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Liberia, Guanacaste. Un polvorín se levantó en este cantón desde que la empresa Inversiones Román Ocampo dijo tener los derechos sobre playa Cabuyal, al asegurar que es parte de una finca de su propiedad.
Los representantes de la compañía insisten en que así consta en una cédula real del tiempo de la colonia española.
“El título real al que hacemos referencia fue exhibido al juez en 1889, tal como lo exigía la ley de entonces para todas las propiedades que tenían título y sí poseemos documentos históricos que hacen referencia del mismo”, recalcó el exdiputado Luis Román.
Ante esta situación y dado que están en juego cuatro kilómetros de playa, la Asociación Confraternidad Guanacasteca, en coordinación con la Pastoral Social de Liberia, convocó a diferentes sectores de la sociedad civil a una reunión con el propósito de discutir el tema.
Los especialistas invitados a dicho encuentro dudan de la existencia del título real pues a la fecha nunca ha sido exhibido el documento mencionado.
Ricardo Harbottle, expositor especialista en derechos de propiedad, dijo: “La verdad es que la finca Santo Tomás fue inscrita en el registro público en 1886 como información posesoria (bajo el número G-3282) y no como cédula real”.
Agregó que para ese momento ya estaba vigente la Ley de aguas número 11 del año 1884, que señalaba en el artículo 20 el dominio público sobre la zona marítimo-terrestre o el espacio de las costas de la República que bañan los mares.
“Antes de que existiera el registro ya existían documentos fehacientes que hacían referencia al mismo”, insistió Román.
Sin apoyo. Por su parte, el acalde de Liberia, Ricardo Samper, dijo que él fue quien denunció esta situación, pero no contó con el apoyo del anterior concejo.
“Creo que las playas de Liberia deben pelearse y no debemos permitir que se pierdan cuatro kilómetros que son del pueblo”, recalcó el funcionario.
Entre tanto, Román aseguró que las gestiones que realizan ante el municipio local son de localización de los derechos de la franja costera y no de inscripción.
“Esa finca ya fue inscrita legalmente desde 1886 y por nuestra propia voluntad hemos querido respetar los 50 metros”, señaló.
