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Leonardo Merino Trejos, coordinador de investigación del Programa de Estado de la Nación (PEN), enumeró varios factores que apuntan a que Costa Rica podría enfrentar una crisis en el servicio de agua potable.
El primer aspecto señalado por el investigador es que en algunos cantones costeros el porcentaje de hogares con acceso a agua potable es mucho menor al resto del país. Por ejemplo, en Talamanca, Limón, la cobertura es menor al 60%. Mientras que el promedio nacional es de 92,4%.
Otros cantones con bajos porcentajes de acceso a agua potable son Sarapiquí, en Heredia, y Alvarado, en Cartago.
“Esta desigualdad también se refleja entre operadores, en especial los acueductos comunales, que funcionan con menos recursos y atienden, en muchos casos, comunidades vulnerables”, comentó Merino en un artículo publicado por el PEN.
Además, de acuerdo con el Informe Estado de la Nación de 2024, 22 de los 31 sistemas de acueductos en la Gran Área Metropolitana tienen condición deficitaria.
Merino llamó la atención sobre el considerable aumento en las interrupciones del servicio de agua potable en distintas partes del país. Si se compara los datos del Informe del Estado de la Nación de 2015 con el último reporte, la cantidad de suspensiones pasó de 398 a 3.424 en 2023, es decir, 8,6 veces más.
“En el Pacífico Norte han sido recurrentes las acciones colectivas en torno al uso de las fuentes, así como en Hatillo se experimentó una tensa protesta social en 2024, vinculada con los problemas de continuidad del servicio”, agregó Merino.
Sobre este punto, semanas atrás, la Contraloría General de la República emitió un análisis en el que concluyó que Acueductos y Alcantarillados es incapaz de asegurar suministro de agua potable y contabilizó que, durante el 2023, comunidades en Desamparados, como Gravilias y San Juan de Dios, soportaran hasta 91 horas por semana sin el líquido, eso equivale a cortes de hasta 13 horas diarias.
La Contraloría también expuso que en Alajuelita, los sistemas de acueductos Maquenco-Cuesta Grande-Terciopelo y Colorado, reportaron niveles de continuidad de entre media, media-baja y baja, de 2018 a 2023, eso quiere decir que tuvieron más de 368 horas al año sin agua, eso equivale a 15 días. Otras comunidades citadas en el reporte que sufren constantes interrupciones son los Hatillos y barrio Amón, en San José, así como Vázquez de Coronado.
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Los problemas del sistema de distribución de agua en el país se ven reflejados en el porcentaje de rechazos de disponibilidad de agua, ese trámite se realiza cuando una familia o un empresario quieren construir una casa, un complejo residencial o comercios para asegurarse que existe el líquido suficiente para sus actividades.
No obstante, solo entre 2019 y 2023, Acueductos y Alcantarillados negó el 21,9% de las 98.365 solicitudes de agua que recibió. En la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, solo entre 2022 y 2023, negaron el 11,8% de las 1.464 solicitudes y en sistemas de acueductos rurales la cifra es variable, el nivel más altos está en la región Chorotega, con 20,8%.
Ese último indicador, según el Informe del PEN del presente año, contrasta con el crecimiento inmobiliario en esa región, en especial en distritos costeros.
Merino también advirtió sobre las deficiencias del país en el manejo de aguas residuales y las debilidades en el marco jurídico para la gestión del recurso hídrico.
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