Escuchar¿Cómo invierte la Caja Costarricense de Seguro Social todo el dinero que recibe de las cuotas de trabajadores, patronos y del Estado y que van dirigidas a pensiones y servicios de salud?
La Contraloría General de la República investigó esta interrogante y detectó falta de normativa y definición de políticas, inversiones sin contratos o en opciones que podrían atentar contra la máxima garantía y rentabilidad, y revaluaciones de títulos no efectuadas, entre otros.
Es por eso que a través de un reciente documento llamado Informe de un estudio efectuado en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) sobre inversiones de fondos de los seguros de salud y de pensiones, la Contraloría llamó la atención a la CCSS y al Ministerio de Hacienda sobre el rumbo de algunos recursos.
El estudio, solicitado por el diputado del Partido Movimiento Libertario, Otto Guevara, se realizó en el primer semestre de 1998.
Al viernes pasado, según Róger Aguilar, gerente de pensiones de la Caja, la entidad ya corrigió buena parte de las observaciones, mientras que el ministro de Hacienda, Leonel Baruch, cuestionó la recomendación a esta cartera.
Dinero en el Estado
La advertencia de la Contraloría a Hacienda se refiere a la forma cómo el Estado paga sus cuotas a la CCSS, especialmente al Régimen de Salud, Enfermedad y Maternidad, que es uno de los sistemas que administra la institución. El otro es el de Invalidez, Vejez y Muerte.
Los recursos de estos regímenes provienen de los aportes que hacen los trabajadores, los patronos y el Estado y su destino final son el pago de pensiones de todos los asegurados y el mantenimiento de los hospitales y clínicas del país (mayor detalle en cuadro: ¿Cómo funcionan los regímenes?).
De las cuotas que debe aportar el Estado a la CCSS, en 1997 había una deuda cercana a los ¢50 mil millones, que forma parte de la deuda interna. En ese año, el Ejecutivo canceló por medio de títulos valores y desde ese entonces, según Aguilar, "el Estado está pagando".
En su informe la Contraloría llama la atención a Hacienda y le pide que para pagos futuros, específicamente para el régimen de Salud, "evite cancelar con títulos valores, con el propósito de que dicho seguro cuente oportunamente con los recursos que le corresponden para la prestación de servicios de salud".
La respuesta de Baruch, es que los títulos del Gobierno se pueden negociar en el mercado por lo que el argumento no tiene sentido técnico.
La tesis del diputado Guevara es que los dineros del régimen de salud no deberían invertirse en títulos del Gobierno sino en los hospitales y clínicas del país.
Este fondo, según el diputado, cuenta al 31 de diciembre de 1998 con cerca de ¢73 mil millones, de los cuales hay unos ¢54 mil millones en bonos estatales. (Según la Contraloría al 31 de julio de 1998 eran ¢49 mil millones. El detalle en el cuadro: El dinero, ¿dónde está?).
El argumento de Aguilar es que una parte de los dineros se colocan en el mercado para poder atender gastos futuros.
Inversiones bancarias
Pero la lupa de la Contraloría no se quedó sólo en Hacienda. La entidad también llamó la atención sobre algunas inversiones bancarias.
El informe señala que en promedio, de enero a agosto de 1998, se mantuvieron a la vista ¢2.742 millones en el Banco Nacional y ¢14.969 millones en el Banco de Costa Rica de recursos provenientes de ambos regímenes.
Estas inversiones, según el informe, se realizaron "sin haber suscrito el contrato correspondiente con el ente financiero respectivo, en donde se definan, entre otras, la voluntad o el mandato expreso del inversionista, en este caso la Caja, para asegurarse que se está invirtiendo en instrumentos que cuentan con garantías del Estado".
El gerente de pensiones de la CCSS explicó que ya gestionaron los contratos con los bancos. "Estas inversiones están totalmente garantizadas", dijo.
La Contraloría también advirtió sobre ¢1.400 millones que se usaron para comprar "Certificados de Inversión Fiduciaria" del Banco Popular.
Mediante estas figuras lo que se hace es usar el dinero que entrega la Caja al Banco para formar un fideicomiso. Esos recursos se prestan, por ejemplo, a constructoras y las obras que estas empresas levantan pasan a ser propiedad del fideicomiso.
La Contraloría señaló que estos certificados están respaldados con los bienes del fideicomiso, pero no con el patrimonio del banco, lo cual se contrapone al artículo 39 de la Ley Constitutiva de la CCSS, el cual establece que sus reservas se invertirán en "las más eficientes condiciones de garantía y rentabilidad".
Mediante una carta, del 14 de enero pasado, que el Popular envió a la Caja, la entidad señaló que si existieran problemas con esta figura, el intermediario "tomaría las acciones correspondientes para hacerle frente a los compromisos asumidos ante la CCSS en los plazos pactados". La Contraloría prefirió no referirse a esta carta hasta conocer la respuesta que les enviará la Caja.
Sobre la calidad, en general, de las inversiones que hace la CCSS y si les saca el mejor provecho, la Contraloría no emitió criterio, pero sí llamó la atención sobre las políticas que definen el rumbo de estos recursos.
De acuerdo con el documento en el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte no existe desde 1994 una política de inversión, excepto lo definido el año pasado en materia hipotecaria y en el régimen de Salud no hay normativa específica.
Al respecto, el gerente señaló que la Caja tiene tres grandes áreas de inversión: el sector hipotecario de vivienda, los bancos estatales y títulos de gobierno.
En setiembre de 1998, dijo, la Junta Directiva definió la política en el sector hipotecario y en bancos estatales, por lo que considera que lo que faltaría es definir por escrito el área de títulos de gobierno. De todas formas, la Contraloría quiere las políticas por escrito y aprobadas por los directivos.
La entidad también llamó la atención para que la Caja incluya en su contabilidad el valor real de los títulos de gobierno llamados TUDES (Unidades de Desarrollo), lo cual, según Aguilar ya se hizo.
Sobre este informe la Caja deberá dar una respuesta a la Contraloría esta semana.
Mientras tanto, también se tramita en la Sala Constitucional una acción de inconstitucionalidad presentada el 11 de enero pasado por el diputado Guevara contra los directivos de la Caja porque, según su criterio, hay vicios constitucionales en la forma en que esta entidad utiliza los recursos.
