EscucharErnesto Jinesta Lobo, doctor en Derecho Administrativo, fue nombrado ayer por el plenario de la Asamblea Legislativa como nuevo magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Jinesta, de 37 años, sustituye en el cargo a Eduardo Sancho, quien se acogió a la pensión el 1.° de agosto.
Para elegirlo fueron necesarias dos rondas de votación.
En la primera obtuvo 32 de los 38 votos requeridos para su designación.
En la segunda recibió el respaldo de 39 de los 54 legisladores que estaban presentes en Cuesta de Moras
Francisco Castillo (1 voto), Fernando Berrocal (1), Fernando Cruz (6) y Alda Facio (7), también figuraron en las preferencias de los diputados en la segunda votación.
De esta forma, Jinesta se convierte en el magistrado más joven de la Corte Plena donde el promedio de edad de sus 23 integrantes ronda los 56 años.
El abogado dijo que llegará al órgano jurisdiccional a defender el ambiente, la vida humana, la salud, la solidaridad social y las políticas de género.
Jinesta formó parte de una terna de candidatos que recomendó la Comisión de Nombramientos al plenario.
Rodolfo Saborío y Fernando Cruz completaron la nómina propuesta. Saborío no figuró en ninguna de las dos votaciones.
Veintiún abogados participaron en el concurso público impulsado por la Asamblea Legislativa para sustituir a Sancho.
Para seleccionar la terna, los diputados de la Comisión de Nombramientos aplicaron a cada concursante una tabla que tomó en consideración sus atestados académicos, la experiencia docente y profesional, así como publicaciones especializadas.
A este conjunto de factores le dieron un valor porcentual del 80 por ciento.
El otro 20 por ciento de la calificación corrió por cuenta de los legisladores a partir de las comparecencias de los participantes y de sus respuestas a una cuestionario de 45 preguntas elaborado por la Comisión.
La calificación final fue encabezada por Saborío con 87 puntos, mientras que Jinesta obtuvo el segundo lugar, con 79 puntos. Cruz alcanzó 74.
Aunque reconocieron que el mecanismo aplicado evita la "politización", varias diputadas cuestionaron que el instrumento restringe la elección de mujeres abogadas que, por cumplir con sus tareas familiares, no pueden obtener grados académicos superiores. Eso, según las legisladoras les resta puntaje.
