El País

Fiscalía abre investigación contra rector de la UCR luego de publicación de ‘La Nación’

Se le investiga por el presunto delito de incumplimiento de deberes

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La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción abrió una investigación de oficio contra el rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya Leandro, por el presunto delito de incumplimiento de deberes.

Según la oficina de prensa del Ministerio Público, la investigación fue abierta “luego de conocer la noticia publicada por La Nación titulada "Rector de la UCR se salvó de moción en su contra gracias a su propio voto”.

La pesquisa se abrió el 8 de abril y se encuentra bajo el expediente judicial 25-000124-1218-PE.

La Nación envió una consulta a Araya mediante la dirección de comunicación de la UCR para conocer su posición al respecto, pero al cierre de esta nota no se recibió respuesta.

Retratos y entrevista de Carlos Araya Leandro. Rector UCR / foto: John Durán
Carlos Araya Leandro es investigado por la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción luego de que, aparentemente, esquivara una moción al votar a favor de sí mismo en el Consejo de la UCR. (John Durán /John Durán)

El 1.° de abril, Carlos Araya Leandro, quien asumió la rectoría de la UCR a inicios de este año, participó e incluso votó en una sesión del Consejo Universitario (CU) en la que se discutió una moción, presentada por la integrante, Ilka Treminio, para que el propio Araya se inhibiera de emitir criterio en los asuntos relacionados con las obras a cargo de la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones (OEPI), luego de las denuncias sobre supuestas irregularidades en la construcción de edificios universitarios financiados con un préstamo del Banco Mundial.

Dichas obras se realizaron durante la gestión de Carlos Araya como vicerrector de Administración, desde el 2012, y como rector de transición en el 2020.

En esa moción también se le instaba a Araya a abstenerse de pronunciarse sobre un informe en específico, el OCU-167-2025. Documento que motivó al CU a presentar una denuncia ante la Fiscalía por problemas de diseño y vicios ocultos en varios edificios.

Carlos Araya Leandro, rector de la UCR (de corbata roja), votó contra la moción en la que lo exhortaban a inhibirse de todo lo relacionado con la OEPI.
Carlos Araya Leandro, rector de la UCR (de corbata roja), votó contra la moción en la que lo exhortaban a inhibirse de todo lo relacionado con la OEPI. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Además, desde febrero, el Ministerio Público había allanado las oficinas de la UCR y había ordenado la detención temporal de dos funcionarios por el caso del Ciclotrón, construcción que también figuraba entre las obras con presuntas irregularidades.

Al momento de votar la moción, seis integrantes del Consejo lo hicieron a favor de que el rector se inhibiera y seis votaron en contra, incluido el propio jerarca. Gracias a ello, la iniciativa no se aprobó.

Como la votación resultó en un empate, la directora del Consejo, Patricia Fumero, emitió su voto de calidad, lo cual agregó uno más a quienes estuvieron en contra de la moción.

El rector de la UCR argumentó que, el 31 de marzo, él ordenó intervenir la OEPI y que esta oficina dependa jerárquicamente de la Vicerrectoría de Administración. Agregó que la rectoría se abstendría de participar en el proceso, por lo que en su criterio, eso equivalía a una inhibitoria.

“Vuelvo a insistir: qué sentido tiene que votemos algo que ya lo dice la resolución de ayer. Más allá del titular en los medios de comunicación más tarde, ¿qué pretendemos?”, dijo Araya esa vez.

Además del expediente en la Fiscalía, el allanamiento y las detenciones, en marzo también trascendió, según publicó La Nación, que la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) estudiaba una denuncia presentada por un estudiante de la UCR por supuestas irregularidades con contrataciones y proyectos de construcción. En aquella época, Araya rechazó lo denunciado por el alumno.

Desde entonces, pese a consultas de este medio, se desconocen los avances de este trámite en la Procuraduría.

Ilka Treminio, representante del área de Ciencias Sociales en el Consejo Universitario, sostuvo que la decisión de plantear una moción de inhibición contra el rector la tomó luego de leer las dos circulares emitidas por la Rectoría.

En una el rector rechazó lo publicado por La Nación luego de que un alumno presentara una denuncia en la Procuraduría de la Ética y la otra anunció la intervención de la OEPI, dejándola bajo jerarquía de la Vicerrectoría de Administración, oficina que depende de la rectoría. La académica consideró que la separación de los temas del rector de la OEPI deberían hacerse en el Consejo Universitario.

“Con ese ánimo presento la moción pidiendo la inhibitoria. Se arma la discusión para persuadirme a retirarla, el argumento de fondo es que la moción es innecesaria porque el señor rector ya está expresando que se va a abstener, pero la circular lejos de señalar que hay alejamiento de conocimiento de la OEPI lo mantiene involucrado porque está designando a su subalterna. Hay interés específico en la planilla de inversión de fondos de esos dos años en infraestructura. Por lo tanto me sostengo e insisto que no la retiro”, comentó Treminio.

La integrante del Consejo señaló que nunca pensó que la directora del CU omitiría pedirle al rector que se retirara para que los demás integrantes pudieran votar. “Sino que se le permitió debatir mi argumento, argumentar para convencer a los miembros presentes y votar su propia inhibitoria”, agregó.

Treminlo manifestó que cuando la moción fue rechazada, quiso presentar una apelación por irregularidad.

“La señora directora me disuade diciendo que bajé el nivel de profundidad de la moción de inhibición a exhortación para que (el rector) se inhibiera, entonces no cabía posibilidad de que esto fuera incorrecto o ilegal”, detalló.

Treminio añadió que le genera un impacto muy fuerte que sea la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción la que tenga que decir “que el rector está fallando al deber y que debió inhibirse y que el cuerpo colegiado tendría, de alguna manera, que haberle solicitado que se retirara de la votación”.

“Esto lo que demuestra es que nosotros estamos trabajando muchas veces a espaldas de la legislación y la normativa nacional, que estamos haciendo interpretaciones que ponen en entredicho y cuestionando el cuidado ético en procesos de toma de decisión, en el que estamos desconociendo que hay conflicto de interés evidente y por lo tanto me parece que lo que hace la Fiscalía es un llamado de atención muy fuerte a la Universidad de Costa Rica”.

La Nación consultó a Patricia Fumero, directora del Consejo de la UCR, sobre si no consideró que era incorrecto que Araya participara en la votación, además, se le solicitó su criterio con respecto a la apertura de la investigación, no obstante, al cierre de este artículo no se obtuvo respuesta.

Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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