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La Asamblea Legislativa estudia un proyecto de ley para dar una pensión especial a 125 trabajadores que el Incop liquidó e indemnizó cuando cedió la administración del puerto de Caldera, Puntarenas, a una empresa privada.
La iniciativa le costaría al Estado al menos ¢300 millones al año, pues, en promedio, los extrabajadores ganaban más de ¢200.000 por mes.
El plan lo apoyan casi todas las fracciones: Liberación Nacional, Unidad y Movimiento Libertario, excepto la del Partido Acción Ciudadana (PAC). No se pudo conocer el criterio de Óscar López, único diputado de Accesibilidad sin Exclusión (PASE).
Los beneficiados serían exfuncionarios del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) que hasta agosto tenían más de 45 años de edad y 25 de haber trabajado para la institución. A algunos les faltaban pocos meses para lograr ser pensionados.
Ellos recibieron su liquidación el mes pasado, cuando el muelle de Caldera fue concesionado a Sociedades Portuaria y Granelera de Caldera, de capital privado nacional y colombiano.
“Nos echaron como perros. Nos fuimos sin derecho a la jubilación, a pesar de que al principio nos habían dicho que teníamos derecho a la pensión. Pero de la noche a la mañana nos dejaron cesados”, expresó Anabelle García, vocera de los exempleados.
El proyecto consiste en agregar un transitorio a la Ley reguladora de la actividad portuaria de Costa Rica. Lo impulsan diputados de diversos partidos representantes de Puntarenas.
La iniciativa la seguirán estudiando los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración Pública, después de que ayer fracasó un intento por llevarlo directamente al plenario.
Sin vía rápida. Aunque la mayoría de diputados pretendía ayer dispensar de trámites la iniciativa, los 14 presentes del PAC hicieron imposible juntar los requeridos 38 votos afirmativos. De los 45 legisladores presentes, solo 31 votaron “sí”.
“No podemos legislar con privilegio para un grupo de trabajadores (...) Y no tenemos por qué pagar los platos rotos de la irresponsabilidad social”, argumentó Alberto Salom, representante del PAC.
Colegas suyos del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y Liberación Nacional (PLN) criticaron al PAC por rechazar la jubilación.
“Estoy dolida y consternada. Este proyecto urge para ayudar a cantones olvidados de Puntarenas”, afirmó Xinia Nicolás, legisladora oficialista por esa provincia.
“No entiendo cómo una discusión ideológica se revuelve con una discusión humana”, dijo Jorge Eduardo Sánchez, del PUSC.
El PAC ha expresado su rechazo a la cesión de servicios a empresas privadas, como ocurrió en agosto pasado con el muelle de Caldera, el más grande del país en el Pacífico.
Impulsores del proyecto mencionaron ayer que insistirán en eliminarle requisitos legislativos, con una moción de revisión.
