EscucharEl cadáver del presidente y socio principal de la empresa costarricense OSI Proyectos de Costa Rica, acusada de sobornar a políticos nacionales, apareció a orillas del río Missouri el 14 de octubre.
El británico Stephen David Kingsley fue hallado con los pies atados con cinta adhesiva y con guantes de látex, justo cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo investigaba por el supuesto pago de sobornos a políticos, partidos políticos y funcionarios ticos, según corroboró la policía de Kansas City, Missouri.
A pesar de las extrañas circunstancias de su muerte, la autopsia concluyó que había muerto por causas naturales, según dijo la policía al diario Kansas City Star. El cuerpo, según el reporte policial, no tenía huellas de violencia, aunque en el sitio había indicios de que fue arrastrado.
Kingsley era el jefe directo del costarricense Pablo Barquero Hernández y socio del estadounidense Robert Richard King, ambos acusados el miércoles por el Departamento de Justicia de haber sobornado a políticos y funcionarios ticos para obtener una concesión para construir una terminal portuaria en Limón.
Desde hace seis meses el abogado costarricense José Antonio Muñoz Fonseca fue contratado por dos bufetes norteamericanos que representan al socio de Kingsley, Robert R. King.
Según Muñoz, se le encomendó monitorear las actividades de OSI en el país. Confirmó que Kingsley era investigado por autoridades norteamericanas mucho antes de su muerte y tras su deceso la indagación se extendió a sus socios: King y Barquero.
Más sociedades
Una investigación de La Nación reveló ayer que, además de OSI creada en 1996 en enero de 1999 Kingsley y Barquero fundaron aquí Desarrollos de Retiro el Coco S. A. y Explotación Minera de Limón S. A.
Según consta en el Archivo Nacional, el abogado Gerardo Bolaños, del bufete Calderón y Asociados, protocolizó las sociedades.
El británico también visitó Limón en 1998, para promocionar el proyecto junto con Barquero.
En esa etapa, los personeros de OSI se reunieron con el entonces presidente de Japdeva, Max Kóberg; José Joaquín Acuña, jerarca del Instituto de Desarrollo Agrario, el entonces ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez y el presidente Miguel Ángel Rodríguez.
La mayoría de esas gestiones las coordinó Bolaños, dijo él anteayer a La Nación. Jorge Guardia, también del bufete Calderón y Asociados, participó algunos me ses en el proyecto en la realización de estudios tributarios para la compañía, dijo Bolaños.
Ayer, el presidente Rodríguez confirmó que fue contactado por los personeros de OSI durante una gira a Limón (no especificó cuándo). "Cuando me hablaron del tema me pareció fantasioso y poco serio y por eso les pedí que me dieran estudios financieros y documentos de ese tipo. Como nunca me dieron nada, no le di seguimiento al tema".
Ratificó que el Ministerio de la Presidencia envió el caso al Ministerio Público para que se investigue. "Me parece que no hay funcionarios públicos involucrados, pues nunca se extendió ninguna carta o permiso", dijo.
El fiscal general, Carlos Arias, confirmó haber recibido la acusación del Departamento de Justicia. Indicó que el documento se encuentra en proceso de traducción para determinar si procede una investigación local.
Jaime Daremblum, embajador de Costa Rica en Washington D. C., confirmó ayer que visitó el Departamento de Justicia y el de Estado para solicitarles las pruebas que dan sustento a la acusación y obtener los nombres de los supuestos políticos sobornados.
El Departamento de Justicia adelantó que consultará al juez del caso para determinar si procede la entrega de pruebas.
Aunque el caso está en una etapa preliminar de juicio, la investigación de las fuerzas auxiliares de la justicia tiene más de un año. La acusación ya pasó la prueba de ser aceptada por un Gran Jurado y el próximo paso será fijar una fecha para la primera audiencia de las partes.
De acuerdo con una copia de la acusación en poder de La Nación , Barquero y los socios en Kansas City se cruzaron correspondencia que indica el pago de sobornos a políticos y la intención de entregar hasta $1,5 millones a miembros de los partidos mayoritarios
para lograr su objetivo.
Compra frustrada
Según el protocolo del abogado Bolaños, el 27 de enero de 1999 Barquero suscribió, a nombre de Explotación Minera de Limón S. A., una promesa de compra de un terreno de 84 hectáreas en Carrandi de Matina, Limón, para construir el complejo portuario.
La compañía pagó $30.000 al costarricense Francisco Calderón Vega. Él dijo que el negocio no se concretó en los seis meses pactados y conservó la señal de trato.
