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Tres empresarios, sospechosos de una defraudación fiscal, que ronda los ¢3.947 millones, salieron del país dos días antes de que un contingente del OIJ allanara sus mansiones, así como dos de sus empresas.
Ayer, al final de la tarde, el Gobierno emitió una orden de captura internacional en contra del matrimonio tico-taiwanés formado por Pablo Li Su y Anita Vemon.
Ellos abandonaron el país el 27 de agosto, en un vuelo de la aerolínea Continental que los llevó a Vancouver, Canadá.
La solicitud de aprehensión también afecta al salvadoreño José Trinidad Sosa Sosa.
Este salió el día 27 en un vuelo comercial, pero llevaba un rumbo distinto: su país de origen.
La confirmación la hizo anoche el ministro de Seguridad Pública, Rogelio Ramos.
La salida se produjo seis días después de que la Dirección General de Tributación entregó a la fiscalía un informe.
El documento revelaba presuntas anomalías en las cifras reportadas por los empresarios por concepto de impuestos de renta y de ventas.
En la mira
Los nombres del matrimonio Li, así como el de Sosa, comenzaron a sonar hace 18 meses, cuando Tributación abrió una pesquisa en contra de cuatro sospechosos de evadir el fisco.
Esa acción, recordó ayer el subdirector general de Tributación, Juan Carlos Gómez, llevó ante el Ministerio Público al empresario Carlos Núñez Velásquez.
La supuesta evasión sumó ¢132,6 millones, según consta en el informe fechado el 9 de octubre del año anterior.
Tres meses después, los investigadores de Tributación presentaron un reporte en contra del empresario salvadoreño Mario Villatoro Jiménez.
Esa dependencia lo relacionó, el 12 de febrero del 2003, con una presunta evasión tributaria por ¢1.022 millones.
Villatoro se encuentra libre tras pagar una fianza; todavía no ha ido a juicio.
Siguieron en la lista los Li y Sosa. En su caso, los investigadores del fisco, apoyados por la Fiscalía Adjunta de Delitos Tributarios, tuvieron que levantar el secreto bancario de 39 sociedades anónimas.
El dinero estaba depositado en bancos privados y públicos; no hay evidencia de que parte de los recursos saliera del país.
“Al hacer una comparación entre los ingresos reportados por las sociedades ante la hacienda pública y la información de los bancos, quedó al descubierto una incongruencia”, explicó Gómez.
En apariencia, Sosa y los Li movilizaron a sus cuentas unos ¢3.900 millones, producto de su actividad comercial, sin que el fisco tuviera conocimiento de las operaciones financieras.
Tributación atribuye al matrimonio una supuesta defraudación fiscal por ¢3.191 millones; a Sosa le achacan ¢503,5 millones.
Los empresarios también tienen sociedades en común que presuntamente habrían ocultado al fisco ¢252,4 millones.
La investigación abarcó los años 2000, 2001 y 2002.
Fallida captura
En cuestión de una semana, el Ministerio Público programó –con base en el informe de Tributación Directa– un operativo.
El jueves, un helicóptero de la Fuerza Pública sobrevoló la residencia del matrimonio tico-taiwanés, en Guachipelín de Escazú.
Las autoridades temían un enfrentamiento con los oficiales de seguridad del empresario.
Por eso, agentes del Servicio Policial de Intervención Inmediata (SPII, grupo de choque del OIJ) encabezaron el allanamiento.
Inmovilizaron a cuatro guardias, quienes portaban armas pequeñas y escopetas calibre 12.
Para entrar, los policías judiciales tuvieron que escalar una tapia de cuatro metros y cortar una malla tipo “navaja”.
“Se hizo un ingreso por varios flancos”, informó el director del OIJ, Jorge Rojas.
Los policías revisaron, durante casi todo el día, las 17 habitaciones de la vivienda.
Mientras, investigadores de la sección de Fraudes allanaron la planta de maquila del matrimonio tico-taiwanés..
No hallaron rastro de la pareja. Otros agentes allanaron la casa de Sosa, en el cantón de Escazú, y la importadora Kattia, en San José.
