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La Fiscalía allanó ayer la Municipalidad de Oreamuno, un banco privado y dos constructoras para investigar un posible fraude en la construcción del megaproyecto de interés social Vista Hermosa, en Oreamuno de Cartago.
Oficiales de la unidad de Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), decomisaron documentos que permitirían determinar si hubo sobreprecio en la compra del terreno donde se levantaron 480 casas para familias pobres.
La investigación también pretende determinar si se sobrevaloraron las viviendas. El OIJ explicó ayer en un comunicado que el tamaño y acabado de las casas “no justificaban el monto cobrado por la empresa constructora”.
Por todo el proyecto, el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) desembolsó ¢3.089 millones. Las casas ya fueron construidas pero todavía no están habitadas.
Las empresas allanadas son la firma DEHC S. A., responsable de los planos constructivos de Vista Hermosa, y Construcciones Modulares S. A., encargada de las obras.
En la primera de las compañías trabaja Guillermo Carazo Ramírez, quien ejercía como directivo del Banhvi cuando se aprobaron los planos de construcción.
Carazo renunció al Banhvi el 6 de julio del 2005, luego de que la Contraloría de la República consideró incompatible su participación simultánea como directivo del Banco y miembro de una firma asesora en proyectos habitacionales.
Por su parte, Construcciones Modulares es presidida por José Ramón Prado Monterrey, hijo de uno de los empresarios que ha dominado el mercado de vivienda de interés social en el país en los últimos años: Carol Prado Hernández.
También se decomisaron expedientes en Banca Promérica, entidad financiera que administró el dinero del proyecto.
El allanamiento a la Municipalidad de Oreamuno se hizo en relación con los permisos de construcción que dio esta entidad.
Por otra parte, se busca determinar cómo y quién levantó la lista de beneficiarios de Vista Hermosa.
En esa nómina aparecían personas fallecidas o individuos que no califican para un bono gratuito de vivienda pues tienen ingresos superiores al máximo permitido.
La Nación intentó contactar a representantes de las constructoras, pero ninguno se refirió a los allanamientos. Colaboró el corresponsal Fernando Gutiérrez.
