaratoria de emergencia sanitaria para afrontar la escasez de especialistas en el país, con medidas como la contratación de profesionales extranjeros.
El Siname y el Colegio de Médicos se oponen a estas declaratorias.
Los miembros de la Junta Directiva de la CCSS coincidieron en que es necesario mostrar a los especialistas la voluntad que existe desde la Junta Directiva de valorar los ajustes técnicos al salario de los médicos, como indica la Procuraduría General de la República (PGR).
“Hay alguna expectativa dentro de algunos profesionales de esperar al ajuste técnico y no renunciar en este momento. Si no vemos que algunos de los criterios empiezan a salir podría considerarse que no hay voluntad de resolver, y creo que sí hay voluntad”, expresó Martha Rodríguez, representante sindical en la Junta.
La gerenta administrativa, Gabriela Artavia Monge, explicó a la Junta que se requiere un criterio técnico, financiero y actuarial sobre los ajustes técnicos. Las gerencias involucradas trabajan a tiempo completo en esto.
Las gerencias Financiera y Administrativa, así como la Dirección Actuarial y Económica de la Caja analizan la viabilidad de realizar un ajuste técnico a los salarios de los médicos especialistas a partir de un criterio emitido por la Procuraduría.
Esa entidad estableció que los ajustes técnicos a la base salarial son “jurídicamente posibles”, siempre que se respete el marco normativo aplicable y se sustenten en estudios técnicos financieros, actuariales y organizacionales que acrediten la viabilidad de las decisiones.
